El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) avaló, este lunes, la determinación del Departamento de Justicia de no designar un fiscal especial para investigar penalmente al alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, por supuestos delitos electorales, pero refirió el caso a otras tres agencias para evaluar posibles irregularidades administrativas.

En un comunicado de prensa, el Panel sobre el FEI indicó que la investigación fue referida a la Oficina de Ética Gubernamental, a la del Contralor Electoral y a la del Contralor de Puerto Rico para que investiguen posibles irregularidades en el manejo de controles internos de asistencia y flota de vehículos oficiales.

La pesquisa en contra del líder municipal surgió a partir de un referido de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), relacionado con una querella presentada por la hija del entonces candidato opositor a la alcaldía—Norberto Torres— contra Alicea Vasallo.

Entre las alegaciones de la denuncia se encontraba, según el Panel, que el alcalde, en su carácter de candidato a la reelección, presuntamente utilizó empleados municipales en horario laboral para transportar adultos mayores al correo para recoger papeletas de voto adelantado, que se usaron vehículos oficiales para fines electorales y que algunos empleados llenaron papeletas con marcadores.

La querellante también alegó que una electora recibió dinero a cambio de su voto.

Tras la denuncia, Justicia refirió el caso a su División de Integridad Publica y Asuntos del Contralor (DIPAC), la cual, de acuerdo con la resolución emitida por el Panel, ejecutó una investigación “amplia que incluyó múltiples declaraciones juradas de la querellante, de empleados municipales y de la electora eludida”.

Como parte de la investigación, la DIPAC habría evaluado, además, registros de asistencia del Departamento de Recursos Humanos del municipio, certificaciones oficiales, así como evidencia fotográfica obtenida del celular de la querellante.

Según el comunicado del Panel, Justicia detectó irregularidades en tarjetas de asistencia y ponches de salida.

No obstante, sostuvo que, aunque tales hallazgos ameritan ser evaluados desde la pespectiva administrativa, no se pudo concluir, desde el ámbito penal, que los empleados actuaran en funciones oficiales con intención de cometer delito, ni que el alcalde ordenara el uso indebido de recursos públicos.

La resolución del Panel agrega que la documentación demostró que varios de los empleados involucrados se encontraban en licencia por enfermedad, vacaciones o tiempo compensatorio en los momentos alegados.

Tampoco se acreditó, de acuerdo con el Panel, el uso de vehículos oficiales con fines político-partidistas.

“Estos elementos explican la concurrencia observada, sin que de ello se desprenda conducta delictiva”, lee el comunicado.

El Panel coincidió con el análisis de Justicia y resolvió que “al momento, no existe el quantum de prueba necesario para lograr una convicción en un proceso judicial”.

En declaraciones escritas, Alicea Vasallo expresó que la resolución del Panel “pone punto final a una querella que, desde su origen, carecía de fundamento y que provocó la intervención de auditores de la Oficina del Contralor en la alcaldía, con todo el revuelo mediático que eso generó”.

“El resultado, como era de esperarse, confirma lo que siempre sostuvimos: no hubo comisión de delito alguno”, sostuvo el líder del ayuntamiento.

“Aun así, desde el primer día he cooperado con todas las investigaciones con total transparencia, porque quien nada teme, nada esconde. Los referidos administrativos que el Panel hizo a otras agencias forman parte del trámite de estos procesos y no implican hallazgo alguno de naturaleza pena”, expresó.

“Reitero mi confianza en que los procesos de auditoría y fiscalización se conduzcan siempre con objetividad, sin permitir que se conviertan en instrumentos para adelantar agendas políticas”, concluyó.

La resolución del Panel fue emitida poco después de que, en septiembre, personal de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) incautó una decena de computadoras en la alcaldía del Municipio.

En ese momento, la excontralora Yesmín Valdivieso confirmó que especialistas de auditoría forense visitaron el Municipio y trabajaban “en el proceso de intervención de equipo público, específicamente en una decena de computadoras del Municipio”.

“Actualmente, nuestro personal se encuentra recopilando evidencia para completar varias investigaciones. Por lo cual, fue necesario incautar computadoras pertenecientes al Municipio de Cataño”, indicó la entonces contralora.

Poco después de que trascendiera la información sobre el allanamiento, Alicea Vasallo llegó a la sede del ayuntamiento e informó que los oficiales incautaron, al menos, cinco computadoras: la de la vicealcaldesa, María Pérez; la de la ayudante especial del alcalde, Elva Crespo; la de la administradora municipal, Azalia Rivera; la del director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano, Eliezer Burgos; y la de la ayudante de Burgos.

En cambio, Alicea Vasallo mostró su “laptop” oficial del municipio y aseguró ante los medios que no fue ocupada como parte de la pesquisa.

“Ellos (personal de Contraloría) se llevan esas computadoras porque quieren corroborar algo (...) Se van a llevar las computadoras para evidenciar una documentación que tienen, unas querellas que tienen”, indicó el líder municipal,