Hace un año, la madrugada del 8 de abril de 2025, la discoteca Jet Set en Santo Domingo se convirtió en escenario de una de las tragedias más devastadoras de la historia reciente de la República Dominicana, tiñendo de luto un lugar que era sinónimo de alegría.

El techo del popular local nocturno, ubicado en la avenida Independencia, se derrumbó durante la presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez. El saldo fue devastador: 236 muertos y más de 180 heridos, entre ellos un boricua de 35 años.

La discoteca, un ícono de la vida nocturna capitalina con más de cinco décadas de historia, había reunido a cientos de asistentes esa madrugada. Cuando la estructura colapsó alrededor de las 12:44 a.m., la algarabía se transformó en caos y desesperación.

Las imágenes que siguieron al derrumbe recorrieron el país y el mundo: ambulancias abarrotando la zona cero, rescatistas trabajando contrarreloj entre los escombros y familiares angustiados esperando noticias de sus seres queridos frente a la estructura colapsada.

Durante horas, el estruendo constante de sirenas, los llantos desconsolados y los gritos dominaron la escena, mientras los equipos de emergencia buscaban sobrevivientes. Una dura realidad que El Nuevo Día presenció desde la zona del derrumbe.

En medio de la emergencia, 12 bomberos boricuas se sumaron a la ardua operación de búsqueda y rescate en la madrugada del 9 de abril de 2025. La misión inicial consistía en localizar personas con vida, pero luego se transformó en tareas de búsqueda y recuperación.

“(Me impactó) la capacidad de movilización de recursos de la República Dominicana (y) la cantidad de personas que perecieron en un mismo incidente, de la magnitud que ocurrió”, relató el teniente Joel Figueroa Betancourt, del Negociado de Bomberos.

“Era (fuerte) ver tantas personas sepultadas por escombros en un mismo espacio, que tu levantabas una losa, y no quiero sonar muy gráfico, y tenías tres o cuatro cuerpos en una misma área. Era bien chocante”, agregó en entrevista telefónica con este medio.

Con casi 30 años de carrera, Figueroa Betancourt, de la División de Homeland Security del Negociado de Bomberos, formó parte del grupo de rescatistas puertorriqueños que se trasladó a la vecina isla tras la tragedia que acaparó portadas a nivel internacional.

A la labor se sumó Nestor Alonso Cuevas, José de León Félix, Jesús Cruz Arroyo, Efraín Cardona Nuñez, Ashmed Valentín Cardona, Pablo Torres Méndez, Carlos López Rosario, Orlando Soto Maldonado, José Ortiz Martínez, Miguel Hernández Figueroa y Rafael Román Rivera.

Los rescatistas fueron recibidos como “héroes nacionales” el 11 de abril de 2025 en el aeropuerto de Isla Grande, cuando aterrizó el avión de la Fuerza Aérea de República Dominicana que trajo de vuelta al equipo que trabajó por más de 12 horas consecutivas.

“República Dominicana en esta situación pudo ser eficaz porque pudo movilizar recursos privados que le asistieron inmediatamente. El uso de grúas para este desastre fue crucial y en menos de ocho horas ellos tenían esos recursos allí”, dijo Figueroa Betancourt.

A lo largo de su trayectoria, Figueroa Betancourt ha participado en todo tipo de rescates, como la explosión de la tienda Humberto Vidal en Río Piedras, el terremoto en Haití y hasta el atentado al World Trade Center en Nueva York, pero Jet Set fue un escenario distinto.

“Desde el primer día de carrera, desde el voluntariado hasta el momento, siempre estamos dispuestos a servir y ayudar. Lo importante es que la experiencia y los aprendizajes que uno acumula a lo largo de la vida se puedan poner al servicio de los demás”, agregó.

“Muchas veces los egos profesionales afectan las operaciones y allí yo no vi eso. En la República Dominicana yo vi un comando de incidente bien integrado. Todo el mundo estaba enfocado en hacer su trabajo. Había buena comunicación”, comentó.

Mientras los primeros respondedores trabajaban sin descanso en la zona cero, la tragedia dejaba una huella imborrable en numerosas familias dominicanas, obligadas a enfrentar la dura realidad de acudir a hospitales y morgues en busca de sus seres queridos.

Algunas familias perdieron hasta cinco integrantes durante la emergencia, dejando un dolor indescriptible y un profundo vacío en varias comunidades, como los Bajos de Haina, una de las zonas más afectadas por el colapso, que perdió a más de 25 residentes.

En el derrumbe no solo murió Rubby Pérez, sino también la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz Martínez; el exlanzador de las Grandes Ligas Octavio Dotel; el diseñador Martín Polanco; y Eduardo Estrella, hijo del exlíder senatorial que comparte su mismo nombre.

Un año después, el entorno del edificio sigue siendo un recordatorio doloroso. En el área permanece una cruz gigante con fotografías de muchas de las víctimas, cartelones, flores y hasta velones, los cuales han sido colocados por familiares como símbolo de luto.

Para las familias de los afectados, el aniversario no solo es un momento de duelo, sino también de reclamo de justicia. El Movimiento Justicia Jet Set ha convocado a una jornada de conmemoración bajo el nombre “Siempre Presentes” en las inmediaciones del lugar.

La actividad -que incluye una vigilia, un homenaje y misas oficiadas por el padre Rogelio Cruz y el monseñor Carlos Tomás Morel Diplán- tiene como objetivo reunir a sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes deberán vestir de blanco y negro, respectivamente.

“A un año de la tragedia del Jet Set, nos reunimos como comunidad para honrar la memoria de quienes partieron, acompañar a sus familias y mantener viva la fe que nos sostiene. Más que un acto, es un encuentro de respeto, unión y recuerdo”, lee la convocatoria.

Sin embargo, el dolor convive con la inconformidad. El movimiento ha cuestionado de forma reiterada la respuesta de las autoridades. Aunque el presidente Luis Abinader decretó días de duelo nacional tras la tragedia, persiste el llamado a que se haga justicia.

“Se siente como ese día”. “Duele el alma, te destroza por dentro”. “A un año, todavía parece mentira”. “Pedimos justicia”. Estos son algunos de los mensajes que continúan apareciendo en las publicaciones del movimiento, reflejo de un duelo que sigue abierto.

Actualmente, el proceso judicial no solo genera frustración, sino que también profundiza el dolor de las víctimas y sus familias. Las autoridades han imputado a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set, por su responsabilidad en la tragedia.

El juicio preliminar continuará el 20 de abril ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, quien ha instado a los demandados y demás querellantes a responder formalmente a la acusación para avanzar en el proceso.

“Le vamos a rogar a los querellantes que resuman sus exposiciones lo más que puedan para que podamos avanzar en la próxima jornada (del 20 de abril)”, exhortó el magistrado durante una audiencia celebrada el pasado lunes, reseñó el Listín Diario.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, bajo la Procuraduría General de la República, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, imputa a los hermanos Espaillat por los delitos de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias.

Según el expediente de la Procuraduría, los imputados agravaron su responsabilidad al sobrecargar el techo de la discoteca Jet Set con equipos de climatización pesados y cisternas de agua, sin contar con estudios técnicos que avalaran la resistencia de la edificación.

Mientras tanto, las familias exigen respuestas claras y responsabilidades concretas, subrayando que numerosos aspectos de lo ocurrido continúan sin ser esclarecidos, y que aún persisten dudas sobre las causas y las negligencias que influyeron en la tragedia.

En paralelo al proceso penal, se han presentado múltiples querellas civiles en busca de indemnizaciones para los sobrevivientes y las familias de las víctimas. Como resultado, los dueños de Jet Set firmaron más de 40 “acuerdos de compensación y apoyo humano”.

La tragedia sacudió profundamente a la República Dominicana, no solo por la magnitud de la pérdida humana, sino también por las interrogantes que dejó sobre la seguridad en los espacios de entretenimiento y la eficacia de las regulaciones vigentes en la isla.

Para muchos, evidenció fallas estructurales y legales que, de no corregirse, podrían repetirse. Incluso en Puerto Rico, la tragedia impulsó debates sobre la inspección de edificaciones y la prevención de riesgos en lugares donde se realizan eventos nocturnos.

Así ha transcurrido un año: entre cuestionamientos, lecciones aún en proceso y un sistema judicial que avanza con lentitud. Mientras, las familias permanecen aferradas a una misma esperanza: que se conozca la verdad y se establezcan responsabilidades. Porque recordar, también, es una forma de exigir justicia.

---

Lee 9 historias de El Nuevo Día que forman parte de la cobertura especial en Santo Domingo: