El gobernador Ricardo Rosselló Nevares durante un mensaje en La Fortaleza. (Juan Luis Martínez)

Amparado en un supuesto estudio legal que presuntamente lo exonera de cualquier violación legal en el escandaloso chat de Telegram, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, insistió que se mantendrá en su puesto y no renunciará porque, según entiende, su permanencia en el cargo está en los mejores intereses de Puerto Rico.

“Ya tomé la decisión y la reitero. Voy a continuar trabajando para el pueblo de Puerto Rico”, dijo durante una conferencia de prensa mientras en las afueras del Palacio de Santa Catalina ya se asomaban manifestantes en lo que sería el cuarto día consecutivo de protestas de personas que exigen su renuncia inmediata.

“Es lo mejor para el país”, añadió el ejecutivo en momentos en que la exsecretaria de Educación bajo su administración, Julia Keleher, llegaba al Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal para entregarse a las autoridades federales por los cargos de corrupción que se le imputan.

En múltiples ocasiones la prensa le preguntó quién había hecho el análisis legal que supuestamente lo exoneraba y el gobernador evitó ofrecer nombre alguno. Aseguró que la consulta la pagó él personalmente.

La supuesta apreciación del gobernador contrasta, sin embargo, con la opinión de múltiples abogados especializado en litigios criminales y constitucionales, algunos de ellos políticos como el representante Denis Márquez, quien hasta redactó posibles acusaciones contra el gobernador y sus allegados participantes del chat.

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El sábado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó 889 páginas del chat en el que aparecen comentarios sexistas, misóginas, homofóbicas, insultos y lo que parece ser indicios de persecución contra toda persona que hablara o se opusiera al gobierno. Entre los participantes del chat, obsesionados con la imagen del gobierno, está el propio gobernador, el cabildero Elías Sánchez, el publicista Edwin Miranda, los asesores de comunicaciones Carlos Bermúdez y Rafael Cerame, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino, el secretario de la gobernación Ricardo Llerandi y el jefe de Asuntos Públicos Anthony Maceira, entre otros.

El sábado, el gobernador anunció la salida inmediata de sus allegados de las gestiones gubernamentales, asunto que no se haconcretado en todos los casos porque, según el gobernador, se necesita una “transición”.

Afirmó que entiende que él, a pesar deque participó activamente y hasta fue autor de muchas de las burlas y comentarios que podrían al menos rozar en ilegalidades, no tiene que salir del gobierno porque, de todos los miembros del chat, era el único funcionario electo. Su elección fue con apenas el 43% de los votos.

Para el gobernador, el contenido del chat, según repitió en múltiples ocasiones, solo refleja una “imprudencia”. Incluso las mofas que aparecen en el chat sobre la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses fueron una imprudencia, a su juicio. Incluso las órdenes que daba el gobernador para que la compañía de publicidad del gobierno -que tenía millones de dólares en contratos con entidades públicas- usando una red de “trolls” desacreditaran a toda oposición gubernamental, fue una imprudencia. Incluso las amenazas de entrarle a “tiros” que hizo el jefe de Aafaf contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto fue una imprudencia, según el mandatario. Incluso la conspiración para dejar sin trabajo a la esposa del senador independentista Juan Dalmau.

“Tengo que tomar una determinación para los mejores intereses para Puerto Rico. Esa es la determinación que he tomado y entiendo que es lo mejor para dar resultados”, dijo Rosselló Nevares.

El gobernador resaltó que la Cámara de Representantes no le ha pedido la renuncia. Este cuerpo legislativo es el que puede comenzar un proceso de residenciamiento. De hecho, Rosselló Nevares alegó que la posibilidad de que fuera sacado a la fuerza de La Fortaleza es algo que no está sobre la mesa de discusión en el cuerpo legislativo.

El gobernador afirmó que ni el presidente del Senado Thomás Rivera Schatz, ni el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez le han pedido la renuncia. Rivera Schatz escribió recientemente en sus redes sociales que todos los participantes del chat deben renunciar, sin distinción alguna para el gobernador.

“¿Qué se necesita para que usted renuncie?”, se le preguntó.

“No voy a contestar un escenario hipotético”, dijo el gobernador.

Cuando se le preguntó si la única salida que percibe de su puesto es mediante un proceso electoral que ocurre cada cuatro años, el gobernador dijo: “Ese es nuestro sistema. La democracia está ahí. En el asunto de esta posición que ostento, el sistema es uno de cada cuatro años”, afirmó.

Por otro lado, el gobernador alegó que nunca delegó poder alguno a su exdirector de campaña y cabildero Elías Sánchez Sifonte en las agencias. Lo mismo dijo de asesor Alberto Velazquez Piñol, quien fue arrestado, junto a otras cinco personas el pasado miércoles por el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) por presuntos esquema de venta de influencias.

Ante insistencias de la prensa, el Ejecutivo sí admitió que Velázquez Piñol tuvo roles de liderato en el tema de salud en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), como parte de los trabajos de estabilización asociados a los huracanes Irma y María. Justificó esas funciones, precisamente, por la urgencia que se vivía en ese momento. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, ha denunciado públicamente que Velázquez Piñol se presentaba en reuniones como un asesor de La Fortaleza y dirigía los trabajos asociados a los cambios al Plan de Salud del Gobierno, bautizados recientemente con el nombre de Vital.

Rosselló Nevares dijo desconocer si hay otros chats que pudieran implicarlo en actuaciones impropias, ilegales u objetables, como se observó en las copias de lo escrito en la plataforma de mensajería Telegram divulgadas el sábado. Pese a desconocer el presunto contenido de “otros chats” comenzó a lanzar insinuaciones de que podrían ser documentos alterados.

El ejecutivo también alegó que no ha cometido ilegalidad alguna con el manejo de los fondos y los donativos a la iniciativa Unidos por Puerto Rico, que se forjó en medio de la emergencia huracanada. Sostuvo que ni él ni su esposa Beatriz Rosselló han sido interrogados sobre este asunto. Insistió en que su esposa solo tuvo un rol de portavoz en la iniciativa, pese a que una auditoría del propio gobierno le adjudica a la primera dama roles administrativos durante el primer mes de la iniciativa.

Cuando se le cuestionó sobre los intentos de manipulación de la opinión pública y las críticas sobre su intervención de ayer en un programa de la emisora Z93, el gobernador sostuvo que sólo negoció la entrevista fuera por espacio de una hora de duración. Culpó a la emisora por supuestamente no dejar a la abogada Mayra López Mulero participar del periodo. Alegó que su escolta no impidió el trabajo de los medios de comunicación, los presentadores de programas y los que buscaban alguna reacción suya en medio de este escándalo.

Sin embargo, en visuales publicados por las redes sociales se aprecia como miembros de la escolta impedían el paso de periodistas y hasta propinaban empujones para limitar el acceso de algunos medios al gobernador.

Rosselló Nevares aceptó que todo este escándalo, y las protestas que por cuatro días consecutivos se han llevado a cabo en el Viejo San Juan, están afectando al turismo y, potencialmente, pueden crear problemas para la economía en general.

También minimizó las expresiones de La Casa Blanca reafirmando que el gobierno de Puerto Rico estaba plagado de corrupción, alsostener que “todos” los gobiernos de tienen problemas de este tipo.

Objetó también que “algunos manifestantes” en días recientes hayan cometido actos de violencia durante las protestas.


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