La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este martes que nominó al licenciado Francisco A. Quiñones Rivera, quien se desempeña actualmente como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), al cargo de juez superior.

En un comunicado de prensa, la mandataria indicó que “distingue su paso por la Rama Ejecutiva con esta nominación de regreso a la judicatura”.

En el pasado, Quiñones Rivera fungió como fiscal auxiliar II por diez años y durante 12 años trabajó como juez superior. Además, ha laborado para el sector público y privado, donde ha ocupado los puestos de Superintendente Auxiliar de Integridad Pública y Director de la Oficina de Asuntos Legales de la Policía.

Asimismo, se desempeñó como comisionado de la Policía Municipal de Ponce; asesor legal en el Departamento de Seguridad Pública e instructor en la Academia de la Policía en materias como Corrupción, Derechos Humanos, Derechos Civiles, Uso de Fuerza, Violencia Doméstica, Delitos Sexuales, entre otros.

De igual forma, González Colón nominó para un nuevo término como presidente del Negociado de Energía a Edison Avilés Deliz y para un nuevo término como comisionada a Sylvia B. Ugarte Araujo. Además, nominó a la jueza municipal Marieli Paradizo Peréz como jueza superior.

Finalmente, la mandataria firmó tres nuevas medidas legislativas que abarcan temas de reconocimiento social, violencia doméstica y derecho civil.

En primer lugar, la mandataria estampó su firma en el Proyecto del Senado 484, que pasó a ser la Ley 119-2026, de la autoría del senador Jeison Rosa Ramos y de la coautoría los senadores Jamie Barlucea, Brenda Pérez Soto, Karen M. Román y Héctor G. González López.

La medida designa el 9 de marzo de cada año como el “Día de la Mujer Líder en la Industria Agrícola” en Puerto Rico, en reconocimiento a la contribución de las mujeres en la agricultura, la agroindustria y la seguridad alimentaria de la Isla.

Asimismo, González Colón firmó la Ley 120-2026, que nació del Proyecto del Senado 914 y/o el Proyecto de Administración 89, que presentó la mandataria para “fortalecer la capacidad protectora” de la Ley 54-1989 para la Prevención de la Violencia Doméstica.

“Esta medida de administración fue el resultado de preocupaciones, hallazgos y recomendaciones de un grupo de trabajo multisectorial que identificó la necesidad de enmiendas integrales a la Ley 54″, indica el parte de prensa de La Fortaleza.

De acuerdo al Ejecutivo, el proyecto amplía definiciones existentes, incorpora nuevas modalidades de conducta abusiva y fortalece los mecanismos de protección disponibles para las víctimas, permitiendo una respuesta más efectiva a formas de violencia.

La medida amplía el concepto de violencia doméstica al reconocer nuevas modalidades como el control coercitivo, la vigilancia, el uso indebido de la tecnología, la violencia económica y el abuso psicológico.

También fortalece la protección de poblaciones vulnerables, como personas adultas mayores y personas con impedimentos, y refuerza las herramientas de prevención e intervención temprana al incluir conductas como amenazas y chantaje, con el objetivo de facilitar una respuesta más efectiva antes de que ocurran situaciones de mayor gravedad.

Finalmente, la mandararia firmó la Ley 122-2026, que surgió del Proyecto del Senado 1016, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y de la coautoría Wilmer Reyes Berríos, Brenda Pérez Soo, Héctor J. Sánchez, Luis D. Colón y Rafael Santos Ortiz.

La medida enmienda el Artículo 1343 de la Ley 55-2020, conocida como “Código Civil”, para disponer que el requisito de “constar por escrito” aplicará solo a los contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles cuyo término exceda de seis años. Actualmente el Código Civil dice “no mayor de seis años”.

Según el comunicado de prensa, la enmienda armoniza la norma con la Ley Hipotecaria que establece que solo los contratos de arrendamientos de más de 6 años pueden ser inscritos en el Registro de la Propiedad. También armoniza con el Artículo 1342 del Código Civil que establece que el contrato de arrendamiento no requiere, para su validez, formalidad especial alguna, salvo cuando el objeto es un bien inmueble y se pretende inscribir en el Registro de la Propiedad para que tenga eficacia ante tercero.