La secretaria de la Gobernación, Noelia García, dijo esta mañana que aquellos camioneros que deseen transportar gasolina podrían recibir escolta por parte del gobierno, ante el paro de este gremio que reclama un ajuste en sus tarifas.

En una entrevista radial, la funcionaria señaló que la Policía de Puerto Rico está en comunicación con los distribuidores para ofrecerles apoyo. Agregó que las autoridades custodian la entrada y salida de los muelles para asegurar el libre tránsito de vagones, si un transportista decide llegar al lugar.

“La Policía de Puerto Rico está en comunicación con esos distribuidores y al que necesite ser escoltado se va a escoltar. Igual, hay presencia de la Policía en la entrada y salida de los puertos para asegurar que ese movimiento no deje de ocurrir”, sostuvo en WKAQ 580 AM.

“El camionero que quiera distribuir, lo vamos a escoltar y lo vamos a ayudar a que esto ocurra”, añadió García.

La secretaria indicó, además, que La Fortaleza y la Uniformada tienen “planes de remediación” para asegurar que la gasolina y los alimentos puedan ser transportados. También aseveró que “tenemos planes para ayudar y añadir a la fuerza de la Policía si esto llega a otros niveles”. Durante su intervención, García no ofreció detalles sobre esos supuestos planes.

García comentó que piden a la Junta de Supervisión Fiscal, ente que se opone a la aplicación del reglamento que permite el alza de tarifas, comunicarse con los camioneros. Comentó que el gobierno fiscalizará la tarifa.

“Lo mejor que puede ocurrir es que la Junta atienda esto con sentido de urgencia, que le dé foro a los camioneros, que los escuche de tú a tú y que pueda entender para este nicho de transportación el reconocimiento de ese aumento, desde hace más de 15 años es algo importante y que reconocerlo y aprobarlo pone en una posición a los camioneros de hacer su trabajo en una forma justa”.

Los camioneros iniciaron un paro ayer, miércoles, a las 4:00 a.m. porque la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que tiene que aprobar las nuevas tarifas y el reglamento del Negociado de Transporte, pero aún no lo ha hecho.

Pese a que se trata de la negociación entre entes privados, donde ninguna de las partes es gubernamental, el organismo federal ha expresado que el reglamento podría, de algún modo, alterar de manera significativa la planificación fiscal trazada para el gobierno central y las instrumentalidades públicas cubiertas por la Ley Promesa.