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La gobernadora Wanda Vázquez Garced promulgó -el viernes- una orden ejecutiva que prohíbe que los funcionarios públicos utilicen los vehículos del gobierno para asuntos personales o llevárselos a sus casas cuando terminan sus jornadas laborales.
La directriz de la mandataria, sin embargo, contiene una disposición que excluye de cumplir con la orden ejecutiva a todos los “funcionarios públicos que lo utilicen (el vehículo oficial) como parte de su jornada laboral y para ejercer funciones oficiales del cargo que ocupa”.
Es decir, según el texto de la orden ejecutiva, ningún empleado público podrá usar para asuntos personales los vehículos del gobierno a menos que usen esos carros como parte de su jornada laboral.
“Es como que nadie lo puede usar (el carro) para asuntos personales a menos que lo necesiten... Esto es una cantinflada”, sostuvo el catedrático jubilado en Administración Pública, Mario Negrón Portillo, al criticar la ambigüedad de la orden ejecutiva.
“Es contradictorio. Regula los vehículos oficiales, pero establece exclusiones tan amplias que cualquier funcionario podría usar los vehículos oficiales para sus cosas. Esto no pasa el cedazo de una impugnación judicial porque no se pueden usar los bienes públicos para asuntos personales”, dijo el expresidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo.
La gobernadora Wanda Vázquez, sin embargo, indicó en una entrevista con El Nuevo Día que esta excepción proviene de la ley vigente que regula el uso de vehículos oficiales en el gobierno y que la orden ejecutiva lo que hace es impedir que los empleados públicos se puedan llevar los vehículos del gobierno a sus casas o que los puedan usar para sus asuntos personales.
Indicó que, con las nuevas restricciones, la flota del gobierno durará más tiempo, exigirá menos gastos de mantenimiento y requerirá menos gastos en general.
“Lo que se les está diciendo a esos empleados que usan un vehículo oficial como parte de su jornada es
que una vez terminen sus funciones tienen que devolver los automóviles a las oficinas del gobierno y regresar a sus casas usando sus propios transportes.
“Es una medida para salvaguardar fondos públicos. Ahora mismo muchos empleados podrían estar llevándose los carros a sus casas", dijo la gobernadora.
La orden ejecutiva 2019-047 fue firmada el viernes por Vázquez Garced. Se trata de un documento sencillo en el que se establecen cuatro disposiciones básicas. En la primera, se establece que ningún funcionario público -incluyendo los jefes de agencias- pueden utilizar vehículos oficiales para asuntos que no sean estrictamente oficiales y se exige que aquellos que den uso de los carros los entreguen una vez termine su jornada diaria.
La segunda disposición enumera los funcionarios que son excluidos de cumplir con la restricción anterior. Se menciona, por ejemplo, al gobernante, los secretarios de Justicia, Corrección, Estado y Seguridad Pública, así como los comisionados de la Policía, de Investigaciones Especiales, y el Cuerpo de Bomberos, entre otros. La última de estas exclusiones es la que exime de la restricción a los empleados públicos que usan vehículos como parte de su jornada.
La tercera sección, por otro lado, lo que hace es reiterar la orden general 100 del 2014 de la Policía, que establece que solo los gobernantes, los exmandatarios, el jefe policiaco -y sus antecesores en el puesto-, el secretario de Estado, los presidentes legislativos, el comisionado residente electo, los candidatos a gobernadores certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los dignatarios que llegan del exterior y aquellos funcionarios que por circunstancias extraordinarias necesitan protección de la Policía, puedan tener escoltas.
“Por este medio, se desautoriza cualquier instrucción o normativa que esté en contravención a lo aquí instruido”, sostiene la orden ejecutiva.
La cuarta disposición es que todos los jefes de agencias tendrán 15 días laborables para certificar el cumplimiento de estas normas. Esos 20 días se cumplen el 20 de septiembre.
