Cuba perdió en un año $7,556 millones debido a las sanciones de Estados Unidos y podría haber crecido un 9%, reportaron el miércoles las autoridades en un informe que elevarán a las Naciones Unidas.

“Las consecuencias de esta política se evidencian dramáticamente en las carencias que enfrenta nuestra población”, dijo el canciller Bruno Rodríguez durante la presentación del documento, que se llevará al foro multinacional para su debate en octubre, como sucede cada año. “Esta realidad es innegable, tangible”.

Los $7,556 millones reportados por la isla —para el ciclo entre marzo del 2024 y febrero del 2025— significan pérdidas un 49% superiores con relación a igual período anterior.

A manera de ejemplo, calculó el canciller, las pérdidas que suponen cinco días de estas medidas coercitivas por parte de Washington permitirían a la isla arreglar una de sus centrales termoeléctricas —unos $100 millones—y las de dos semanas darle mantenimiento a todo el Sistema Energético Nacional (SEN) —unos $250 millones—.

Además, Rodríguez aseguró que un mes de sanciones de Estados Unidos equivale al costo del plan de paneles solares de un año —unos $609 millones— con los cuales la nación caribeña busca tener una mayor autonomía energética.

Cuba atraviesa en el último lustro una severa crisis económica que se refleja en todos los campos, incluyendo el abastecimiento de energía eléctrica, cuyo último episodio dramático fue su colapso total la semana pasada que dejó a oscuras a millones de personas.

Además de la falta de alimentos, se reportaron carencias de medicinas y combustibles que ocasionan grandes colas y terminaron por desatar la inmigración.

Aunque el peso de las sanciones son fuertes para una isla pequeña y se ha reportado un decrecimiento de su Producto Interno Bruto por dos años consecutivos, las propias autoridades cubanas también reconocieron que medidas de corte interno, como un paquete de reforma financiero aplicado en 2021, agudizaron la crisis que padece la población.

Estados Unidos mantiene esta política contra la isla desde la década de los 60, presionando por un cambio del actual modelo político que no es afín a Washington.

Rodríguez destacó que el 80% de los casi 10 millones de cubanos nacieron y vivieron toda su vida bajo las sanciones, que se incrementaron radicalmente desde el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021), que no cesaron con su sucesor Joe Biden (2021-2025) y que volvieron a ajustarse con el actual segundo mandato del republicano que comenzó en enero.

Las medidas contra la isla incluyen limitaciones para realizar viajes a Cuba; multas a entidades bancarias o firmas de otros países que operen con la isla o realicen importaciones o exportaciones; la prohibición de cruceros y la persecución a los barcos que transporten petróleo, entre otras.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció la intención de su país de reforzar aún más estas medidas económicas contra Cuba, así como contra Venezuela —una de las principales aliadas de La Habana en el continente—, que calificó de regímenes dictatoriales.

El canciller lamentó que Rubio, nacido en Estados Unidos e hijo de cubanos emigrados antes de la revolución de 1959, tenga una agenda “personal” y de “oscuros” y “violentos” intereses contra la isla.

Además, indicó que los últimos movimientos de tropas estadounidenses en el Caribe defendidos por Rubio son una amenaza para la paz de la región.

Rodríguez reiteró que su país estaba dispuesto a dialogar con Washington —como lo hizo durante el mandato de Barack Obama a mediados de la pasada década—pero sin que le impusieran condiciones políticas o se le presionara con acciones que conllevasen la injerencia en su soberanía nacional.