La Paz- El Gobierno de Bolivia podrá activar el estado de sitio en todo el país, determinadas regiones o áreas específicas mediante una resolución ministerial, como una medida adicional al estado de excepción vigente, explicó este martes a EFE el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Gálvez explicó que el decreto vigente establece que el Ejecutivo tiene la facultad de dictar un estado de sitio, como una “mayor medida”, ante algunos eventos excepcionales, como bloqueos de carreteras.

Explicó que, en el nuevo decreto, aprobado ayer para ampliar el estado de excepción por otros 90 días, también está incluida la posibilidad de dictar un estado de sitio.

“Si se ve pertinente imponer otras medidas, lo vamos a hacer, la ley lo contempla”, dijo a EFE.

Señaló que el Gobierno puede dictar un estado de sitio “a nivel nacional, en determinadas regiones o en áreas específicas”, dependiendo de “los hechos que se puedan suscitar”.

Entre los alcances de un estado de sitio, según Gálvez, está la posibilidad de disponer un toque de queda, que consiste en prohibir a los habitantes circular por las calles o estar en espacios públicos en determinadas horas.

El vocero añadió que se pueden adoptar “otras medidas más para garantizar el bienestar de la población”.

El Gobierno aprobó el lunes un decreto que amplía por otros 90 días el estado de excepción, vigente desde el 20 de junio, “mientras los factores de riesgo permanezcan”. La norma debe ser analizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que tiene un plazo de 72 horas para pronunciarse.

La Comisión de Constitución y Justicia Plural de la Cámara de Diputados había aprobado previamente un proyecto de resolución para ampliar el estado de excepción, ante los anuncios de movilización de algunos sectores sociales y como medida para preservar la “reactivación” económica del país.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro del país, con el respaldo de grupos afines a Morales, que provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron al menos 16 fallecidos y causaron pérdidas económicas superiores a $3,000 millones.