El Senado de Paraguay inició el jueves el juicio político al presidente Santiago Peña por presunto conflicto de intereses e irregularidades tras la caída de un importante banco digital vinculado a su gobierno que dejó bloqueados los ahorros de millones de personas y desató una oleada de protestas en las calles.

En tanto, el Fiscal General ordenó tres investigaciones penales por la crisis de Ueno Bank que incluyen denuncias que involucran a Peña y a otros funcionarios.

Para destituir formalmente al presidente se requieren dos tercios de los votos de la cámara alta. Si es hallado culpable, Peña perdería su elegibilidad para convertirse en senador vitalicio —como lo establece la Constitución para los expresidentes— y la inmunidad parlamentaria. Esto permitiría que avance su procesamiento penal en caso de que el fiscal Emiliano Rolón Fernández presente cargos en su contra.

Al mediodía, mientras la Cámara de Diputados debatía el juicio político, Peña declaró en un video publicado en X que renunciaba a la presidencia en aras de la estabilidad y para preservar las instituciones democráticas.

Peña, quien hasta el año pasado poseía una participación en una empresa vinculada a Ueno Bank, evitó asumir la responsabilidad por la crisis que ha dejado a millones de depositantes, jubilados y trabajadores en una situación desesperada, tratando de recuperar sus ahorros bloqueados y sus salarios impagos. “Nunca fue mi intención defraudar la confianza que han depositado en mí”, sostuvo.

Ueno Bank fue intervenido esta semana por el Banco Central por problemas de solvencia. Ocho ejecutivos y altos cargos del banco han sido detenidos, entre ellos el presidente de la entidad Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, CEO y socio comercial hasta recientemente de Peña.

Hasta septiembre dos de cada tres paraguayos eran clientes de Ueno Bank, que además contaba con depósitos por unos $850 millones en fondos públicos de los cuales unos $380 millones corresponden al Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud de Paraguay.

El cese de funciones de Ueno Bank generó una ola de pánico entre los paraguayos, que salieron a las calles de Asunción en diversas manifestaciones espontáneas. En algunas protestas se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía que dejaron al menos un herido.

La crisis política provocó que el propio partido de Peña, el Colorado, se volviera en su contra en un giro sorprendente para el execonomista del Fondo Monetario Internacional que hasta hace poco contaba con el respaldo de los políticos más influyentes de su país y que, hace apenas unas semanas, fue recibido en Washington como un aliado clave de la administración de Donald Trump.

Incluso el mentor de Peña, el líder del Partido Colorado y expresidente Horacio Cartes (2013-2018), apoyó el proceso de juicio político y afirmó que el partido no respaldaría el “saqueo” de fondos públicos y privados.

Peña adelantó en su cuenta en X que se presentará ante el Senado “y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la república”.

El titular del Senado, Basilio Núñez, informó que Peña se presentará el viernes en el recinto para ejercer su defensa.

¿Cómo fue posible que un banco vinculado al presidente —quien hasta el año pasado poseía una participación en su sociedad matriz— haya crecido tan rápidamente a pesar de las reiteradas advertencias sobre sus dudosas prácticas crediticias?

Para muchos paraguayos, la respuesta reside en la incómoda cercanía entre el Partido Colorado —que ha gobernado durante décadas—, los organismos reguladores y la élite empresarial; una debilidad que ha persistido incluso mientras una gestión económica estable y un rápido crecimiento convirtieron en los últimos años a Paraguay en un destino elegido por los inversores internacionales.

“Santiago Peña y el Partido Colorado nos han robado todos nuestros ahorros”, afirmó Luis Pineda, un manifestante que marchó hacia el Congreso el miércoles. “Estamos hartos de 70 años de saqueo”.

Poco después de obtener su licencia bancaria en 2023, Ueno Bank se expandió rápidamente. La entidad financiera digital atrajo a clientes con generosas ofertas de reembolso en compras de supermercado, abrió más de 70 sucursales, patrocinó a la selección nacional de fútbol y colocó su nombre en varios estadios.

Bajo el mandato de Peña fondos públicos fluyeron hacia las arcas de Ueno Bank. Además, Peña nombró a Carlos Carvallo —presidente de Financiera Ueno, la predecesora de Ueno Bank— al frente del Banco Central, el organismo encargado de supervisar a dicha entidad digital.

Mientras los ahorros de los jubilados y otros fondos públicos se acumulaban en Ueno Bank, dentro del Banco Central crecía la preocupación. En junio, los inspectores detectaron un patrón de concesión de créditos de alto riesgo a personas vinculadas a la entidad, informó ABC Color, uno de los principales periódicos de Paraguay. Ueno Bank había otorgado grandes sumas a empresas relacionadas con sus propietarios, superando los límites legales y sin contar con garantías suficientes para cubrir las deudas en caso de impago.

Peña restó importancia a las advertencias en repetidas ocasiones. El mes pasado salió en defensa de Ueno Bank y de la labor de supervisión del Banco Central y calificó las preocupaciones como una campaña de desprestigio destinada a alarmar a la opinión pública.

Sin embargo, el lunes la situación se desplomó. Los reguladores que investigaban los préstamos de Ueno a empresas vinculadas con sus propietarios encontraron operaciones crediticias con documentación deficiente, además de gastos que el banco había contabilizado incorrectamente como activos, informó el Banco Central.

Tras corregir los registros contables, el capital de Ueno —el respaldo financiero que los bancos deben mantener para absorber pérdidas— cayó a menos de la mitad del mínimo legal requerido.

El Banco Central anunció el martes la intervención de la entidad e inició un proceso para transferir los depósitos y los activos recuperables a otros bancos antes de liquidar lo que quedara.

La aplicación, las tarjetas y las transferencias de Ueno dejaron de funcionar, mientras sus sucursales cerraron las puertas. Esto provocó que depositantes desesperados formaran largas filas en el exterior. El miércoles, una avalancha de personas que intentaban abrir cuentas en otras instituciones provocó fallas en las aplicaciones móviles de otros bancos y aumentó el pánico entre la población.

Las autoridades han pedido calma. Bajo una ley aprobada de manera expedita por el Congreso el miércoles, un fondo estatal de garantía deberá reembolsar a los depositantes afectados en un plazo de cinco días laborables. El proceso comenzó el jueves con las cuentas pequeñas, de hasta aproximadamente $1,600.

El fondo asegura hasta unos $36,000 por cliente, una cantidad que, según el Banco Central, cubrirá la totalidad de los balances de aproximadamente el 97% de los usuarios.

El jueves, un juez ordenó el encarcelamiento preventivo de seis ejecutivos de Ueno, entre ellos el fundador Miguel Vázquez y el presidente del banco, Juan Manuel Gustale. Otros dos quedaron bajo arresto domiciliario.

Los fiscales presentaron cargos contra 27 funcionarios y asociados de la entidad por los delitos de lesión de confianza y tentativa de estafa.

El abogado de Gustale rechazó los señalamientos y argumentó que los altos ejecutivos dependían del personal para tomar las decisiones sobre los préstamos. “El presidente o la junta directiva no son responsables de decidir quién recibe un préstamo en particular”, dijo José Fernández Zacur a medios locales.

Aún con sus uniformes de Ueno puestos, varios empleados jóvenes quemaron sus tarjetas de crédito y lanzaron insultos contra Peña el jueves frente al Ministerio de Trabajo y exigieron el pago de indemnizaciones y salarios adeudados. Muchos prometieron continuar con las protestas hasta que los legisladores completen el proceso de juicio político en su contra.

“Que siga adelante el proceso de destitución y que pierda su inmunidad”, señaló Adolfo Villalba, uno de los manifestantes.

El Ministerio de Trabajo estima que el colapso ha afectado cerca de 7,000 empleos, tanto directos como indirectos, en el banco y sus empresas vinculadas.

Muchos no consideran el colapso de Ueno Bank como el simple resultado de una gestión arriesgada, sino como un ejemplo de corrupción estatal. En Sudamérica, sólo Venezuela ocupa una peor posición que Paraguay en el último índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

“Este es un atropello nuevamente a la ciudadanía honesta, trabajadora, que tiene (en Ueno Bank) sus pequeños fondos, fruto de su trabajo de años”, señaló el manifestante Belarmino Balbuena.