Navanethem “Navi” Pillay, la veterana jurista nacida en Sudáfrica que el viernes recibió el Premio Nobel de la Paz, se dio a conocer por defender los derechos de Nelson Mandela y por presidir una comisión que concluyó que Israel había cometido un genocidio en Gaza.

Además, ha trabajado durante años como jueza en tribunales internacionales que han tratado de hacer justicia ante atrocidades como el genocidio de Ruanda y de resolver cuestiones jurídicas controvertidas entre naciones.

Pillay, de 85 años, se enteró de que había ganado el prestigioso premio mientras asistía a un foro jurídico en Núremberg (Alemania), lugar donde se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis que contribuyeron a sentar las bases del derecho internacional.

Pillay fue una de las primeras juezas de un tribunal que ahora se encuentra sometido a una intensa presión por parte de Trump

La victoria de Pillay vuelve a centrar la atención en los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Corte Penal Internacional, donde Pillay fue magistrada entre 2003 y 2008.

El tribunal se creó en 2002 para actuar como última instancia en los delitos internacionales más graves, como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y la agresión.

Estados Unidos e Israel no son miembros, pero otros 125 países han firmado el tratado constitutivo de la Corte, el Estatuto de Roma. La CPI interviene cuando los Estados no pueden o no quieren juzgar los delitos cometidos en su territorio. El miembro más reciente de la Corte, Ucrania, se incorporó oficialmente en enero.

Los jueces del tribunal han condenado a 11 personas. Uno de los casos en los que participó Pillay como juez de la CPI se centró en el señor de la guerra congoleño Thomas Lubanga, el primero en ser condenado por dicho tribunal. En 2012 fue condenado a 14 años de prisión por reclutar a niños soldados.

Sin embargo, Trump acusa al tribunal de ser antiamericano y su Gobierno ha impuesto sanciones a 13 miembros del personal de la CPI, entre ellos fiscales clave y nueve jueces, incluida la presidenta japonesa del tribunal, Tomoko Akane.

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el mes pasado, instó a los Estados miembros a abandonar “de inmediato” esa “institución deshonesta”. Se teme que el tribunal en su conjunto pueda ser objeto de sanciones, una medida que podría mermar gravemente su capacidad para impartir justicia.

Pillay dejó la CPI en 2008 para ocupar el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2019 regresó a La Haya para ejercer como magistrada en otro tribunal: la Corte Internacional de Justicia.

Actualmente ejerce como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso por genocidio que se está llevando a cabo contra Myanmar.

Creada tras la Segunda Guerra Mundial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas y se encarga de resolver las controversias entre países. Algunos órganos de la ONU, entre ellos la Asamblea General, pueden solicitar dictámenes consultivos a los quince jueces de la Corte.

Los 193 Estados miembros de la ONU forman parte de la CIJ, aunque no todos reconocen automáticamente su jurisdicción.

Cuando un país no cuenta con un representante nacional entre los quince jueces que integran el pleno permanente del tribunal, puede designar a un experto de su elección. Gambia eligió a Pillay cuando acusó a Myanmar de cometer genocidio contra la minoría rohingya.

Pillay ocupó el cargo de presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el tribunal respaldado por la ONU creado para juzgar a los responsables del genocidio de Ruanda de 1994.

El viernes, tras conocer la noticia del Premio Nobel, declaró que uno de los logros judiciales de los que se sentía más orgullosa eran los juicios pioneros del Tribunal de Ruanda, en los que, por primera vez, se juzgaron los actos de violencia sexual como crímenes de guerra.

“La violencia sexual suele considerarse un daño colateral o incluso una recompensa para los soldados en tiempos de conflicto”, declaró Pillay a los periodistas. “Por fin la hemos reconocido como delito internacional en el tribunal de Ruanda. Estoy orgullosa de ello”, afirmó.

El Tribunal de Ruanda fue también el primer tribunal internacional en juzgar un genocidio. Este delito se tipificó tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto como aquellos actos “cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.