Genera PR regresó al Tribunal de Apelaciones para impugnar, en esta ocasión, una supuesta extralimitación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) al concluir que la empresa no había justificado un solo centavo de los más de $48 millones en bonificaciones reclamadas correspondientes al año fiscal 2023-2024.

En un recurso de revisión, el operador de la flota de generación alegó que el NEPR usurpó facultades que corresponden exclusivamente a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) en términos de autorizar el desembolso de incentivos por desempeño bajo distintas categorías. Según Genera PR, la única función relacionada con los incentivos que se delegó al NEPR, bajo el contrato de operación y mantenimiento de la flota, fue evaluar la metodología del plan de optimización de combustible con miras a la consecución de ahorros.

Gran parte de los incentivos que Genera PR reclamó para el 2023-2024 correspondieron a la llamada “Iniciativa 8”, que procuraba estrategias para el uso de “activos” de generación eléctrica –como equipos de regasificación de gas natural licuado– que redundaran en menores costos, pero que el NEPR determinó que no eran producto de acciones atribuibles a la empresa.

“Durante las negociaciones contractuales, Genera aceptó un pago anual fijo menor al que inicialmente propuso (y sustancialmente menor al que hubiese sido posible bajo un modelo de servicios tradicional) a cambio de mayor potencial de ganancias mediante un modelo de incentivos que promovía ahorros en diversas categorías de costos, siendo las más importantes aquí los ahorros en costos de combustible y ahorros en el presupuesto operacional. Esta decisión se basó en la expectativa de que los incentivos por ahorros de combustible y operacionales representarían una porción significativa de su compensación total (hasta $100 millones anuales) y serían administrados de manera justa y expedita como una alianza público-privada bajo los términos acordados”, planteó Genera PR, como parte del recurso de 45 páginas radicado el lunes al Apelativo.

Bajo la Iniciativa 8, Genera PR estipuló que debería recibir $32.48 millones, que se sumarían a otros $15.7 millones, por otras estrategias, que la AAPP ya había autorizado. En cambio, el NEPR sentenció, el pasado 23 de mayo, que ninguna de las dos partidas debía adjudicarse a favor de Genera PR, en parte, porque la compañía no había cumplido con remitirle un Informe de Incentivos y Penalidades como dispone el contrato.

“La intervención del Negociado resulta particularmente injustificada porque ocurrió en circunstancias donde no existía disputa alguna entre las partes contractuales competentes para emitir determinaciones referentes a los incentivos”, argumentó la empresa.

En síntesis, Genera PR expuso tres presuntos errores del NEPR asociados a los posibles incentivos: una dilación de 147 días, entre junio y noviembre de 2024, para rechazar varias de las iniciativas en el plan de optimización de combustible propuesto; la resolución del 23 de mayo en la que incurrió en una “extralimitación adicional de sus facultades”; y la ausencia de notificación adecuada al operador sobre su derecho de solicitar revisión judicial de sus determinaciones.

“El efecto combinado de estas actuaciones del Negociado convierte su autoridad limitada de revisión metodológica en un veto de facto sobre todo el mecanismo de incentivos establecido en el LGA OMA (contrato de operación y mantenimiento), frustrando el propósito del acuerdo público-privado de promover eficiencias operacionales y ahorros de combustible”, planteó.

Bajo su contrato, otorgado en enero de 2023, Genera PR devenga una compensación anual de $22.5 millones –ajustada por inflación– que se complementa con las bonificaciones ascendentes a $100 millones.

Más temprano este año, Genera PR acordó con la AAPP y la Autoridad de Energía Eléctrica enmendar el acuerdo para eliminar, precisamente, el esquema de incentivos, a cambio de un adelanto de $110 millones pagado a lo largo de 11 meses. Ese adelanto hubiera incluido los $15.7 millones en bonificaciones acogidas por la AAPP.

El NEPR, sin embargo, rechazó validar la enmienda bajo la premisa de que carecía de garantías de cumplimiento que contemplaran el precario estado financiero de New Fortress Energy, empresa matriz de Genera PR, lo que provocó que el operador privado recurriera al Apelativo el 2 de junio para argumentar que el regulador no tenía la facultad de imponer ese tipo de exigencias. No obstante, el martes –es decir, un día después de someter el más reciente recurso de revisión–, Genera PR notificó al foro intermedio que desistía del primer pleito, señalando que el NEPR, en su solicitud de desestimación, había presentado información a la que no había tenido acceso previamente.