Más de 30 organizaciones de salud y derechos humanos denunciaron este lunes que legislaciones aprobadas en tiempos recientes sobre salud reproductiva agravan la limitada disponibilidad de servicios médicos en Puerto Rico, al generar incertidumbre entre profesionales y dificultar el acceso de pacientes.

Ante la crisis del sistema de salud obstétrica, marcada por el cierre de, al menos, 12 salas de parto en los últimos años, la falta de personal especializado y los altos costos operativos, las organizaciones sostienen que las nuevas leyes profundizan las debilidades del sistema.

Durante los últimos cuatro años, se han aprobado varias medidas, como la Ley 18-2026, firmada en enero, que propone clasificar al concebido como “ser humano” y tipificar su muerte intencional como un asesinato, y la Ley 122-2025, que exige consentimiento parental y el referido al Departamento de la Familia en casos de terminación de embarazo en menores de 15 años.

“Estas leyes crean confusión y son intencionalmente amplias, causando confusión sobre cómo las personas pueden o no ejercer dicha autonomía”, reclamó Pili Montilla, en representación del Instituto Nacional Latinoamericano por la Justicia Reproductiva, durante una conferencia de prensa convocada por la Colectiva Feminista en Construcción en su sede, Casa Cole, en Río Piedras.

Las organizaciones argumentaron, además, que ante la confusión legal sobre qué tratamientos se pueden ofrecer y el temor de la clase médica respecto a las consecuencias legales, se podría anticipar la práctica de lo que llamaron la medicina defensiva, la negación o retraso de servicios y menos proveedores dispuestos a atender a los pacientes.

“Las salas de parto continúan cerrándose. Eso quiere decir que las personas que viven en lugares particulares de la isla tienen que transportarse por más tiempo, y el tiempo de espera también aumenta. Hay menos ginecólogos obstetras atendiendo a esa población que otras”, expresó Tania de Jesús, directora de la organización Caderamen.

No obstante, las organizaciones subrayaron que, aunque las legislaciones pretenden impulsar la criminalización del aborto en el país, esta práctica sigue siendo legal.

Ante las restricciones en la educación sexual y reproductiva en las escuelas públicas, las organizaciones advierten que se limitan las estrategias de prevención, lo que incrementa la necesidad de servicios y capacitación, en un contexto donde estos ya son escasos en la isla.

“Es vital la educación con perspectiva de género y la educación sexual integral, que forma parte de nuestros reclamos, debido a que el 52% de los casos de agresiones sexuales a menores en Puerto Rico ocurren en el núcleo familiar. Por eso, exigimos que esta educación llegue a las escuelas, que sea pública y que todas las personas conozcan el consentimiento, qué es permitido, qué no lo es y dónde denunciar”, reclamó la licenciada Rosa Seguí Cordero, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico.

Las organizaciones también propusieron desarrollar estos contenidos desde espacios comunitarios, ante los controles impuestos por las agencias gubernamentales.

“No tenemos derecho a hablar de educación sexual integral de manera formal en nuestras escuelas, y eso limita también lo que son los espacios de prevención para la violencia sexual. En efecto, nosotros reiteramos que, como parte de las justicias reproductivas, debemos atender el tema de educación sexual integral, y lo vamos a hacer desde todos los espacios que podamos hacerlo”, destacó Enid Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.

Para exponer sus reclamos, la Colectiva Feminista en Construcción, junto a Aborto Libre Puerto Rico y otras organizaciones, convocaron la Marcha por la Justicia Reproductiva este jueves a las 5:00 p.m. La manifestación saldrá de la avenida Muñoz Rivera, entre la clínica Darlington y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, hacia la plaza que está frente a la Iglesia Santa Rita.