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“Yo confío plenamente en Norma Burgos. Ha sido responsable a su trabajo. No tengo por qué desconfiar de ella”, dijo el también representante.

El secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera, cerró fila ayer, jueves, con el presidente de la colectividad, Ricardo Rosselló Nevares, quien endosó a la comisionada electoral, Norma Burgos, para que permanezca en ese cargo.

“Yo confío plenamente en Norma Burgos. Ha sido responsable a su trabajo. No tengo por qué desconfiar de ella”, dijo el también representante.

El presidente del Senado, vicepresidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, ha dicho públicamente que no confía en Burgos y le pidió su renuncia. Exigió, además, que todos los implicados en la controversia ética que rodea la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, “tienen que ofrecer explicaciones o renunciar a sus cargos también”.

De acuerdo con mensajes que hizo públicos el senador popular Aníbal José Torres, Ramos Sáenz, mientras era juez municipal, consultó decisiones con varias figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP). La subsecretaria de la Gobernación, Itza García, en uno de los mensajes, en el que también participa la ahora jefa de e la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado, da el visto bueno a la resolución del juez Ramos Sáenz sobre el voto de personas postradas en cama.  Ramos Sáenz también alude en los mensajes al secretario de la Gobernación William Villafañe y a la comisionada electoral del PNP.

Burgos ha dicho que no renunciará, mientras que Villafañe, García y Maldonado han guardado silencio.

Así las cosas, Rosselló Nevares pidió espacio para que se conduzcan las respectivas pesquisas. La Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) investiga al juez y lo mismo hace la Oficina de Ética Gubernamental. También el Departamento de Justicia comenzó una pesquisa preliminar. La OAT ha dicho que “todo” lo que trascienda será investigado.

Mientras que el Senado igualmente comenzó una investigación de esta situación al amparo de la resolución 600. “Van a correr independientes (las pesquisas)”, dijo Rivera Schatz.

El presidente del Senado envió cartas de citación a Villafañe, García, Maldonado, a la jefa de Finanzas de la CEE, Sonia I. Sanjurjo, a el secretario de la CEE, Ángel L. Rosa, y la Supervisora de la Oficina de Presupuesto de la CEE, Yarelis Meléndez.

Asimismo, documentos en poder de El Nuevo Día indican que el actual tercer vicepresidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Yoniel Arroyo, fue presidente del comité de transición de Ramos Sáenz. En uno de los mensajes que trascendieron, Arroyo figura dándole instrucciones al juez Ramos Sáenz para que “se comunique con Itza y con usted (una mujer identificada como María) para bajar (a Aguadilla -San Sebastián) la rotulación del Plan para Puerto Rico para la actividad del sábado”.

En ese comité de transición está también Ivette Ortiz, secretaria auxiliar de Hacienda, quien es la esposa del jefe de la Administración de Servicios Generales.

Dice no pidió renuncia

Rosselló Nevares rechazó que él le haya pedido la renuncia al juez Ramos Sáenz. Sin embargo, al momento en que se produjo la dimisión, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, había dicho que “la Rama Judicial ha notificado la posible conducta imputada al juez y él (Rosselló Nevares) espera que todos esos procesos concluyan. No obstante, por la pureza de todos los procesos electorales, ha solicitado la renuncia al juez y este la presentó”.

Si la Rama Judicial encaminó una investigación y también la Ejecutiva, ¿qué, si algo, Fortaleza va a hacer tomando en consideración que están implicados funcionarios del gabinete?, cuestionó El Nuevo Día.

“Pedirles a las autoridades pertinentes que hagan su trabajo, que evalúen, que investiguen. Si hay alguna imputación que hacer, que se haga. Aquí el que viole la ley, va a tener que pagar ese precio. Es así de claro”, contestó.

Las expresiones del secretario del PNP y de Rosselló son diametralmente opuestas al del director de Asuntos Públicos del PNP, Ángel “Gary” Rodríguez, quien también pidió la cabeza de Burgos. De esta forma, la controversia con la renuncia de Ramos Sáenz, además de plantear posibles violaciones a cánones éticos y a delitos, apunta a división en el seno del PNP.

El secretario de la colectividad dijo que cualquier miembro del PNP puede traer este tema durante la reunión del Directorio. Sin embargo, sostuvo que, hasta el momento no hay fecha para esa reunión. 


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