Barranquitas - Los agricultores, productores y cooperativas agrícolas del país, entre otras entidades, podrán acceder a un subsidio mínimo de $100,000 y máximo de $3 millones, luego de que el gobierno anunciara este miércoles la disponibilidad de ayuda a través del Programa de Infraestructura para Sistemas Alimentarios Resilientes.

En una visita a este municipio, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, junto al gobernador Pedro Pierluisi, anunciaron que el beneficio tiene el fin de impulsar las empresas agrícolas de la isla.

Los fondos fueron producto de un proceso competitivo con estados y territorios, informó el gobernador, en conferencia de prensa, en la Finca Dasaly, cuyos propietarios se pudieran beneficiar de la ayuda.

“El Departamento de Agricultura estará llevando a cabo un proceso competitivo de solicitud de propuestas bajo este programa para el que serán elegibles agricultores, cooperativas agrícolas, productores agrícolas o grupos de productores, organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro que operan actividades en la cadena de suministro alimentaria, así como escuelas, universidades u hospitales que ayudan a productores agrícolas a establecer infraestructura o a invertir en equipos que beneficien en el procesamiento, agregación y distribución de productos agrícolas”, sostuvo Pierluisi.

El período de solicitud será a partir del próximo 15 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Los beneficiarios podrán recibir un mínimo de $100,000 y hasta un tope de $3 millones, informó González. El total de fondos disponibles del programa es de $4 millones.

“Fortalecer nuestra agricultura nos permite garantizar una mejor producción local y mermar las importaciones. Para eso, el respaldo a nuestros agricultores es vital. Este subsidio busca proporcionar un impulso significativo para continuar con el crecimiento y la estabilidad de nuestro sector”, dijo el secretario.

Pierluisi agregó que es necesario que los recipientes de la ayuda aporten un pareo de 50% o, al menos, 25% del dinero recibido en caso de que sean entidades “que cualifiquen como desventajadas socialmente”.