Una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) obliga a solicitar la llamada “green card” fuera de territorio estadounidense, lo que, para la abogada de inmigración Mariela García Amador, constituye “un ataque” a familias que tendrían que separarse para lograr un ajuste de estatus migratorio, que podría extenderse por años.

“Ya no estamos hablando de lo que la administración dijo, a principios del año pasado, de que iba a atacar la inmigración ilegal; esto es un ataque a la inmigración legal. Se afectan los núcleos familiares. Estamos hablando de padres que no van a poder ver a sus hijos crecer por años. ¿Por qué forzar a que las personas tengan que pasar todo fuera de Estados Unidos?”, dijo la expresidenta del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

El memorando –emitido el 22 de mayo– establece que los extranjeros que están en Estados Unidos temporalmente y quieren convertirse en residentes permanentes legales, o titulares de la “tarjeta verde”, tienen que hacerlo “mediante el trámite consular del Departamento de Estado desde fuera de Estados Unidos”, y solicitar allí, excepto en “circunstancias excepcionales”. Sin embargo, la discreción sobre este requisito excepcional, que no queda bien definido en la política, caerá bajo los oficiales del USCIS.

Pese al memo, García Amador recalcó que “no ha cambiado” la Sección 245(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que “cualquier persona que haya entrado y haya sido inspeccionada y admitida a Estados Unidos, con visa o un parole, y en algunos casos como familiares inmediatos –cónyuges, padres e hijos menores de edad–, puede ajustar estatus dentro de Estados Unidos sin tener que salir”.

El “ajuste de estatus” o el Formulario I-485 es el proceso legal para obtener la residencia legal permanente. Una disposición del memo del USCIS establece que los “oficiales pueden aprobar o denegar el ajuste de estatus como entiendan pertinente”. Una persona puede presentar un cambio de estatus después de 90 días de haber entrado al país y, al mismo tiempo, puede solicitar un permiso de trabajo mientras se aprueba la residencia permanente.

Hasta el último trimestre del pasado año fiscal –del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025–, había 1,464 solicitudes de ajuste de estatus pendientes en la oficina de San Juan, según cifras oficiales del USCIS. Entre esas, 852 eran por petición familiar, 84 por permiso de trabajo, 523 por razones humanitarias y cinco por otros motivos.

En ese mismo período, se aprobaron 440 residencias permanentes y se denegaron 25.

“Cuando los extranjeros presentan la solicitud desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y remover a quienes deciden pasar desapercibidos y permanecer ilegalmente en Estados Unidos tras denegárseles la residencia”, defendió el portavoz del USCIS, Zach Kahler, vía comunicado de prensa.

Sin embargo, García Amador señaló que el memo no establece una fecha de comienzo de la nueva política, por lo que se desconoce si afectará las solicitudes en curso. Planteó, asimismo, que el tiempo para procesar las solicitudes puede demorar mucho más estando fuera de Estados Unidos. Estimó que el tiempo de espera para que una solicitud sea respondida es de “35 meses” de “días laborales”, o sea, casi tres años.

“Tengo colegas que tuvieron entrevista después del memo y los oficiales del USCIS están haciendo nuevas preguntas para tratar de discernir, porque no tienen directrices concretas. El segundo problema es, ¿qué es excepcional? En ningún lado se define. Yo lo puedo interpretar como en los perdones migratorios (‘waiver’), que definen excepcional cuando hay un ‘sufrimiento extremo’. Si me dejo llevar por lo que el USCIS toma en consideración para tratarme, de forma expedita, las solicitudes, pueden ser razones médicas, pérdida de dinero o trabajo, pueden ser razones excepcionales. Eso se va a estar evaluando, caso a caso, complicando el trámite”, sostuvo la abogada.

Compartió, de paso, que la gran mayoría de sus casos son parejas que llevan años saliendo, tienen educación, trabajan o quieren trabajar. “Tengo cónyuges de militares, y no es como que el militar puede moverse libremente a ver a su esposa. Tengo cónyuges de doctores, que no es que el doctor pueda viajar todos los meses a ver a su pareja”, abundó sobre los retos que ahora enfrenta con múltiples familias.

Al memo, se suma el “travel ban” (bloqueo de viajes) a 75 países, como Colombia y Haití, que entró en efecto en enero. Además, los oficiales del USCIS están solicitando “más evidencia” a los solicitantes para verificar si los matrimonios no son un fraude, comentó.

“Mi recomendación es que busquen un abogado de inmigración para poder discernir los elementos o, en la alternativa, irse preparando para recibir un perdón migratorio”, exhortó, al opinar que la nueva política podría afectar a cientos de miles de personas dejándolas sin remedio dentro de Estados Unidos y colocándolas en riesgo de deportaciones.