Los trabajos presenciales en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reiniciaron este miércoles de forma gradual, luego de la apertura de los accesos en medio de una manifestación estudiantil a lo largo de un mes.

El rector interno del RUM, Miguel Muñoz Muñoz, informó que decanos y directores de departamentos, así como empleados de áreas como Edificios y Terrenos, Salud y Seguridad, y Tránsito y Vigilancia, acudieron a laborar de forma presencial tras una orden de un juez, emitida el lunes, que ordenó a manifestantes desistir de bloquear accesos al campus.

“El reinicio gradual de operaciones forma parte de los esfuerzos institucionales dirigidos a garantizar la continuidad de los servicios académicos y administrativos del Recinto”, expuso Muñoz Muñoz, en declaraciones escritas.

El rector interino no precisó cuándo o si se estarían retomando las clases presenciales este semestre. Sostuvo que continuarán “las labores programadas mediante modalidades a distancia y teletrabajo”.

Los estudiantes del RUM decretaron una manifestación indefinida desde el 13 de abril, sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, y de Muñoz Muñoz, así como que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.

La orden emitida el lunes por el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, indicó que se tienen que reabrir los accesos al recinto. Los ocho portones del campus han sido cerrados o bloqueados durante la manifestación por el sector estudiantil, estableció el juez.

La administración universitaria inició el martes la reapertura de los accesos, luego que la Guardia Universitaria se diera a la tarea de remover objetos colocados en las vías de tránsito.

No obstante, fotos circuladas en redes sociales documentan a profesores apostados, en la mañana de este miércoles, en uno de los portones en una manifestación en solidaridad con los estudiantes.

Muñoz Muñoz sostuvo que se evaluará cómo los empleados de otras áreas se reincorporarán.

“Nuestro llamado continúa siendo al respeto, al diálogo y a la convivencia universitaria. Durante este periodo, hemos promovido espacios de comunicación con distintos sectores de nuestra comunidad universitaria, con el propósito de procurar entendimientos y atender los asuntos planteados. Confiamos en que este proceso permita continuar avanzando hacia un ambiente de estabilidad y convivencia, en beneficio de toda la comunidad universitaria”, expresó.

El Consejo General de Estudiantes del RUM convocó a una asamblea extraordinaria para mañana, jueves.

En su sentencia, Báez Collado estableció que los bloqueos en las vías de acceso del recinto “constituyeron obstrucciones incompatibles con el funcionamiento universitario” y que “existe un interés público apremiante en garantizar el acceso al Recinto Universitario de Mayagüez”.

“Este Tribunal reconoce plenamente que los estudiantes universitarios gozan de amplias protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica. Sin embargo, dichos derechos no son absolutos y deben armonizarse con la misión institucional de la Universidad de Puerto Rico y con el derecho del resto de la comunidad universitaria a acceder libremente a las instalaciones universitarias y continuar recibiendo servicios académicos y administrativos”, indicó el juez, quien hizo referencia a una sentencia del Tribunal Supremo, de 2010, que determinó que los estudiantes de la UPR no tienen derecho legítimo a la huelga.

Báez Collado sostuvo que la administración universitaria demostró que el estudiantado ha tenido control sobre los accesos, lo cual evidenciaron con fotos, informes realizados desde el inicio de la manifestación indefinida y una comunión del Consejo General de Estudiantes que informaba que se le permitiría la entrada durante eventos de las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria.

El juez emitió, el 5 de mayo, una orden de entredicho provisional que ordenó a los manifestantes desistir de bloquear los portones. En la vista del lunes, llamó la atención a la presidenta de la UPR y al rector interino por no tomar medidas para hacer cumplir esa orden.

“Ni la Dra. Jordán Conde, ni el Dr. Muñoz Muñoz ejercieron su deber ministerial de hacer cumplir la orden emitida. De hecho, declararon y afirmaron que no la habían ejecutado porque se encontraban en la mesa de negociación y evitar confrontaciones con los estudiantes. Le correspondía a la presidenta y al rector interino ejecutar la orden y no lo hicieron permitiendo que la comunidad universitaria se viera afectada”, sostuvo Báez Collado.

“Este Tribunal enfatiza que las órdenes judiciales emitidas en este caso no constituyen meras expresiones consultivas, sino mandatos judiciales vinculantes cuyo cumplimiento debe hacerse valer diligentemente por las autoridades universitarias competentes. La Universidad de Puerto Rico y el Recinto Universitario de Mayagüez no solamente poseen la facultad, sino el deber ministerial de garantizar que los servicios universitarios continúen ofreciéndose de forma ininterrumpida y que los accesos a la institución permanezcan libres de obstrucciones ilegales”, agregó.