La Junta de Planificación (JP) activó el proceso para iniciar la primera revisión a fondo del Plan de Uso de Terrenos (PUT), el documento aprobado hace 10 años que determina los usos posibles de los terrenos a lo largo y ancho de Puerto Rico y que, de igual forma, debe promover paralelamente la actividad económica y la conservación de los recursos naturales.

En una mesa redonda con medios de comunicación, el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, se abstuvo este miércoles de describir objetivos específicos de cara a la revisión de PUT, al señalar que esos elementos se definirán en las reuniones con agencias, municipios, expertos externos y ciudadanos que darán forma al borrador, pero adelantó que, a modo general, se tratará de un documento que procurará la repoblación del país y la revitalización de los centros urbanos.

“Lo que se propone es crear comunidades. Seguir haciendo más amplias las zonas urbanas, lo que estamos creando es ese desparrame urbano y seguimos haciendo lo mismo… No estoy hablando de etnias, estoy hablando de que el puertorriqueño que está en Estados Unidos, que se fue, debe volver. Que la gente, y los jóvenes mayormente, tengan un lugar en donde se sientan que pueden vivir bien. Creo que existen, en todas las zonas metropolitanas, esos espacios y no tenemos que empezar a hacer urbanizaciones en todos lados”, expresó Morales Martínez, acompañado de dos de los tres miembros asociados, Rebecca Rivera Torres y Luis Lamboy Torres.

El martes, el pleno del organismo aprobó la orden que da paso a la revisión del PUT, y el próximo 4 de noviembre se llevará a cabo la primera reunión del Comité Interagencial que se creó mediante la Ley 550-2004, organismo que componen los jefes de más de una decena de agencias, como los departamentos de Recursos Naturales y Ambientales, Agricultura y Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además, cuenta con representantes de la Federación y la Asociación de Alcaldes.

Morales Martínez precisó que la JP delineó un plan de tres etapas: en la primera, se recopila la información provista por agencias y municipios y se prepara un borrador preliminar de los ajustes; en la segunda, se obtienen comentarios de otros sectores a base del documento elaborado; y, en la tercera, se publica el borrador final que va a un proceso de consulta pública –que incluirá vistas regionales–, se toman en cuenta las recomendaciones y se adopta el nuevo PUT.

Anticipó que cada etapa durará, al menos, 90 días, pero sostuvo que, probablemente, el trámite completo se extenderá más de un año. El PUT aprobado en 2015 –el primero en la historia del país– fue objeto de 111 reuniones que conglomeraron a más de 3,000 personas y, tras divulgarse el borrador, se celebraron vistas públicas en cinco municipios, en las que participaron 505 personas, al tiempo que se recibieron 490 comentarios por escrito.

En esta ocasión, Morales Martínez anticipó que se realizarán, al menos, de seis a ocho vistas públicas presenciales a nivel regional.

“Tengo recursos, con los que tengo (en la JP) y con los que voy a pedir a esas agencias que están obligadas a estar con nosotros. Eso no significa que son las únicas”, dijo Morales Martínez, quien antes fue director legal del organismo.

La próxima versión del PUT, adelantó, deberá contar con “métricas” que permitan, por un lado, definir objetivos –que pueden incluir aspectos de repoblación o crecimiento económico– y, por otro, mecanismos de aquilatar el cumplimiento continuamente, algo de lo que, a su juicio, carece el documento vigente.

Desde la aprobación del PUT actual –bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla–, Puerto Rico experimentó múltiples desastres naturales mayores, como los huracanes María y Fiona, en 2017 y 2022, respectivamente, los terremotos de 2020, la pandemia de COVID-19 y la continuidad de la debacle económica y fiscal que propició la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal en 2016.

A lo largo de esos eventos, la pérdida y el envejecimiento poblacional, impulsados por la migración y descendentes tasas de natalidad, fueron la constante.

“Estas políticas públicas se pueden afectar de mil maneras. El paso del tiempo puede cambiar las circunstancias, la realidad social, política, geográfica de la isla en cualquier momento”, dijo.

Morales Martínez evitó entrar en debates que se han avivado recientemente en torno a temas como la disponibilidad de terrenos para desarrollar viviendas o la posibilidad de construir en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), al puntualizar que se trata de políticas que, en algunos casos, pudieran depender del insumo de agencias y ciudadanos a lo largo de la revisión del PUT. En otros, como es el caso del CEN, cuentan con planes propios de desarrollo y conservación que solo pueden ser modificados mediante ley, y no a través del PUT.

En total, indicó, el país cuenta con 222 “instrumentos de planificación” que funcionan independientemente del PUT. Lo propio ocurriría con los terrenos reservados para desarrollo agrícola, toda vez que la ley dispone que debe haber, al menos, 600,000 cuerdas para ese propósito y el PUT vigente ya separó 637,000.

La revisión del PUT, en cambio, sí incidirá sobre el Reglamento Conjunto de Permisos, el documento que operacionaliza los trámites de construcción y uso. El Reglamento Conjunto vigente es un documento aprobado en carácter de emergencia, debido a las continuas pugnas judiciales que han impedido dar paso a una versión permanente.

“Son enmiendas, y la ley provee para cambios (al Reglamento Conjunto). La planificación es un proceso dinámico”, subrayó.