Washington - Aunque sus miembros van a funcionar con independencia, la Comisión de la Igualdad espera tener reuniones mensuales en Washington o San Juan para coordinar su agenda de presión a favor de la estadidad para Puerto Rico.

“La Comisión acordó (tener) reuniones mensuales alternando entre Washington y San Juan”, indicó a El Nuevo Día el exgobernador Pedro Rosselló González, presidente del comité nombrado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Por querer funcionar como legisladores federales “en la sombra”, los cabilderos estadistas - que a diferencia de los de Washington D.C. no fueron electos, sino nombrados por el gobierno- van a dar a los miembros del comité la libertad de promover ideas que tendría un congresista electo.

“No es nada diferente a cualquier otra delegación congresional con miembros que tienen membresía partidista diferente y que pueden diferir de las posturas del gobierno estatal”, indicó Rosselló González, padre del gobernador de Puerto Rico.

En sus primeras reuniones en Washington, la comisión -que persigue emular en alguna forma el plan que siguieron Tenesí y otros territorios para alcanzar la estadidad- puso a prueba esa autonomía.

Tanto el exgobernador Carlos Romero Barceló como el activista conservador Alfonso Aguilar dijeron que el movimiento estadista debe estar abierto a considerar el status de territorio incorporado, que supondría pagar contribuciones sobre ingresos y una promesa de estadidad, como una breve transición hacia la estadidad.

El gobernador Ricardo Rosselló rechaza la idea de ir primero hacia un status de territorio incorporado.

Como otro ejemplo de las posturas diferentes que pueden asumir los miembros de la comisión, Aguilar - presidente de la Alianza Latina Conservadora y comentarista político en medios estadounidenses-, advirtió que discrepa de la política pública del gobernador Rosselló Nevares a favor de insistir en otorgar plena exención a las empresas foráneas de la isla de los nuevos impuestos que establece la reforma tributaria federal.

“Continuar empujando políticas basadas en exenciones contributivas sencillamente no funciona. Mi parecer siempre ha sido que nuestro objetivo debe ser que a Puerto Rico se le trate como una jurisdicción doméstica, que se incluya en el código contributivo como una jurisdicción doméstica, con todo lo que eso significa, como el pago de impuesto sobre ingresos y para corporaciones, con un período de transición”, sostuvo Aguilar, quien en el pasado ha advertido que en el Congreso no cobró vuelo el argumento del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que la estadidad ganó el plebiscito de 2012.

El debate sobre la reforma contributiva federal causó tensiones en diciembre entre los miembros de la Comisión de la Igualdad, pues los tres republicanos de entonces en el organismo - el exgobernador Luis Fortuño, Zoraida Fonalledas y el militar jubilado Félix Santoni- objetaron que en un comunicado de prensa de la comisión se afirmara que “Estados Unidos nos ha tratado indigna, injusta y cruelmente” en la reforma contributiva federal. Santoni, quien tiene 83 años, renunció dos semanas después al comité, debido a razones de salud, que luego dijo que estaban vinculadas a los viajes que hubiese tenido que hacer y a las tensiones internas en el grupo. Aguilar sustituyó a Santoni.

El pasado miércoles, la comisionada residente Jenniffer González – como parte de los mensajes que presentan los congresistas federales previo al inicio de la sesión del día, que son transmitidos por la cadena C-SPAN-, colocó en el récord del Congreso quiénes son los miembros del grupo.

Unos 20 funcionarios y activistas estuvieron en las gradas, junto a miembros de la comisión. El gobernador y los presidentes de las cámaras legislativas, Thomas Rivera Schatz, y Johnny Méndez, fueron algunos de los observadores.

Como es usual, solo un puñado de congresistas -que esperaba turno para presentar sus propios mensajes- presenció el discurso de la comisionada. Allí estuvieron también los  exgobernadores Fortuño y Romero Barceló, quienes tienen acceso al hemiciclo cameral por haber sido comisionado residente en Washington.

La visita del grupo a las secretarías del Senado y la Cámara baja fue también otro acto simbólico. La comisionada González explicó que en esas oficinas entregaron las certificaciones del Departamento de Estado de Puerto Rico sobre los nombramientos de los miembros del comité.

Aunque el representante del PNP José Aponte propuso otorgarle $5 millones a la comisión para financiar sus gastos, el gobernador Rosselló Nevares insistió en que los integrantes han decidido no recibir desembolsos. El exgobernador Rosselló González sostuvo que eso incluye no aceptar dinero público para viajes, alimentos o estadía.

De acuerdo a la ley que permitió crear la comisión, el gasto público se limitará a las tareas de apoyo y espacio de oficina que provee la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa). “La delegación no ha solicitado ni solicitará fondos para gastos de los miembros de la delegación”, dijo Rosselló González.

Durante su primera semana oficial en Washington, Rosselló González señaló que los miembros de la comisión visitaron una docena de congresistas y senadores. Los encuentros incluyeron al decano de la Cámara baja, el republicano Don Young (Alaska), un viejo aliado del movimiento estadista.

También conversaron con el congresista demócrata Joaquín Castro (Texas), quien tras conocer los resultados del plebiscito del pasado 11 de junio expresó ese día por Twitter su respaldo a la estadidad. Rosselló González y Aguilar tuvieron, además, un encuentro con los legisladores federales en la sombra de la jurisdicción de Washington D.C., que desde hace tres décadas busca ser el estado 51 de EE.UU.

A las reuniones de la semana pasada en el Congreso asistieron Rosselló González, Romero Barceló, Aguilar, Fortuño, el presidente del Partido Demócrata de EE.UU. en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, y la delegada republicana Zoraida Fonalledas.

Iván “Pudge” Rodríguez, miembro del Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas de EE.UU., se excusó por tener compromisos con un torneo de golf en Orlando (Florida).

De acuerdo a los nombramientos, Romero Barceló y Fonalledas son considerados por el gobierno de Puerto Rico como ‘senadores federales en la sombra”. Rosselló González, Fortuño, Charlie Rodríguez, Aguilar y “Pudge” Rodríguez son “representantes federales en la sombra”.

Aunque Fortuño y Aguilar residen en la zona de Washington D.C., mantienen sus domicilios en Puerto Rico. Aguilar, sin embargo, reconoció que no votó en el plebiscito de junio y no quiso precisar la última vez que ejerció su derecho al voto en la isla.

Pese a que inicialmente se dijo que “Pudge” Rodríguez iba a establecer su domicilio en Puerto Rico, al parecer eso nunca ocurrió.

Rodríguez – quien tampoco votó en el plebiscito-, pudiera considerarse como un representante de la diáspora, pues ha tenido su residencia principal en Florida.

¿Reglamento?

Cuando tuvo su primera reunión, en agosto de 2017, el comité indicó que trabajaba en un reglamento. Pero, el documento no ha sido dado a conocer.

Tampoco se conoce que hayan adoptado normas éticas internas. Por lo menos uno de los miembros del grupo, el exgobernador Fortuño, es cabildero profesional, con clientes en Puerto Rico.

Debido a que no cobran dinero y son miembros de una comisión nombrada por el gobierno del territorio de Puerto Rico, dos expertos consultados creen que no tienen que registrarse ante el Congreso como cabilderos. Fernando Martín, quien fue profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y es presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sostuvo que si hubiera algún conflicto de interés entre los miembros del Comité de la Igualdad “lo que se puede hacer es denunciar, pero la realidad es que todo el mundo sabe que ese proceso no es en serio”.

Las reuniones se dieron siete meses después del plebiscito criollo de junio de 2017, en el que en medio de un boicot de los partidos de oposición y con solo 23% de participación, la estadidad obtuvo el 97% de los votos.

La oposición ha descartado que, con ese trasfondo, la propuesta de estadidad avance en Washington.

Debido a que su proyecto anterior aludía al cancelado esfuerzo por lograr que el Departamento de Justicia federal validara el pasado plebiscito, la comisionada González se propone presentar a finales de mes un proyecto de ley que impulsará que el Congreso le ofrezca la admisión a Puerto Rico como estado 51. La medida sería promovida entonces por los miembros del Comité de la Igualdad, que deben reunirse nuevamente en febrero.

Hasta el momento, los comités con jurisdicción en el tema del status – las comisiones de Energía y Recursos Naturales del Senado, y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes-, han estado dedicados a los asuntos relacionados con la crisis fiscal, el huracán María y el escándalo Whitefish.

En momentos en que los cabilderos pro estadidad recorrían el Congreso, portavoces de ambos comités reiteraron que siguen centrados en la recuperación de la isla de la catástrofe causada por el huracán María y en la reconstrucción de la red eléctrica.

El gobierno de Ricardo Rosselló decidió no esperar por una certificación del Departamento de Justicia de EE.UU., pero la ley de 2014 que autoriza al secretario de Justicia a determinar si las alternativas de status de un plebiscito en la isla cumplen con la constitucionalidad, legalidad y política pública federal, sigue vigente.

Jeffrey Farrow, quien ha cabildeado para grupos estadistas y lidiado con el debate de status desde el Congreso y la Casa Blanca de Bill Clinton, sostuvo que lograr un referéndum vinculante para el Congreso es muy complicado, entre otras cosas debido a la corta duración de la sesión – dos años-, y las enmiendas de ley que son necesarias. Constitucionalmente, un Congreso no vincula al siguiente.

Pero, Farrow sí cree que la ley de 2014 aún puede utilizarse con efectividad. “La ley vigente a favor de un plebiscito puede crear una obligación moral” dijo, al acentuar que pudiera ser un referéndum “sobre una sola opción de status que puede resolver el debate”, como “la estadidad, independencia o una asociación soberana que cualquiera de las dos naciones puede terminar unilateralmente”.

Farrow plantea que el estatuto vigente puede enmendarse para ordenar “un proceso después del plebiscito” que reglamente “los cambios necesarios en las leyes”.

Si quisiera legislar otra vez sobre el asunto, el Congreso tendrá que tomar en cuenta la ley Promesa, que creó una junta que controla las finanzas públicas de la isla y un proceso de reestructuración de la deuda que solo pueden existir bajo el status territorial. La junta puede estar en vigor, por lo menos, hasta el fin del próximo cuatrienio y el proceso de reestructuración de la deuda apenas comienza.