El presidente Javier Milei se dispone a dar un paso decisivo en su cruzada por desregular la economía de Argentina: una reforma en la ley de protección de glaciares que abrirá las puertas a millonarias inversiones mineras en el país sudamericano, en el que hasta ahora ha prevalecido un paradigma de protección de los recursos hídricos.

Con la firma del mandatario ultraliberal, el Poder Ejecutivo envió el martes al Congreso el proyecto de reforma a la ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

La normativa vigente, sancionada en 2010, impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, definidos como área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.

El cambio más sustancial en el proyecto de reforma propuesto por Milei, que será debatido en el Parlamento durante el período de sesiones extraordinaria, es mantener esta protección sólo para glaciares y geoformas identificados como portadores de “funciones hídricas”, lo cual deberá ser determinado por cada provincia.

“Todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas”, según el texto de reforma.

El cambio en el marco regulatorio podría facilitar inversiones por más de $30,000 millones, según estimaciones el sector minero para la próxima década. El 70% estaría destinado a nuevos proyectos de cobre, oro y plata.

El gobierno de Milei apuesta a la minería para conseguir parte de los dólares necesarios para fortalecer sus reservas internacionales que le permitan afrontar sus abultados pagos de deuda. Sólo en 2026, el país sudamericano deberá cancelar vencimientos de deuda por $20,000 millones.

Sin embargo, la reforma en la ley de glaciares ha generado el rechazo unánime de las organizaciones medioambientales.

“Los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce que abastecen de forma directa a 7 millones de personas en el país e indirectamente sostienen actividades económicas regionales”, advirtió Greenpeace. “No podemos permitir que toquen la Ley de Glaciares: implicaría una condena al agua de los argentinos”.