Integrantes de la Colectiva Feminista en Construcción se manifestaron este jueves frente a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), en la Milla de Oro, en Hato Rey, en repudio a la determinación judicial de no extender una orden de protección a Gemillies Lozada Navarro, quien fue asesinada el pasado martes por su expareja en el expreso Román Baldorioty de Castro.

La licenciada Zoán Dávila Roldán, dirigente y portavoz de la organización, sostuvo a Telenoticias (Telemundo) que el caso de Lozada Navarro refleja una problemática que, a su juicio, enfrentan diariamente sobrevivientes de violencia de género cuando acuden al sistema judicial en busca de protección.

“No es un caso único. El caso de Gemillies es un caso que se repite todos los días. Lo que pasa es que conocemos las noticias que culminan en un feminicidio”, expresó Dávila Roldán durante la manifestación.

La portavoz señaló que, a diario, sobrevivientes de violencia de género acuden a los tribunales y “no reciben la protección ni la sensibilidad que merecen” ante la situación de vulnerabilidad que enfrentan.

Además, la Colectiva calificó como “negligentes e irresponsables” las expresiones emitidas por la OAT sobre el proceso judicial relacionado con la orden de protección solicitada por Lozada Navarro.

“A las mujeres, sobre todo a las víctimas de violencia de género, se les exige una elocuencia cuando van a los tribunales, que puedan explicar la situación que están viviendo, cuando están en una situación de vulnerabilidad extrema. Lo que se requiere es que quien atienda esa vista tenga la sensibilidad para poder realmente atender el problema y que la víctima pueda explicar lo que está pasando”, sostuvo Dávila Roldán.

Lozada Navarro, de 25 años y residente en Loíza, recibió una orden de protección ex parte el 28 de marzo, expedida por el juez municipal Alexander Espinosa Santiago, luego de que el tribunal entendiera que existía un “riesgo de maltrato inmediato”.

Sin embargo, el remedio provisional no fue extendido en una vista celebrada el 14 de abril en el Tribunal de Carolina, presidida por la jueza Geisa Marrero Martínez, tras entender que “no surgían motivos suficientes” para expedir una orden de protección final al amparo de la Ley 54.

La OAT confirmó el miércoles que la determinación se tomó tras una evaluación de las alegaciones y la prueba específica presentada en sala.

La dependencia indicó, además, que la parte peticionaria compareció a la vista representada por abogado. No obstante, informó que el tribunal sí emitió un estado provisional de derecho sobre relaciones paternofiliales y pensión alimentaria, conforme a las disposiciones de la Ley 140.

Lozada Navarro fue asesinada al mediodía del martes mientras transitaba por la salida del expreso Román Baldorioty de Castro hacia la PR-3, en dirección de Carolina hacia Río Piedras.

Según la Policía, su expareja, José Carlos Sanjurjo Dávila, la interceptó, chocó su vehículo y luego le disparó. Sanjurjo Dávila murió posteriormente en un hospital.

El Nuevo Día supo que Lozada Navarro y Sanjurjo Dávila habían sostenido una relación durante seis años, que terminó en enero pasado. Ambos tenían dos hijos menores.