Acompañada de su hija de 8 años y su esposo, Inocencia Rodríguez, la mujer dominicana que fue liberada el viernes por orden de una jueza federal tras haber sido detenida en Guaynabo, logró este martes obtener una fianza de $5,000 para continuar con su proceso migratorio en Puerto Rico, junto a su familia.

El juez de inmigración Elvin Talavera Pedraza dio paso a la fianza, que debía pagarse hoy mismo en la Oficina de Ejecución y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en el segundo piso del San Patricio Office Center.

“Estoy agradecida con Dios, con el equipo de la abogada que no me han desamparado, a mi familia, y por todas las oraciones que han hecho. Sale a la luz que se puede seguir confiando en la justicia, y estoy muy agradecida con el pueblo dominicano y boricua, con todos”, dijo Rodríguez, de 32 años, al salir de la cita con el personal de ICE, en Guaynabo.

La inmigrante fue arrestada la mañana del 10 de julio mientras llevaba a una amiga a una casa a hacer labores de limpieza, en una urbanización en Guaynabo. Estuvo recluida hasta el pasado viernes, cuando fue dejada en libertad por orden de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, quien también ordenó que se celebrase una vista de fianza.

“Gracias a Dios y a la justicia, Inocencia está libre. El juez le ha otorgado una fianza de $5,000, que van a pagar hoy (martes) para que pueda continuar su trámite, y el próximo proceso es el de remoción. Es la nueva etapa que va a enfrentar ante esta corte de inmigración”, explicó, mientras, su abogada, María “Charito” García Miranda, quien la defendió con el apoyo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Rodríguez es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo, Pablo Mota, quien es dominicano con residencia legal permanente con más de 30 años en Puerto Rico.

Vestida de blanco –al igual su esposo y su niña, con un traje rosa–, Rodríguez llegó desde temprano a la corte para escuchar la determinación del juez que ya, la semana pasada, había negado atender el caso por estar “fuera de su jurisdicción”.

Desde la sala, la fiscal Angie Maldonado, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), inició una línea de preguntas para detener la otorgación de la fianza relacionadas con la fecha exacta en que Rodríguez entró a Puerto Rico y si tenía permiso para trabajar por parte del gobierno federal.

A pesar de que el DHS no quiso verificar el miércoles pasado, en una primera vista frente a Talavera Pedraza, los formularios aprobados de la inmigrante, este martes la fiscal demostró tener conocimiento de su trámite migratorio.

“¿Ha tramitado solicitudes? ¿La información es veraz?”, cuestionó la fiscal. “Eso es correcto”, respondió Rodríguez, luego de que la intérprete le tradujera las preguntas.

“Tengo un seguro provisional (del Departamento) de Hacienda. Tengo entendido que sirve para trabajar. Se me dio en 2019”, agregó la inmigrante, a preguntas sobre si estaba autorizada.

Por su parte, la abogada García Miranda argumentó al juez que “no entendía la línea de preguntas” porque no estaban relacionadas con si su clienta era “un riesgo para la comunidad”. Talavera Pedraza procedió a hacer preguntas sobre su residencia en Barrio Obrero y, luego, leyó su determinación de aprobar la fianza.

“(El pago) es sacrificado, pero hay que hacerlo”, dijo Rodríguez sobre los $5,000.

“La fianza es una carga adicional. Para nosotros, ella debió ser puesta en libertad. No debió ser detenida en ningún momento. Como su abogada ha demostrado en este proceso de inmigración, ella tenía unas solicitudes aprobadas y no tenía ningún sentido. Es una crueldad más del sistema de inmigración en Puerto Rico”, denunció, en tanto y fuera de la corte, la directora ejecutiva de la ACLU Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.