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El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, indicó que, entre los planes, está privatizar el Instituto de Estadísticas y eliminar las licencias que otorga el Consejo de Educación. (Archivo / GFR Media) (horizontal-x3)
El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, indicó que, entre los planes, está privatizar el Instituto de Estadísticas y eliminar las licencias que otorga el Consejo de Educación. (Archivo / GFR Media)

El gobierno anunció ayer su propuesta para viabilizar cinco consolidaciones de agencias, que incluirán la fusión de algunas dependencias y la privatización de otras.

Estas consolidaciones serán las primeras que se considerarán bajo la recién aprobada Ley de Nuevo Gobierno. El año pasado, la administración de Ricardo Rosselló ejecutó la primera consolidación cuando fusionó siete agencias bajo la “sombrilla” del nuevo Departamento de Seguridad Pública (DSP), como parte de su proyecto para achicar el gobierno.

Ahora, el Ejecutivo pretende crear la Junta Reglamentadora de Servicio Público, hacer del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y del Departamento del Trabajo y Recursos agencias sombrilla y ubicar el Consejo de Educación de Puerto Rico en el Departamento de Educación, así como al Bosque Modelo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

El proceso es uno distinto al que se usó para crear el DSP, porque, en ese caso, el gobernador envió un proyecto de ley que unificó las leyes orgánicas de las agencias a consolidar (Ley 20-2017) y dio poderes a la nueva dependencia que creaba.

Ahora, la Ley de Nuevo Gobierno -aprobada por la Legislatura el pasado 18 de diciembre- le exige al Ejecutivo presentar planes de reorganización por agencia. La Asamblea Legislativa tendrá 30 días para aprobarlos o rechazarlos, con la posibilidad de extender ese periodo por 15 días más.

Junto con la radicación del plan de reorganización o 15 días luego de aprobado, el gobernador debe presentar un proyecto de ley para derogar cuantas leyes sea necesario.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, precisó ayer en conferencia de prensa que enviaron a la Legislatura no solo los cinco planes de reorganización sino también los proyectos de las leyes que se verán afectadas.

“El gobernador se comprometió a realizar un nuevo gobierno que sea eficiente y con ajustes sustanciales en los gastos. En ese sentido, el gobernador ha estado hablando de reducir, de cerca de 118, a 35 estructuras administrativas”, aseveró Rosario Cortés.

Aseguró que, según los estimados del gobierno, estas cinco consolidaciones representarían ahorros de $30 millones el primer año y sobre $220 millones en los primeros cinco años, sin despedir empleados públicos.

No obstante, a juicio del profesor de administración pública Mario Negrón Portillo, la eficiencia del gobierno y los ahorros solo se pueden producir después de un análisis profundo de las “funciones sustantivas e indelegables” de cada agencia.

Además, dijo que la idea de consolidar agencias no es nueva, pero que no ha sido productiva.

“Esto es un embeleco y un disparate para las gradas. Coge la sombrilla que ya se ha creado, el DSP, y dame un ejemplo de cómo esta sombrilla ha sido efectiva, si no ha podido si quiera contar las muertes del huracán María”, dijo.

Fusión y privatización

El DDEC tendría bajo su sombrilla la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Oficina Estatal de Política Pública, la Corporación del Centro Regional, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Instituto de Estadísticas.

El Instituto de Estadísticas sería privatizado, pero, inicialmente, pasa al DDEC. “La externalización lo que pretende es llevarlo al sector privado”, aclaró Rosario Cortés.

Mientras que, en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), se crearía la Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales, que atendería trabajos que hoy hace la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. Además transfiere a esta agencia la Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo.

Rosario Cortés precisó que tanto el DDEC como el DTRH son agencias constitucionales, por lo que no pueden desaparecer. Por lo tanto, se convierten en sombrillas.

De inmediato, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, dijo que no podía opinar sobre el proyecto porque carecía de información detallada.

“La información que conocemos del proyecto es la reseñada por la prensa. No hemos visto el proyecto ni los detalles del mismo, por lo cual no podemos, responsablemente, reaccionar en este momento”, indicó en declaraciones escritas.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau sostuvo que la privatización del Instituto de Estadísticas “representa un conflicto de interés enorme”.

“Se presta para que la contratación a entes privados permita la manipulación estadística por parte del gobierno porque la empresa privada que sea contratada y reciba fondos para el manejo de estadísticas no querrá que se reflejen estadísticas adversas al desempeño del gobierno. En todo caso, eso debe ser un organismo público, con autonomía presupuestaria y administrativa que sirva como un instrumento de transparencia a los distintos indicadores estadísticos del desempeño gubernamental”, apuntó el senador.

También, se manifestó en contra de que se consoliden agencias fiscalizadoras o reguladoras porque “el peligro es que diluye la fuerza fiscalizadora y reguladora que se tiene que ejercer. Toda entidad gubernamental que ejerza funciones de reglamentación y fiscalización debe mantener una autonimía administrativa”.

Las funciones de la oficina del Bosque Modelo serían transferidas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ese es el mismo plan que tiene el gobierno para el Fideicomiso del Bosque Modelo, que debe crearse en noviembre, pero Rosario Cortés aclaró que esa segunda entidad también se privatizaría.

“Se adelanta la externalización a un Fideicomiso que, según la ley actual (Ley 182-2014), debe ocurrir en noviembre de 2018”, indicó.

El Nuevo Día contactó al profesor Arturo Massol, portavoz y artífice del Bosque Modelo, quien pidió espacio para analizar la propuesta del gobierno antes de emitir cualquier declaración pública.

El cuarto plan de reorganización concierne a la creación de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, que agruparía la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía, la Administración de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.

Otro plan de reorganización está destinado para el Consejo de Educación de Puerto Rico, que desaparece -así como los requisitos de licencia para instituciones educativas privadas-, y las funciones de esta dependencia las absorbe el Departamento de Educación.

“Puerto Rico adopta el modelo de 47 estados que no requieren que las instituciones educativas privadas tengan licencias del estado y se fomenta las acreditaciones de entidades privadas como ocurre en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. No obstante, se les requerirá a estas instituciones estar registradas en el Departamento de Educación”, dijo Rosario Cortés.

Preguntado sobre un posible conflicto del Departamento de Educación con entes privados que imparten enseñanza, Rosario Cortés dijo que el “Departamento de Educación diseña sus propios currículos y lo que se elimina es la acreditación”.

“Eso es lo que estamos eliminando, y no va a ser un proceso de licenciamiento, sino un proceso de registro ante el Departamento de Educación”, explicó.

Recalcó que los planes de reorganización no contemplan el despido de empleados públicos. Sin embargo, pueden ser reubicados en agencias a tono con la Ley del Empleador Único. Además, la garantía de empleo es solo para empleados permanentes y no cubre a los transitorios.

“Todos los planes garantizan la permanencia de todos los empleados que tienen derechos adquiridos sobre sus plazas, sus salarios y que no se pierdan fondos federales”, sostuvo.


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