Joan Alberto Zorrilla Lora, el dominicano detenido desde el 15 de enero tras un referido a las autoridades federales por un policía municipal de Carolina, se reencontrará este jueves con su esposa embarazada y verá a su hija nacer, luego que un juez de inmigración puertorriqueño le permitiera pagar una fianza de $5,000.

“Estoy feliz porque no voy a estar sola en mi parto. No tengo familia aquí. Solo es él y mi nene, que está en el colegio. Estoy bien agradecida con mi abogada que ha dado la batalla y siempre estuvo ahí”, compartió la esposa del inmigrante, Luisa Álvarez, desde la entrada del corte de inmigración, en Guaynabo.

La fecha para su parto era este mismo jueves, pero eso no impidió que llegara temprano a la sala para escuchar la determinación, confiada en que recibiría una buena noticia tras semanas de mucho dolor.

“Le dije (a la bebé) que tenía que esperar a que papá saliera, para que estuviera con nosotras”, abundó Álvarez, con nueve meses de gestación.

El 8 de enero, Zorrilla Lora fue intervenido por el policía Bahamundi Requena, de Carolina, y citado al cuartel municipal siete días después. Allí, se topó con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que le detuvieron al aceptar que no contaba con un estatus migratorio definido.

El juez de inmigración Elvin Talavera Peraza inició la vista de fianza a las 8:56 a.m., con el detenido conectado desde una pantalla. El fiscal delDepartamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) detalló al juez que Zorrilla Lora había entrado ilegalmente “por el mar”, en octubre de 2021, y que no tenía récord criminal.

Por su parte, la abogada de Zorrilla Lora, Charito García Miranda, replicó que su cliente es padre de un niño y su segunda hija está en camino. “No hay riesgo de fuga. Por favor, considere que él no tiene nada malo”, recalcó.

Mientras las partes argumentaban, Álvarez juntaba sus manos, en señal de súplica, para que su familia no estuviera más tiempo separada.

Tras escuchar los argumentos, el juez se tomó cerca de un minuto para concluir: “La corte va a poner una fianza de $5,000”.

Tan pronto escuchó la interpretación de la decisión, el rostro de Zorrilla Lora se iluminó. El hombre no ha visto a su familia desde el 15 de enero y ha estado entre dos centros temporeros de detención, en Aguadilla y Guaynabo.

“Él es el mejor soporte que puedo tener. Quiero que salga ya para no soltarlo nunca y meterlo en una cajita, que siempre esté conmigo. Ya va estar con nosotros. El nene lo extraña un montón. Todos los días pregunta por su papá y tengo que decirle que está trabajando y nunca llega”, contó Álvarez, quien debía pagar la fianza antes de la 1:00 p.m.

Con el expediente de Zorrilla Lora en sus manos, García Miranda indicó que “saldrá en libertad y van a seguir los procedimientos de remoción”. “Lamentablemente, esto no paraliza que el hecho de que está aquí ilegalmente. Tenemos otros asuntos legales que están por dirimirse”, dijo.

“Tienes unas posiciones del gobierno donde quieren que la gente tenga más hijos, pero, al mismo tiempo, los queremos separar. Hay una inconsistencia en los mensajes, que no son reconciliables. Se dio la batalla, como en todos los casos, pero, sobre todo, cuando tienes una criatura (en camino). ¡Que coja a su bebé! Es el milagro de la vida”, dijo, conmovida, la abogada.

Pese a que el juez federal Raúl Arias Marxuach había denegado, la semana pasada, un “habeas corpus” sobre este caso a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), una reciente decisión del pleito federal Maldonado Bautista, en California, dio paso a que se volviera a solicitar una vista de fianza a Zorrilla Lora.

“La interpretación (de Marxuach) que se había hecho es una que entra en conflicto con otras decisiones. El caso de Maldonado Bautista certifica una acción de clase a través de todo Estados Unidos y anuló la determinación del ‘Board of Immigration Appeals’ (del Departamento de Justicia federal). Eso abrió la posibilidad de esta nueva vista de fianza. El cliente tuvo la gran suerte que le tocó litigar aquí, con una experimentada abogada”, explicó el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas.