Si te gusta viajar, pero mantienes una deuda elevada de pensión alimentaria, debes saber que podrías quedarte sin pasaporte, luego que el gobierno federal endureciera las medidas de revocación del documento, que entrarán en vigor tan pronto como el 1 de junio.

Los cambios llegan apenas una semana después de que la Oficina federal de Cumplimiento de Sustento de Menores iniciara la primera fase del proceso de revocación de pasaportes a padres con deudas de pensión alimentaria de $100,000 o más.

Ahora, en la segunda fase, la revocación de pasaportes aplicará a padres con balances de $75,000 o más, informó este viernes la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la licenciada María del Mar Mateu Meléndez.

La nueva etapa comenzará el próximo 1 de junio, según un correo electrónico que fue enviado por la dirección de la Office of Child Support Enforcement a los directores de las agencias de sustento de menores en las distintas jurisdicciones de Estados Unidos.

La comunicación federal también anticipa que próximamente podrían establecerse nuevas fases con umbrales de deuda más bajos, para atender una problemática que se mantiene desde hace años y que es objeto de disputa diaria en los tribunales.

The Associated Press reveló que, desde que entró en vigor el programa de revocación en 1998, los estados han recaudado $657 millones en atrasos, incluidos más de $156 millones en más de 24,000 pagos únicos individuales durante los últimos cinco años.

“Estos mecanismos buscan que los padres cumplan con la responsabilidad que tienen con sus hijos y atiendan sus casos antes de que enfrenten otras consecuencias. Desde que comenzó la primera fase el pasado 8 de mayo ya conocemos de un caso en Puerto Rico de una persona cuya deuda superaba los $100,000 y que decidió ponerse al día luego de recibir la notificación relacionada al proceso federal”, dijo Mateu Meléndez.

En ese contexto, la abogada indicó que espera que la nueva fase motive a más alimentantes a atender sus balances y comunicarse con ASUME para orientarse y buscar alternativas de cumplimiento.

La primera fase del programa federal comenzó con casos de personas que adeudan más de $100,000 en pensión alimentaria atrasada. Según datos de la ASUME, en Puerto Rico se identificaron inicialmente 435 casos que podrían verse impactados por la revocación de pasaportes bajo ese primer criterio federal.

La administradora indicó que el personal técnico ya trabaja en la identificación de los casos que podrían entrar en esta segunda etapa de $75,000 o más.

La directriz forma parte de un proceso coordinado entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y la Office of Child Support Enforcement, bajo la autoridad de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social.

La normativa federal -recrudecida bajo el gobierno de Donald Trump- mantiene vigente el requisito de emitir notificaciones preventivas a personas con deudas mayores de $2,500, advirtiendo posibles consecuencias como la denegación o revocación del pasaporte.

“Sabemos que muchas personas pueden tener dudas sobre el estatus de sus casos o sobre cómo este proceso les puede afectar. Nuestro llamado es a que se comuniquen con ASUME antes de esperar una notificación federal. Queremos ayudarlos a verificar sus balances, aclarar dudas y orientarlos sobre las opciones disponibles para ponerse al día”, añadió Mateu Meléndez.

La medida federal establece que una persona cuyo pasaporte haya sido revocado deberá atender su deuda con la jurisdicción correspondiente y esperar la validación de elegibilidad de las agencias federales antes de poder solicitar nuevamente el documento.

Además, el proceso de actualización de registros puede tardar varias semanas después de realizado el pago.