Sometido el informe final, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) fijó el 27 de agosto para reunirse y discutir los hallazgos de la investigación sobre supuesta malversación de fondos públicos por parte de la ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla Rivera al conceder bonos a 65 empleados exentos, incluyéndose.

Aunque no quiso dar detalles del contenido del informe, la fiscal especial independiente Leticia Pabón Ortiz indicó, en entrevista con El Nuevo Día, que se trata de un documento voluminoso, de más de 100 páginas.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que, tras la reunión del próximo jueves, la Opfei haga referidos a entes fiscalizadores, como la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Siempre eso (referidos) es una posibilidad”, dijo Pabón Ortiz.

¿Incluyendo la OEG?, se le insistió.

“Correcto. Aparte de eso, no puedo dar más detalles”, contestó.

Pabón Ortiz entregó su informe de la pesquisa el 12 de agosto. Aclaró, de paso, que los términos que le restaban, concedidos por la Opfei, eran exclusivamente para someter el documento.

“Y ya yo lo entregué. No hay más ningún término”, indicó.

Pabón Ortiz, junto a la también fiscal especial independiente Ileana Agudo Calderón, tuvieron, en principio, 90 días para investigar las alegaciones contra de Padilla Rivera. Solicitaron, y se les concedió, una prórroga de 45 días, que ya terminó.

Previamente, Pabón Ortiz había revelado que, como parte de los trabajos, se entrevistó a 45 testigos.

En enero pasado, el Departamento de Justicia refirió a Padilla Rivera a la Opfei tras concluir que, supuestamente, incurrió “en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el Artículo 264 del Código Penal”, así como en “conducta prohibida por el Artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental”.

El delito de malversación de fondos conlleva intención criminal, lo que presuntamente no se configura en las acciones que se le imputan a Padilla Rivera, dijeron dos fuentes consultadas.

Padilla Rivera, quien es jueza superior, concedió –en abril de 2025– una bonificación única a 65 empleados exentos de la CEE, por un monto de $174,105.20, sin el aval de los comisionados electorales, la Junta de Supervisión Fiscal ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El más alto, de $9,304.20, se lo concedió a sí misma, según documentos examinados por El Nuevo Día.

Como presidenta alterna de la CEE, Padilla Rivera cobraba su sueldo de jueza superior, que es de $118,133, confirmó este medio. Una de las fuentes dijo que, además, la funcionaria cobraba un diferencial de $1,500.

Precisamente, fue el actual director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, quien refirió a Padilla Rivera a Justicia, el 29 de mayo de 2025. Como medida cautelar, Rivera Berríos retuvo del presupuesto de la CEE los $174,105.20 que la ex presidenta alterna destinó al pago de los bonos.

Además, tras el referido, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) tomó medidas cautelares y apartó o desvinculó a Padilla Rivera de cualquier caso vinculado con el Estado. La OAT mantiene una pesquisa administrativa.