El expresidente de Paraguay fue trasladado el sábado a la oficina del fiscal general para ser interrogado, apenas unas horas después de que el Congreso lo destituyera por la quiebra de un importante banco. El Banco Central indicó que ya está trabajando para indemnizar a cientos de miles de personas que esta semana se han quedado sin acceso a sus cuentas.

Las imágenes tomadas con un dron por Telefuturo, de Paraguay, mostraban al presidente destituido Santiago Peña llegando al complejo de la Fiscalía General en un todoterreno negro, escoltado por policías. Llevaba pantalones azul marino y camisa blanca, y no iba esposado.

La Fiscalía paraguaya ordenó el viernes la detención de Peña y del exdirector del Banco Central, Carlos Carvallo, en el marco de una investigación penal por presunto abuso de confianza y otros delitos relacionados con la quiebra del Ueno Bank. El expresidente fue trasladado a una base militar a última hora del viernes, mientras cientos de manifestantes se congregaban frente a su casa.

La orden de detención se dictó poco después de que el Senado destituyera a Peña de su cargo por unanimidad. La decisión se produjo apenas tres días después de que las autoridades reguladoras intervinieran el Ueno Bank, bloqueando el acceso de casi tres millones de clientes a sus ahorros y desencadenando una crisis política.

Peña fue sustituido por el vicepresidente Pedro Alliana, quien comenzó a nombrar un nuevo gabinete el sábado. El Banco Central informó el sábado de que 1.2 millones de clientes de Ueno habían recibido un reembolso parcial o total de sus depósitos asegurados, de conformidad con la legislación paraguaya.

Los legisladores acusaron a Peña de utilizar su influencia política para desviar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras que las autoridades reguladoras hacían la vista gorda ante préstamos internos de alto riesgo. Peña ha negado haber cometido ningún delito.

La destitución del aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, supone la mayor crisis política que ha vivido Paraguay en más de una década. El país, sin salida al mar y con 6 millones de habitantes, recuperó el régimen democrático en 1989. Desde entonces, ha estado gobernado en su mayor parte por el Partido Colorado, de tendencia conservadora.

Peña presentó su dimisión el jueves, pero el Congreso no la aceptó y siguió adelante con un proceso de destitución. Los diputados de la oposición insistieron en su destitución para impedir que abandonara el cargo con inmunidad.

En un mensaje de despedida difundido poco antes de ser destituido el viernes, Peña expresó su esperanza de que su salida evitara más daños a Paraguay.

“No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad”, escribió. “Mi responsabilidad es anteponer el bien del país a mi destino personal”.

La indignación pública se ha intensificado día tras día. Miles de manifestantes que exigen acceso a sus ahorros congelados y que se rindan cuentas por el colapso de Ueno se han enfrentado a la policía, que esta semana ha disparado balas de goma y gas pimienta. El mayor sindicato de docentes de Paraguay, que cuenta con más de 40,000 afiliados, tiene previsto iniciar el lunes una huelga nacional indefinida para exigir la protección de los fondos públicos de pensiones.