La reasignación de $1,654,124 de fondos estatales que recibió la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para servicios directos a víctimas y sobrevivientes de violencia de género representará un respiro temporero para los albergues de emergencia, pero la falta de fondos recurrentes para sostener los servicios continúa siendo una preocupación.

Aunque la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, instó a “celebrar” los fondos -que no serán en su totalidad para los albergues de violencia de género- las líderes de las organizaciones no gubernamentales lo ven, más bien, como el comienzo de un proceso que tiene que continuar hasta que se garantice el dinero para asegurar los servicios.

“La necesidad permanece hasta tanto y hasta cuanto no sepamos cuál es la otorgación. Así que nosotras siempre vamos a estar viviendo en el filo de estar todo el tiempo tambaleando. Este año cubrimos, el año que viene no sabemos si va a estar cubierto”, expresó Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth, quien informó que la operación de un solo albergue puede conllevar una inversión de $1.3 millones anuales.

“Con esta asignación de fondos estatales garantizamos que las organizaciones puedan mantener sus puertas abiertas, continuando dando los servicios y continuando esa atención empática que siempre lo han hecho”, aseguró Piñeiro Vázquez, quien celebró la aprobación el pasado jueves de la Junta de Supervisión Fiscal para el traspaso de los fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la OPM.

De los $1.6 millones, $343,224 serán desembolsados inmediatamente a 10 organizaciones que ya eran parte del programa federal STOP VAWA, que incluye a tres albergues: Hogar Ruth, la Casa Protegida Julia de Burgos y Casa de la Bondad.

Flores explicó que para la mayoría de estas organizaciones, el dinero de la partida de STOP VAWA terminó al 31 de enero, por lo que han tenido de cubrir el costo de los servicios durante febrero y marzo, del fondo general de las organizaciones. Esta nueva partida no cubrirá el tiempo que quedaron descubiertos, sino que asignará los fondos hasta el 30 de junio.

“Ya nosotros tenemos las propuestas sometidas por las organizaciones. Por lo tanto, esta situación de emergencia se va a trabajar de inmediato. Nuestra meta es que ya tengan los fondos para trabajar y cubrir los meses de abril, mayo y junio”, abundó, en tanto, Piñeiro Vázquez, quien reconoció que ese programa inicialmente otorgó “una cantidad de dinero que no otorgaba para el año fiscal completo”.

En adición, las organizaciones tendrán que competir con municipios y agencias gubernamentales en una convocatoria de $1,000,000, disponibles hasta diciembre de 2026, donde se dará prioridad a servicios directos como asistencia psicosocial, vivienda transitoria, servicios legales y atención inmediata en salud mental.

Esta convocatoria se abrirá luego de que el Departamento de Justicia informe las partidas asignadas en otro proceso de $2,000,000, que cerró recientemente, para organizaciones que brindan servicios a víctimas de violencia en todas sus manifestaciones, no solamente violencia machista.

“Una vez se cierra y se desembolsa ese dinero, las organizaciones también van a conocer cuáles necesidades fueron cubiertas a través de esa convocatoria y entonces luego vamos a estar abriendo la nuestra para que ellos puedan presentarnos necesidades distintas”, sostuvo la procuradora, quien no proveyó una fecha para comenzar la convocatoria, pero aseguró que terminar con el trámite en justicia es una “prioridad” para la que, incluso, tiene personal destacado de la procuraduría.

Aunque las organizaciones comprenden la lógica del proceso, aún ninguna tiene garantizado que vayan a recibir asignación alguna de Justicia.

“Es un comienzo positivo, pero a la vez nos preocupa porque vamos a continuar sobrellevando la situación. Ahora mismo, los fondos son hasta diciembre, lo que va a quedar. La convocatoria va a ser abierta a distintas organizaciones y entendemos que municipios también, eso nos crea también una preocupación que no necesariamente la prioridad completa va a ser para las organizaciones”, consideró la directora ejecutiva de Hogar Nueva Mujer, Emma Santiago Cabrera.

Piñeiro Vázquez aseguró, no obstante, que las organizaciones tendrán “toda la prioridad”. Una vez se cubran sus necesidades, entonces, abrirán “la brecha”.

Por eso, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género ha propuesto la creación del “Fondo de Vida Segura”, que impondría un 10% de impuesto a la venta de armas.

“Esto podría asignar un fondo a las organizaciones para poder estar sobreviviendo y trabajando sin tener la presión de estar esperando a poder competir porque no estás compitiendo con cinco ni diez, estás compitiendo con 50, 80 y 100 organizaciones”, expresó la coordinadora general de la Red, Iris Vanessa Prado Sevilla.

La procuradora se abstuvo de comentar sobre esa propuesta y, aunque reconoció que las organizaciones le han llevado “documentos” de la misma, no se le ha pedido oficialmente la posición de la agencia sobre el particular.

La directora de Hogar Ruth consideró que, similar a programas federales, las asignaciones pueden hacerse multianuales, cuyo uso sea auditado y monitoreado para garantizar el cumplimiento.

Además, consideró que la procuradora puede ser la portavoz de las organizaciones para que se concrete su reclamo histórico de recurrencia de fondos.

Aparte de los $1.3 millones para organizaciones, la OPM destinará $133,000 para desarrollar una plataforma virtual para capacitar a funcionarios de la agencia y de las organizaciones, al igual que recopilar datos que guíen la prevención de la violencia de género.

Igualmente, $72,900 para la actualización de la plataforma en que abogados y trabajadores sociales registran casos en tiempo real. Los restantes $105,000 se invertirán en la capacitación de primeros respondedores en manejo de trauma, evaluación de riesgo y prevención de revictimización.