LUMA Energy advirtió este sábado que una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico a favor de la demanda incoada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que busca la eliminación de la cláusula que limita la responsabilidad del consorcio por daños a enseres eléctricos, podría provocar un aumento en la factura del servicio de energía eléctrica.

El Supremo acogió, el 22 de agosto, una solicitud de certificación intrajurisdiccional y asumió la jurisdicción de la demanda que DACO, originalmente, radicó contra la empresa a cargo de la red de transmisión y distribución de energía el 22 de julio ante el Tribunal de San Juan.

La agencia estatal busca que se elimine la exención que cobija a LUMA Energy para no responder por enseres eléctricos que sufran daños a consecuencia de apagones y/u otras fallas relacionadas con la red eléctrica de la isla.

El consorcio sostuvo, en declaraciones escritas, que “intentos de revertir los límites de responsabilidad resultarán en un aumento en las tarifas de la luz”.

“Ya sea por una mayor exposición a reclamaciones o porque el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) establezca un fondo para pagar por enseres, estas medidas inevitablemente implicarán mayores costos para los clientes”, enfatizó LUMA en el escrito.

La empresa añadió que tribunales en los Estados Unidos han respaldado la inclusión de límites de responsabilidad para las compañías eléctricas bajo el fundamento de que agencias reguladoras, como el NEPR, tienen la autoridad para extender dichos límites.

Por su parte, la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, subrayó, mediante comunicado de prensa, que las expresiones del consorcio son una estrategia “sembrar miedo en la ciudadanía”.

“El comunicado emitido por LUMA no solo intenta desviar la atención del verdadero problema que enfrentamos, sino que recurre a una estrategia ya conocida: sembrar miedo en la ciudadanía para justificar un privilegio legal que nunca debió existir. Esta amenaza velada de que los consumidores pagarán más si LUMA responde por sus propios actos es, además de injusta, jurídicamente insostenible”, aseguró la titular del DACO.

Rodríguez Erazo recordó que, según el Código Civil de Puerto Rico, los daños causados por negligencia son responsabilidad de quien los causa.

“Pretender que esos daños se transfieran automáticamente a la ciudadanía a través de un aumento en la tarifa eléctrica es un intento de socializar las pérdidas de una empresa privada, mientras se privatiza su poder. Esa lógica no solo es inmoral (si no que) viola la Constitución y el principio fundamental de separación de poderes, al intentar convertir una autorización administrativa en una especie de impunidad legal frente a los tribunales”, añadió.

Rodríguez Erazo, además, denunció que el derecho a reclamar luego de sufrir un daño no puede depender de los intereses económicos de un contratista privado.

“Esa garantía está anclada en nuestro ordenamiento jurídico y en la dignidad de cada ciudadano. LUMA quiere hacerle creer al país que, si se le exige rendir cuentas, el sistema colapsará. Pero la realidad es otra. Es, precisamente, la ausencia de consecuencias lo que ha perpetuado el deterioro. No se trata de revivir el pasado, como ellos sugieren; se trata de no repetirlo, asegurándonos de que ninguna empresa —sea pública o privada— opere sin responsabilidad frente al pueblo”, indicó la funcionaria.

Rodríguez Erazo aseguró “no cederá ante presiones ni campañas de miedo”.

Tras acoger la demanda del DACO, el Supremo otorgó 15 días a las partes para presentar sus alegatos.

“Se concede a la parte peticionaria 15 días improrrogables a partir de la notificación de la presente resolución para presentar su alegato, y a las partes recurridas 15 días improrrogables para presentar sus alegatos a partir de la presentación del alegato de la parte peticionaria”, resaltó el máximo foro judicial.

Tras la determinación del Supremo, Rodríguez Erazo sostuvo que no permitirá que “se normalice la idea de que los puertorriqueños tengan que cargar con pérdidas y sufrimientos sin remedio alguno”.

Hasta el momento, LUMA tiene una inmunidad que le otorgó en 2021 el NEPR.

Lo que se disputa en el tribunal es la sección 401(g) del contrato de operación con LUMA, así como la resolución del 31 de mayo de 2021 para no responder a los consumidores por los daños causados.

De acuerdo con la secretaria del DACO, ninguna otra entidad privada en Estados Unidos goza de la inmunidad que se otorgó a LUMA para que no esté obligado en responder por los daños causados por las variaciones de energía eléctrica.

En una reciente vista pública, se informó que LUMA ha recibido aproximadamente 1,800 querellas de parte de los consumidores por daños en sus hogares, supuestamente causados por los apagones y fluctuaciones de voltaje.