Pese a que una jueza federal frenó su traslado a Estados Unidos, Inocencia Rodríguez, una dominicana con un trámite migratorio en curso y detenida el viernes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), permanece en el centro temporero, en Guaynabo, al no lograr este miércoles una fianza que la regresaría con su esposo e hija de 8 años.

“La niña está muy triste con la situación, porque nunca se había despegado de mamá. Le estamos brindando mucho apoyo a su familia, porque es muy triste la situación. Una niña necesita a su madre”, dijo a El Nuevo Día una allegada de Rodríguez, quien prefirió hablar bajo anonimato, al salir de la Corte de Inmigración, también en Guaynabo.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) intentó hoy que liberaran a la inmigrante tras la determinación de la jueza federal María Antongiorgi Jordán, quien detuvo su traslado y advirtió sobre las posibilidad de la ilegalidad de la detención.

Rodríguez fue detenida la mañana del viernes mientras llevaba a una amiga a su trabajo, durante un operativo con varios vehículos con, al menos, ocho agentes, en un punto de control de acceso, en Guaynabo.

“Ella nunca ha cometido ningún delito. Cuando llegó allí (centro de procesamiento), le dijeron que su caso no aparecía. Es un abuso. Cuando fui a una visita (al centro de detención) el sábado y el domingo, te dicen una hora y estuve horas esperando. El sábado, llegué a las 8:00 a.m. y pude entrar a las 3:00 p.m. El domingo lleve a la nena”, dijo el esposo, quien tampoco quiso ser identificado.

Rodríguez es beneficiaria de una Petición de Familiar Extranjero, conocida como formulario I-130, aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) y presentada por su esposo y residente legal permanente. También, obtuvo, el 24 de abril de 2025, la aprobación de su formulario I-601A (perdón migratorio provisional), como parte del proceso requerido para regularizar su estatus migratorio mediante trámite consular.

Al momento de la intervención, la mujer conducía un vehículo a su nombre ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas –agencia que dio, desde enero de 2025, acceso a miles de licencias provisionales de inmigrantes sin estatus migratorio definido– y ninguna autoridad local había ordenado una detención por violaciones de tránsito.

“Este ha sido el método de intervención ilegal y violenta utilizado por agentes del ICE relacionado con la muerte de al menos tres en Texas, Maine y Florida”, denunció la ACLU.

Aunque ICE había decidido suspender las detenciones de tráfico, tras los recientes tiroteos mortales, el presidente Donald Trump declaró que la agencia debería continuar con la práctica.

Tras la orden emitida más temprano por Antongiorgi Jordán, los abogados María “Charito” García Miranda, Fermín Arraiza Navas y Rafael Rodríguez acudieron, junto a los familiares de Rodríguez, a una vista de redeterminación de custodia en Guaynabo, para revisar “si la persona detenida puede ser liberada bajo fianza y bajo qué condiciones”.

No obstante, el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza determinó que no tenía jurisdicción y que la orden del Tribunal Federal no ordenaba expresamente que se celebrara una vista.

“Tanto el juez de inmigración como el asesor jurídico adjunto del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) se negaron (en corte) a verificar en actas si la peticionaria efectivamente cuenta con una petición I-130 e I-601A aprobada. Esta información forma parte del expediente de la agencia y el gobierno podría haberla verificado fácilmente durante la audiencia. El juez de inmigración se negó a ordenar al asesor jurídico adjunto del DHS que ratificara”, establece otra moción de la jueza Antongiorgi Jordán.

Los abogados de Rodríguez solicitaron al Tribunal Federal que, “considerando que su detención es ilegal, ordene su liberación inmediata, luego de que la peticionaria presentara ante el abogado del gobierno federal y la Corte de Inmigración la evidencia de su petición aprobada I-130 e I-601A”.

Después de ver a Rodríguez desde una videollamada y con el uniforme de detenida, su niña, esposo y una prima del hombre salieron evidentemente afectados y con ojos llorosos porque no obtuvieron la fianza, que pagarían con dinero que acumularon de emergencia.

“Fue fuerte porque ellos dicen que el proceso no aparece, pero eso está ahí (documentado). Ella tiene un perdón (migratorio) aprobado. Tiene una hija que va a cumplir 9 años en octubre. Ha sido una mujer que contribuye al país. Nosotros llenamos hasta la planilla juntos”, enfatizó el esposo.

Denunció que los agentes no están “respetando” los procesos migratorios, y lamentó que las citas de USCIS están atrasadas por meses contribuyendo a la incertidumbre de las familias.