Reconocerle a un feto o embrión derechos de un ser humano nacido, como hace la nueva Ley 183-2025 –antiguo Proyecto del Senado 504– tiene implicaciones tan amplias que son difíciles de definir, pues representa un cambio a todo el ordenamiento jurídico civil en Puerto Rico.

Lo que está claro es que pone en “suspenso” todos los derechos de las personas embarazadas y los subordina a los de otro ser, cuya subsistencia y desarrollo, depende del de ella.

La medida –que se convirtió en ley el sábado, cuando la gobernadora Jenniffer González la firmó– crea incertidumbre, tanto en la práctica médica como en la legal, coincidieron expertas consultadas.

“Las mujeres embarazadas estarán en un estado de vigilancia constante por razón de su embarazo y se ponen en suspenso los derechos de las mujeres durante el periodo del embarazo. Esto nos preocupa muchísimo en términos del impacto a la autonomía, la libertad y la capacidad que tienen las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo”, consideró la abogada constitucionalista Yanira Reyes Gil, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, que tuvo una manifestación en repudio a la nueva ley y a la continua eliminación de derechos.

Comúnmente, se dice que los derechos de una persona terminan donde empiezan los de otra. Pues esto es precisamente lo que sucede al reconocerle personalidad jurídica al nasciturus, pero la diferencia es que el “no nacido no es independiente a quien lo tiene en el vientre”, dijo la abogada feminista Verónica Rivera Torres, quien detalló que la consecuencia principal de esta enmienda al Código Civil es que afecta la autonomía de las mujeres.

Más allá de las determinaciones que conciernen a su embarazo, Rivera Torres advirtió que “el 100% de las decisiones de una mujer embarazada ahora van a estar matizadas por los derechos de una persona que tiene en el vientre”.

“Es una distinción muy fuerte entre la mujer embarazada y la que no lo está. La que no está embrazada puede tomar todas las decisiones que quiere. La que está embarazada, no. Es una ley discriminatoria contra la mujer embarazada”, acentuó la abogada, quien alertó de las repercusiones sociales que también tiene la medida en términos de que sea un derecho no solo opinar, sino intervenir con las personas que gestan.

La nueva ley inserta enmiendas al Código Civil del 2020, que regula la vida de todas las personas hasta su muerte. Previo a estos cambios, se reconocían derechos y capacidad jurídica como persona natural a toda persona que naciera viva y tuviera vida independiente a la madre. Estas enmiendas hacen que todo este ordenamiento, entonces, esté vigente desde el momento de la concepción.

Entre otras cosas, el Código Civil establece derechos que regulan los contratos, la propiedad, daños, perjuicios, responsabilidades de familia y herencia. Este último es el único escenario que atiende expresamente el proyecto, que establece que “los derechos hereditarios que la ley reconoce a favor del nasciturus están subordinados al acontecimiento del nacimiento”.

“Uno tendría que preguntarse si se puede solicitar una pensión alimentaria desde el momento de la concepción o si puede el feto presentar una reclamación por daños porque haya algún tipo de accidente en el empleo. Si las aseguradoras van a pagar los tratamientos o los daños que ocurran durante el embarazo”, cuestionó Reyes Gil.

Ante la incertidumbre, Rivera Torres consideró: “En el día a día, nos corresponderá, a las defensoras, abogar por una aplicación muy restricta de la ley, pero sabemos que nos tenemos que preparar para que personas que no lo ven como nosotras busquen una aplicación amplia”.

La legislación -de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz- fue aprobada en ambas cámaras sin vistas públicas y firmada por la gobernadora sin explicación inmediata sobre su decisión. Este lunes, defendió el estatuto y rechazó que menoscabe derechos de las mujeres.

Para Rivera Torres, el presidente del Senado tiene la meta clara de afianzar una base política conservadora y está actuando para ello. Sin embargo, cuestionó cuál es la postura de la gobernadora sobre los derechos sexuales y reproductivos.

“Se aprueba un proyecto de ley que afecta todo el ordenamiento jurídico, que tiene implicaciones de derecho, de acceso a la salud, sin vistas públicas y a espaldas de los reclamos de profesionales del derecho, de la salud, que le advirtieron a la gobernadora que este proyecto era peligroso y que, al menos, requería alguna discusión”, subrayó Reyes Gil.

Un grupo de 320 médicos y profesionales de la salud firmaron una carta abierta, dirigida a la gobernadora, en la que detallaron sus principales preocupaciones sobre la enmienda al Código Civil en la práctica de la medicina y la salud de las embarazadas.

“Es muy escueto, no es claro, crea un ambiente de miedo, confusión, incertidumbre y lamentablemente, cuando en la medicina hay confusión, eso cuesta vidas. La medicina no es un espacio para la confusión legal”, aseveró este lunes la doctora Alejandra Vélez Rivera, médica de familia que ha especializado su práctica en la salud sexual y reproductiva, quien indicó que los médicos se sienten “completamente ignorados por las decisiones que tomó el gobierno”.

Las advertencias que cientos de médicos hicieron al gobierno incluyen conflictos al atender emergencias obstétricas –como sangrado intrauterino o embarazo ectópico– decisiones que se tienen que tomar de inmediato para evitar la muerte de la persona gestante, pero que ahora pueden depender de la persona que asuma la representación del feto.

Igualmente, en casos en que sea inminente la necesidad de una cirugía o se vaya a dar algún tratamiento para alguna condición diagnosticada durante el embarazo –como cáncer–, que puedan atentar contra la vida o desarrollo del feto, pero que, si no se toman, pueden provocar la muerte de la mujer.

“Yo, como médica, responsabilizo al gobierno, a la gobernadora y a los legisladores de este país, por las vidas que cueste esta confusión que acaban de crear en el país”, agregó Vélez Rivera.

Los médicos también advirtieron de la potencial criminalización, tanto de pacientes como facultativos, por tomar decisiones que afecten al no nacido, como ha ocurrido en jurisdicciones estadounidenses en las que hay legislaciones como estas.

Estas cargas adicionales sobre los médicos contradicen la política pública de retención de profesionales de la salud, plantearon las entrevistadas, quienes advirtieron que podrían darse casos en los que consideren las restricciones impuestas al decidir mudarse para tener una práctica “libre de esta hostilidad”.

La doctora destacó que la voz de los emergenciólogos es fundamental, puesto que recibirán a las personas en su estado más vulnerables y tendrán que tomar las decisiones entre su profesión, sustento, potenciales demanda versus salvar la vida que tienen enfrente.

“Es una intromisión sumamente peligrosa”, subrayó.

Las abogadas consultadas indicaron que uno de los elementos más preocupantes de esta medida es que la representación del no nacido la asumirá un tercero, que bien podría ser una de las personas con patria potestad, o un “representante legal o defensor judicial” en caso de “imposibilidad o incapacidad”.

“Puede ser el Estado, puede ser una expareja agresora, puede ser incluso su propio esposo, que en este momento no puede tomar esas decisiones, pero ahora pudiera intervenir”, ejemplificó Rivera Torres.

La doctora Vélez Rivera destacó también que puede haber “intromisión de quién se identifique como el padre” respecto a la protección de la información de la paciente embarazada. Por ejemplo, dónde se atiende, cuándo son sus citas, qué medicamentos toma, dónde vive, lo que incluso podrían poner en riesgo la seguridad de las mujeres, en casos de violencia de género.

En Estados Unidos, ya se han visto las repercusiones de este tipo de medidas. De hecho, la organización Pregnancy Justice encontró que, los dos años subsiguientes a la derogación de Roe v. Wade, unas 412 mujeres fueron criminalizadas, en estados que reconocen “personalidad fetal”, por negligencias, emergencias obstétricas, accidentes y utilización de medicamentos, entre otros.

Un caso ampliamente discutido fue el de Adriana Smith, en Georgia, quien fue declarada con muerte cerebral, pero al tener dos meses de gestación, la mantuvieron viva artificialmente, sin consentimiento de sus familiares, hasta que condujeron una cesárea para extraer al niño. La familia de la joven tuvo que asumir los gastos médicos y el bebé “padecerá una enfermedad que le provocará discapacidades graves”, según la madre de Smith.

La nueva ley incluye en su lenguaje una línea que deja fuera de consideraciones que el aborto esté prohibido: “Los derechos que se reconocen al nasciturus no menoscaban la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley”.

“El propio proyecto dice que nada de lo que está establecido en el proyecto tendrá impacto en la capacidad que tienen las mujeres de tomar decisiones sobre su embarazo. El aborto sigue siendo legal en Puerto Rico y sigue siendo seguro. Es una práctica médica que se realiza en clínicas licenciadas para ello”, subrayó Reyes Gil.

No obstante, la escueta legislación no detalla, por ejemplo, qué significa “tomar decisiones sobre su embarazo”.

Para Rivera Torres, la línea aclaratoria es “deshonesta”, pues el mero hecho de reconocer como persona natural al no nacido “es una intervención indebida con el embarazo”.

Las entrevistadas coincidieron en que, si bien no se trastoca el estado de derecho sobre las interrupciones de embarazos, esto abre la puerta y sienta las bases para limitar el aborto en Puerto Rico.

“No tenemos duda de que la intención que hay detrás de este proyecto y detrás de la Ley Keishla Madlene (Ley 166-2025) es ir reconociendo derechos al nasciturus para, de esta forma, ir minando y socavando el derecho de las mujeres a tomar decisiones reproductivas. Sin embargo, eso no ha ocurrido”, consideró Reyes Gil.