El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aguarda por conocer qué resultará de la reunión entre el Departamento de Justicia y el portavoz de la minoría senatorial del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, relacionada a la posible reapertura de una investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

No obstante, el líder legislativo subrayó que le alegraba que la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, dejara sin efecto la citación mediante subpoena de varios senadores de la delegación del PPD. Aun así, reafirmó que el proceder de citar a los legisladores “en derecho, es incorrecto”.

“El Departamento de Justicia acató lo que yo le planteé, se retractó de las citaciones so pena de desacato y producción de documentos. Yo me alegro que así sea. Yo tengo muchísima estima por la secretaria del Departamento de Justicia y por el Departamento. Es una reunión que van a tener durante el día de hoy (lunes) para discutir lo que ellos entiendan que debe plantear al Departamento y el Departamento responderle”, indicó Rivera Schatz, en un aparte con periodistas, tras concluir la vista de evaluación del nombramiento del designado secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez.

El jueves, el presidente senatorial había dado a Justicia un ultimátum hasta el mediodía del lunes para retirar la citación que habían emitido a los senadores del PPD como testigos o para proveer evidencia, y advirtió que, de no hacerlo, el Senado podría comenzar su propia pesquisa sobre les gestiones de Roig Fuertes, el cuatrienio pasado, cuando laboraba en el Departamento de Salud.

El viernes, Gómez Torres anunció que había dejado sin efecto la citación, para, en su lugar, sostener una “reunión formal” este lunes con los miembros de la delegación del PPD en el Senado.

El encuentro con Hernández y la portavoz alterna Marially González se celebró en horas de la mañana, y al concluir, la titular de Justicia dijo que evaluaría nueva información y realizaría entrevistas para determinar si procedía reabrir la investigación contra la actual secretaria de de la Familia, una posibilidad que había descartado hace unas semanas.

Al preguntársele si, tras conocer el resultado de dicho encuentro, no descartaba iniciar una investigación, Rivera Schatz respondió: “La pregunta de ‘no descarta’ es para seguir, entonces, construyendo la insinuación, y no. Yo voy a esperar que el Departamento de Justicia termine con la reunión. Le agradezco que hayan detenido, dejaron sin efecto la citación so pena de desacato, que fue lo que yo planteé. Y yo me alegro que así lo hayan hecho”.

El cuatrienio pasado, Justicia abrió una pesquisa contra Roig Fuertes, quien supuestamente habría instruido a un contratista del Departamento de Salud a subcontratar a una compañía de seguridad para brindar servicios a un paciente de salud mental. En aquel entonces, la funcionaria dirigía la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual de esa agencia.

Como parte de la transacción, el contrato con el Hogar Hacienda Don Luis se habría inflado hasta los $60,000 mensuales, partida de la que provendrían los fondos para sufragar los servicios del subcontratista, One Source Investigations, vinculada a un allegado de la secretaria.

La investigación de Justicia no había concluido al finalizar el cuatrienio, y, bajo la administración de Gómez, fue cerrada el 30 de octubre de 2025, cuando ya Roig Fuertes ocupaba la jefatura de Familia.

Roig Fuertes rechazó, el pasado jueves, revelar la identidad y el vínculo que mantenía con una persona a quien identificó en un correo electrónico como “Baby”, con quien habría compartido información confidencial relacionada con la contratación en controversia.

“Ese es un tema también que está atendiéndose por diversos foros y eventualmente el pueblo Puerto Rico sabrá cuál va a ser la consecuencia, así que no merece mayor reacción mía”, dijo Rivera Schatz.

Asimismo, indicó que, durante la evaluación de su nombramiento, en un formulario, se le preguntó a Roig Fuertes si había sido objeto de alguna investigación, a lo que la funcionaria contestó que no. Luego, pidieron que Justicia certificara si había emitido una notificación de que la secretaria fuera sujeto de una pesquisa, y, enfatizó el senador, “la respuesta fue que no”.

“La contestación de ella, en el formulario, no habiendo una notificación formal de ninguna agencia, pues entonces fue correcta porque, quizás, la pudo haber, pero no se lo informaron a ella. Entonces, cuando tú examinas el expediente (y) la manera en que fue tratada, fue tratada como un testigo más. No hubo, digamos, una acción administrativa cautelar contra ella”, puntualizó el líder del Senado.