La solicitud de la Federación de Alcaldes para que la Legislatura devuelva el proyecto que busca eliminar el impuesto al inventario en 2028 –independientemente de si se identifica un sustituto para los $314 millones anuales que el cobro representa para los municipios– apunta a ser una iniciativa natimuerta, luego de que tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como el de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, descartaran de plano nuevas enmiendas.

“Los compañeros alcaldes de la Federación votaron anoche (jueves) en La Fortaleza para que se devuelva el Proyecto de la Cámara (PC) 420 a la Asamblea Legislativa. Ese voto vale y se respeta. El voto que ya emitió sobre el PC 420 la Asamblea Legislativa también. En lo que respecta al Senado, caso cerrado”, sentenció este viernes Rivera Schatz, en su habitual escrito “Buenos días Puerto Rico” en redes sociales.

Méndez, en tanto, hizo lo propio mediante un comunicado de prensa.

“No voy a solicitar la devolución de la medida. La misma se ha estudiado desde que se radicó el 18 de marzo de este año. La Comisión de Hacienda, presidida por el compañero Eddie Charbonier, hizo un estudio abarcador y en detalle, y los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara votaron a favor de la congelación. La posición de la Cámara en este asunto se definió ya”, acentuó.

El jueves, 27 de los 37 miembros de la Federación –que agrupa a los alcaldes del PNP– participaron de una reunión de más de cuatro horas en La Fortaleza, tras la cual el presidente del organismo, Gabriel Hernández Rodríguez, reveló que solicitarían a la Cámara baja que pida la devolución del PC 420.

La petición enviada este viernes contó con el apoyo de la Asociación de Alcaldes, así como de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que preside el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.

“Nuestra posición ha sido la misma desde el primer momento: tal como está redactado el proyecto provocaría un impacto fiscal severo para los municipios que dependen de esos ingresos para sostener servicios esenciales y cumplir con sus obligaciones financieras”, expresó Hernández Rodríguez, en un comunicado de prensa.

Durante una visita a Utuado, la gobernadora Jenniffer González indicó que no ha tomado una determinación en torno al futuro del PC 420, aunque dijo que la opción “perfecta” sería devolverlo a la Legislatura para “que se pueda arreglar la medida”. En campaña, González prometió una congelación del impuesto sobre la propiedad mueble por cinco años, con la expectativa de identificar en el ínterin una nueva fuente de ingresos.

“Estoy, en este momento, en una fase de evaluación. No te puedo decir que tengo una decisión tomada. Ha habido información que sigue llegando”, dijo González, al agregar que tiene planificado dialogar con representantes del sector privado, que ha favorecido la firma del PC 420.

En pasados días, la mandataria había referido el análisis del PC 420 al Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, cuyo director ejecutivo, Orlando Rivera Berríos, afirmó que existen alternativas bajo consideración para sustituir el impuesto al inventario, pero que algunas partidas provenientes de esos recaudos ya están pignoradas para los pagos de deuda del gobierno central y respaldar los préstamos que los municipios toman en la banca privada.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que tendría que determinar si el proyecto –de convertirse en ley– es consistente con el plan fiscal, no lo ha recibido.

“El próximo paso va a depender de si el presidente de la Cámara solicita el proyecto o no lo solicita. Luego, finalmente, la gobernadora va a tener la decisión final de si lo firma o lo veta, pero nuestra recomendación siempre ha sido que, como está redactado el proyecto, trae un impacto nefasto para los gobiernos municipales”, expresó Hernández Rodríguez.

El jueves, antes de la reunión, Rivera Schatz divulgó una propuesta que financiaría tanto los ingresos sustitutos del impuesto al inventario como los pagos de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los fondos de la propuesta –que el líder senatorial remitió a la gobernadora y la JSF– provendrían del Puerto Rico Trust Fund, que se nutre de los aranceles que pagan pasajeros e importadores de mercancía a Puerto Rico.

Por separado, los presidentes legislativos también presionaron para que el Ejecutivo remita el o los proyectos que conformarían la reforma contributiva que González prometió para este año.

La primera ejecutiva, en su encuentro con los medios, dijo que no descarta citar a una sesión extraordinaria para atender la reforma.

En su parte de prensa, Méndez, al señalar que a la actual sesión ordinaria apenas le restan tres semanas, enfatizó que la Cámara evaluará “con detalle, sin prisa y con vistas públicas” cualquier proyecto de ley que se reciba.

Según Méndez, desde su anterior término en la presidencia cameral, entre 2017 y 2020, abogó por reducir las tasas tributarias, pero “eso no significa que aprobaremos algo sin evaluar detenidamente, en un proceso transparente y con vistas públicas”.

Rivera Schatz afirmó, por su parte, que la aprobación de una reforma al modelo contributivo es “nuestra aspiración y deseo”, pero que “lo que dificulta ese deseo nuestro es que aún, al día de hoy, no han radicado en la Asamblea Legislativa ningún proyecto de reforma contributiva”.