Aracelys Terrero Mota, sobreviviente de violencia de género y comerciante dominicana que fue detenida luego de que buscara orientación en el Municipio de Cabo Rojo, podrá regresar a Puerto Rico tras ser liberada bajo fianza, confirmó este miércoles la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La ACLU indicó que, aunque Terrero Mota podrá volver a la isla, no se trata del final de su proceso tras “la detención ilegal”. “Este caso ejemplifica el de otras personas inmigrantes detenidas de forma arbitraria y discriminatoria”, denunció la ACLU mediante comunicación escrita.

Terrero Mota acudió a las oficinas municipales de Cabo Rojo, el 5 de junio, para registrar un pequeño negocio, para lo cual presentó su pasaporte, visa y permisos migratorios al día. Pero, un policía municipal –que el alcalde Jorge Wiscovitch defendió– alertó a oficiales federales de inmigración sobre su presencia y fue detenida al salir.

“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido y, tanto las autoridades municipales como estatales y federales, deben rendir cuentas al respecto. Desde la ACLU de Puerto Rico, celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria y exigiremos respuestas”, subrayó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva del capítulo local de la entidad.

La abogada también alertó que la libertad bajo fianza no pone fin al proceso administrativo, que impone sobre la ciudadana dominicana una carga emocional, física y económica, atada a una “detención arbitraria”. La vista de fianza ocurrió el martes, 24 de junio, precisó la organización.

Terrero Mota reside en Puerto Rico con permiso de trabajo aprobado y cobijada como sobreviviente de violencia de género por la Ley VAWA (ley federal de Violencia contra la Mujer). Fue intervenida por un agente municipal y detenida por agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), a pesar de presentar una visa y permisos migratorios al día.

A principios de junio, el portavoz de CBP, Jeffrey Quiñones, indicó, en declaraciones escritas, que “en el fichaje no apareció ninguna constancia de que tenía los documentos para estar legalmente en el país y que su custodia había sido transferida al ‘Enforcement and Removal Operations’ (adscrito al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas; ICE)”.

El integrante de la Policía Municipal que hizo la denuncia no tenía orden judicial ni autoridad legal para referirla a los agentes migratorios, denunció la ACLU. Además, Martínez Orabona señaló que la detención violentó “los principios más elementales de humanidad”.

Tras ser detenida, Martínez Orabona alertó que Terrero Mota “desapareció” del sistema electrónico, fue trasladada “ilegalmente” a Estados Unidos sin respetar el debido proceso de ley y estuvo en centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México.

Del 1 de enero al 25 de junio, ICE ha arrestado a 716 personas de 41 nacionalidades, en su vasta mayoría dominicanos (528). El 87% de los arrestos han sido administrativos por violaciones a leyes migratorias.

“Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no pueden ser adoptadas por un pueblo como nosotros, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros”, sostuvo el abogado de Terrero Mota, Ángel Robles, y con quien la ACLU ha colaborado en el proceso.

Desde el lunes, 9 de junio, la ACLU envió una carta a la gobernadora Jenniffer González exigiendo que se detalle, de forma transparente, la información que el gobierno estatal compartió con autoridades federales sobre inmigrantes. Asimismo, solicitó la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial de víctimas de violencia de género y la suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial, entre otros asuntos. La Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) ni orden judicial.

Hasta el momento, el ICE ha hecho público que tuvo acceso a la lista de inmigrantes sin estatus migratorio con licencia de conducir provisional y que solicitó información de dos menores –entre los 18 a 21 años– indocumentados que están bajo custodia del Departamento de la Familia. La agencia rechazó entregar los datos hasta que medie una orden judicial.