El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó este lunes suspender, de manera inmediata e indefinida, a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría al haber sido convicta, a nivel federal, por un delito menos grave relacionado con el financiamiento de su campaña a la gobernación en 2020.

“En consecuencia, se ordena al Alguacil de este tribunal a incautar la obra notarial que se encuentra bajo la custodia de la señora Vázquez Garced, al igual que su sello notarial para entregarlos al director de la Oficina de Inspección de Notarías para el correspondiente examen e informe”, lee la sentencia firmada por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón.

Además, la sentencia ordena a la exmandataria del Partido Nuevo Progresista (PNP) notificar a los tribunales y a sus clientes de la decisión del Tribunal Supremo y devolver cualquier expediente y/o honorario “por trabajos no realizados”.

“No hacerlo pudiera conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión legal de así solicitarlo en el futuro”, advierte la sentencia.

En febrero, el Tribunal Supremo concedió a Vázquez Garced un término de 10 días para que argumentara por qué no debía ser “disciplinada” por el máximo foro tras declararse culpable –en agosto– por un delito electoral en el Tribunal Federal de Puerto Rico.

La Ley sobre el Fraude, el Desaforo, la Suspensión Temporal, Compra de Cosa Litigiosa y la Práctica Ilegal en el Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico dispone: “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

En agosto, Vázquez Garced reconoció ante la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll –como parte de un acuerdo con la fiscalía federal– que incurrió en delito al aceptar una promesa de contribución política de parte del banquero Julio Herrera Velutini en 2020. La Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés) prohíbe aportaciones de extranjeros en procesos eleccionarios.

Luego, la también exfiscal, exsecretaria de Justicia y exprocuradora de las Mujeres recibió un indulto incondicional –que aceptó– del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.