Una batalla de casi 10 años por los derechos de las personas homosexuales en Trinidad y Tobago podría concluir el miércoles en un tribunal de última apelación en Inglaterra.

Jueces del Tribunal Supremo en Londres celebrarán una vista sobre un caso histórico de derechos humanos que podría despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en la nación del Caribe oriental, lo que potencialmente sentaría un precedente para una región caribeña mayormente conservadora.

El caso fue presentado en febrero de 2017 por Jason Jones, quien sostiene que las llamadas leyes de “sodomía” de la nación de dos islas, que datan de la era colonial y prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, son inconstitucionales. Las personas halladas culpables podrían recibir hasta cinco años de prisión.

En oposición a Jones está el gobierno de Trinidad y Tobago, respaldado por el Consejo de Iglesias Evangélicas del país y su organización hindú más grande, Sanatan Dharma Maha Sabha.

El caso ha pasado por varios tribunales. En abril de 2018, el Tribunal Superior de Trinidad determinó que las leyes eran inconstitucionales, pero un tribunal local de apelaciones revirtió parcialmente esa decisión en marzo de 2025. En julio de ese año, el Tribunal de Apelaciones de Trinidad permitió a Jones solicitar una determinación del tribunal de última apelación en Inglaterra.

Ahora, el caso está ante el Comité Judicial del Consejo Privado, y activistas de todo el Caribe observan de cerca el resultado.

En 1991, Bahamas despenalizó la homosexualidad, mientras que el gobierno del Reino Unido derogó leyes similares en 2001 en Anguila, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Montserrat y las Islas Turcas y Caicos.

Recientemente, jueces han anulado leyes similares en Barbados, Dominica, Santa Lucía y Antigua y Barbuda. Sin embargo, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen siendo delito en Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago, y San Vicente y las Granadinas.

Jones, quien actualmente tiene 61 años y ha sido abiertamente gay desde los 16, salió de Trinidad y Tobago en 1996 debido a lo que describió como violencia y discriminación homofóbicas.

“Su experiencia forma parte de un panorama más amplio”, indicaron grupos LGBTQ que apoyan a Jones en una presentación judicial reciente. “(Él) no puede expresar plenamente su sexualidad sin ser tildado de criminal”.

Jones sostiene que criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo responde a una postura moral, al afirmar que “Trinidad y Tobago es una sociedad secular y multirracial. La moral cristiana no es universal ni superior”.

Aunque las llamadas leyes de sodomía del país no se han aplicado en la historia reciente, abogados y activistas afirman que aún envían un mensaje.

“Una ley de este tipo opera no solo mediante el arresto y la condena, sino también mediante el estigma, el miedo, el ocultamiento y la exclusión”, según un argumento escrito presentado recientemente a favor de Jones.

El escrito sostuvo que criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo “agrava el estigma precisamente en la etapa en la que los jóvenes podrían estar formando su identidad, buscando apoyo, accediendo a educación y atención médica, y decidiendo si es seguro revelar abuso, acoso o riesgos de autolesión”.

El Comité Judicial del Consejo Privado está compuesto por cinco jueces. Podrían emitir una decisión tan pronto como concluya la vista del miércoles, aunque no tienen una fecha límite para hacerlo.