Con una marcha desde el Capitolio hasta La Fortaleza, cientos de oficiales correccionales salieron este miércoles nuevamente a la calle exigiendo un aumento salarial de $746, tras semanas en las que diferentes instituciones penales en la isla han reportado un ausentismo marcado por la insatisfacción de los empleados.

“Estamos aquí por la frustración que tenemos los oficiales correccionales. Llevamos tres años esperando que el gobierno nos honre la Ley 91-2022, que nos da un aumento de $746. Estamos cansados de la espera y las promesas por cumplir. Nos merecemos un aumento de salario, porque estamos dando de nuestras vidas dentro de las instituciones penales”, manifestó la presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), Jessica Martínez Santos.

Aclaró, de inmediato, que los aproximadamente 400 manifestantes eran empleados en horas libres o de vacaciones que respondieron a la convocatoria.

“No se supone que haya ausentismo en las cárceles, pero tampoco puedo omitir que, desde julio, ha habido unas ausencias bastantes fuertes. Apenas el fin de semana pasado, en la institución Ponce Principal, no llegó un turno completo y tuvieron que pedir oficiales correccionales a otras instituciones”, contó.

La Ley 91 establece que el alza de $746.67 aplicaría a todos los oficiales correccionales activos clasificados como empleados de carrera. “El aumento de sueldo se concederá aun cuando el empleado esté devengando un sueldo igual o superior al tipo máximo de la escala o que con el aumento exceda este”, advierte.

“El secretario (del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones) tiene una buena intención. Incluso, esta mañana, nos envió un mensaje diciendo: ‘No se quiten. Sigan luchando por los $746. Tengo esperanza’. Pero la realidad es que ya nosotros no creemos en nadie y entiendo, como líder sindical y empleada correccional, que el aumento de salario no fue en su administración, pero él se comprometió a honrarlo y por eso tenemos esta presión”, dijo, en tanto, Martínez Santos.

Añadió que la ACU le exige al secretario que firme un acuerdo con tres disposiciones –aumento salarial, pago de uniformes y pago de horas extras acumuladas–, con miras a que se celebre una vista en la Comisión Apelativa del Servidor Público, en diciembre.

En reacción, Quiñones se mostró disponible para reunirse con el sindicato y revisar “los alcances” del acuerdo propuesto. “No tenemos que estar peleando los unos con los otros. Estoy apoyando esa petición que tienen y nos vamos a sentar a la mesa”, aseguró, en entrevista separada.

“Voy a dar la pelea por los $746.67 de los compañeros y compañeras que la ACU representa en el Departamento. Me comprometí en hacer todas las gestiones a mi alcance para identificar los fondos ($36.8 millones anuales) y se pueda conceder ese aumento”, afirmó, subrayando que es una “prioridad”.

Al igual que Martínez Santos, Quiñones reconoció el ausentismo a partir de una convocatoria anónima, en redes sociales, del 12 al 27 de octubre. “Hubo unos días fuertes, con unos niveles de ausentismo considerables y, en otros momentos, se transformó y comenzaron a asistir (a sus labores)”, declaró.

A la manifestación, se unieron empleados de Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que igualmente aguardan por aumentos salariales.

Irving Ramos Torres, presidente de la Local 3573 del PSAJ, alertó que, al momento, hay 30 agentes de manejo de casos, pero no dan abasto para todas las personas que deben monitorear con grilletes electrónicos en la isla.

“No hay personal para cubrir la demanda. Entramos, por ejemplo, a un turno 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y, a las 2:00 a.m., todavía estás en la calle haciendo excarcelaciones y llevando a las personas a sus residencias con los equipos (del grillete)”, expuso el agente, al resaltar el “agotamiento” entre sus colegas.

Entre las zonas con mayor déficit de oficiales, Ramos Torres mencionó desde San Juan hasta Humacao, y destacó, también, que sus labores han aumentado con nuevas disposiciones bajo la Ley 54 para la prevención de la violencia doméstica.

Del mismo modo, Lourdes Santiago alzó su voz por el Cuerpo de Vigilantes del DRNA porque, “hace más de dos décadas”, no reciben un alza salarial. En 2024, se aprobó la Ley 156, que establecía un aumento de $300 mensuales, pero, “al momento, no nos han dado ese aumento”, denunció la líder sindical.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez.

“Tras que somos pocos vigilantes (alrededor de 300), la paga es poca. Además, somos diputados federales y hacemos el trabajo igual que la Policía de Puerto Rico. Cuando hay emergencias en el país, el Cuerpo de Vigilantes está ahí, en turnos de 12 horas. Hay mucha recarga de trabajo y poca paga.”, insistió Santiago.

Ningún funcionario de La Fortaleza recibió a los manifestantes.