Decenas de personas marcharon hoy en Río Piedras para exigir acceso a servicios de salud reproductiva en medio de la controversia generada por expresiones de la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien cuestionó el cumplimiento de las clínicas de aborto con disposiciones del Código Penal.

La legisladora independiente solicitó, el martes, al Departamento de Justicia iniciar una investigación contra las clínicas de aborto en Puerto Rico y contra los médicos que laboran en estas.

Según Rodríguez Veve, las operaciones de las clínicas, presuntamente, violentan el Artículo 98 del Código Penal, el cual autoriza el aborto solo cuando es necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada y requiere una indicación terapéutica previa emitida por un médico licenciado en Puerto Rico.

“Nos están quitando autonomía y no tenemos la libertad para decidir porque ya están criminalizando a los médicos, a los profesionales de la salud, para que la legislatura sea quien determine cuál es el tratamiento médico”, reaccionó la licenciada Rosa Seguí Cordero, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, ante los reclamos de Rodríguez Veve.

La Marcha por la Justicia Reproductiva partió a las 5:30 p.m. desde la avenida Muñoz Rivera, entre la clínica Darlington y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, y se dirigió hacia la plaza frente a la iglesia Santa Rita, donde personas de todas las edades, con pancartas en mano, exigieron garantías a sus derechos de autonomía y el desarrollo de legislación que promueva su bienestar y seguridad.

“Mientras unas personas insisten en poner la conversación en la criminalización, nosotras insistimos en que estamos esperando los proyectos de ley que promuevan la vida digna de las mujeres y de las personas gestantes”, reclamó Yarimar Rosa Rodríguez, co-directora de Siempre Vivas Metro.

Las personas exigieron el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva, la protección del derecho a decidir y el cese de iniciativas –según denunciaron– que buscan restringir estos servicios mediante interpretaciones legales más estrictas.

Además, reclamaron políticas públicas para atender problemáticas estructurales como la falta de educación sexual integral, el acceso limitado a servicios médicos especializados y las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a comunidades empobrecidas, jóvenes y racializadas, exigiendo estas demandas dentro de un enfoque de justicia social y derechos humanos.

“Ignoran deliberadamente las discusiones que realmente necesitamos tener en este país: la falta de acceso a vivienda digna, el deterioro del sistema de salud, el cierre de salas de parto, la alarmante reducción de ginecólogos obstetras —especialmente para atender embarazos de alto riesgo—, la ausencia de educación sexual integral y las condiciones que afectan a las personas que viven con enfermedades crónicas y a la juventud, así como la violencia persistente que enfrentan las mujeres”, expresó Zoán Dávila Roldán, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, organización que, junto a otras 30, convocó la marcha.