El gobierno federal pondrá en marcha el próximo 29 de junio una tercera fase de revocación de pasaportes dirigida a personas que adeuden $50,000 o más en pensión alimentaria, incluyendo aquellas con múltiples casos cuya deuda total alcance esa cifra.

Así lo anunció este jueves la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), María del Mar Mateu Meléndez, en un comunicado de prensa donde explicó mayores detalles de la nueva fase que entrará en vigor.

“Tal y como adelantó el gobierno federal, las fases de revocación de pasaportes continuarán ampliándose a balances cada vez menores. La expectativa es que, eventualmente, el proceso alcance el umbral establecido en la normativa federal de $2,500 o más en deudas acumuladas. Por eso nuestro llamado es a que las personas no esperen a recibir una notificación. Este es el momento de comunicarse con ASUME, verificar el estatus de su caso y atender cualquier balance pendiente. Nuestro personal está disponible para orientarlos y ayudarles a identificar alternativas para cumplir con su responsabilidad alimentaria”, dijo.

En ese contexto, explicó que esta es la tercera fase anunciada por las autoridades federales en menos de dos meses. La primera comenzó el 8 de mayo y estuvo dirigida a personas con deudas superiores a $100,000.

Posteriormente, el gobierno federal anunció una segunda etapa para balances de $75,000 o más, la cual entró en vigor el 1 de junio. Ahora, la nueva directriz reduce nuevamente el umbral a $50,000, lo que amplía el número de personas que podrían verse afectadas por la revocación o restricción de su pasaporte.

Por ende, Mateu Meléndez recordó que este programa se desarrolla mediante una coordinación entre el Departamento de Estado federal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Office of Child Support Enforcement, bajo la autoridad de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social federal.

La disposición permite denegar, restringir o revocar pasaportes por incumplimiento significativo de obligaciones alimentarias.

Además, la normativa mantiene el requisito de emitir notificaciones preventivas a personas con deudas superiores a $2,500 y les advierte sobre posibles consecuencias relacionadas con la obtención, renovación o conservación del pasaporte.

“Cada fase que anuncia el gobierno federal amplía el universo de personas que podrían enfrentar restricciones para viajar fuera de Estados Unidos. Hemos visto que estas medidas motivan a muchos alimentantes a atender sus casos y ponerse al día”, dijo.

“Nuestro interés principal es que los menores reciban el sustento que les corresponde y que los padres comprendan que existen consecuencias cuando las obligaciones alimentarias permanecen desatendidas por largos periodos”, abundó Mateu Meléndez.

En ese contexto, enfatizó que “mientras más temprano atiendan su situación, más opciones tendrán disponibles para resolverla”.

Finalmente, Mateu Meléndez precisó que el equipo técnico de la ASUME recopila la información para identificar a cuántos padres no custodios pudiese impactar esta nueva etapa de revocación.