Los apagones generales del 31 de diciembre de 2024, y el pasado Miércoles Santo, sirvieron como los recordatorios más recientes de la magnitud del deterioro del sistema eléctrico de Puerto Rico y la incapacidad de la red para responder adecuadamente a las averías que regularmente se registran.

Si bien se trata de eventos que tuvieron su origen en fallas en la red de transmisión, en ambos casos se desataron efectos en cadena que sacaron de servicio las instalaciones de generación y, en consecuencia, redundaron en un colapso total del sistema eléctrico.

En este episodio de Página Abierta, conversamos con el ingeniero Daniel Hernández Morales, hasta hace unos días vicepresidente de Operaciones de Genera PR, sobre los factores que precarizan la confiabilidad del servicio eléctrico, entre los que enumera las condiciones de los sistemas de autoprotección en la red, los niveles de penetración de fuentes de energía renovable y la obsolescencia de las tecnologías de generación convencional existentes.

Para Hernández Morales, en varios aspectos, Puerto Rico puede verse en el espejo de España, donde el 28 de abril fallas originadas en la red de transmisión igualmente causaron un apagón cuyos efectos se extendieron a países con sistemas interconectados, como Portugal y Francia.

El volumen de energía solar que, en ese momento, sostenía gran parte del servicio, no fue respaldado por sistemas de almacenamiento de energía capaces de responder a las fluctuaciones en la generación, un escenario que se replica en Puerto Rico, planteó el ingeniero eléctrico.

“En los términos de generación hay un principio básico y es que no puedes generar más de lo que tú estás consumiendo, y eso aplica a cualquier parte del mundo”, explicó Hernández Morales.

De cara al futuro, y en medio de una reconstrucción fundamentada principalmente en el financiamiento federal, Hernández Morales urgió a analizar detenidamente las mejoras necesarias en los distintos componentes del sistema eléctrico –generación, transmisión y distribución– con miras a garantizar que los recursos se inviertan en tecnologías que se adapten a los mandatos de política pública, incluyendo una transición ordenada a las energías renovables.

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