El senador Nelson Cruz es el autor de la medida. (Teresa Canino )

El Senado aprobó hoy, lunes, el proyecto de la nueva Ley de Armas tras acoger las enmiendas propuestas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced que condicionaban la firma de la medida una vez sea validada por ambos cuerpos legislativos y llegue a La Fortaleza. 

“Tenemos ante nosotros un proyecto de vanguardia y un proyecto que el pueblo de Puerto Rico está esperando. Los más vulnerables están esperando este proyecto”, argumentó el autor de la medida, el senador Nelson Cruz, quien fue aplaudido desde las gradas. 

“Estamos creando legislación para los buenos…esta ley tiene más garras en término de lo que son los delitos y penalidades, cosa que no tiene la legislación vigente”, sostuvo el senador.

La medida se aprobó con 15 votos a favor y seis en contra. Los senadores penepés Luis Daniel Muñiz y Larry Seilhamer se abstuvieron. Mientras, las minorías votaron en contra de la medida.

Al concluir la pasada sesión ordinaria, en junio, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de conferencia de la pieza, pero las cámaras pidieron la medida de vuelta para reconsiderarla e integrar los cambios propuestos por la gobernadora.

Una de las enmiendas le permite a la Policía acceder al Servicio de Información de Justicia Criminal (CJIS, en inglés). Ese banco de datos se une a otros a los que la Uniformada tendrá acceso para conseguir información sobre los solicitantes de licencias de armas.

Los defensores del proyecto argumentan que, con el acceso a esas plataformas, hay suficientes filtros que permiten a la Policía verificar el trasfondo de un solicitante. Igualmente, la medida le concede 45 días para tramitar una solicitud y 30 días desde enero del 2021, lo que contrasta con los 120 días actuales.

“Los rigores a los que se somete la persona que solicita esta licencia son mayores, son profundos y ofrecen garantías suficientes para asegurarse el gobierno y el pueblo de Puerto Rico que se le está expidiendo armas de fuego a personas aptas para portarlas. Plantear que se está flexibilizando este aspecto de la portación no es correcto. Se está eliminando burocracia, obstáculos, barreras para que la gente horada y decente pueda portar un arma de fuego”, señaló el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Se estima que en Puerto Rico hay unas 85,000 personas legalmente armadas.

La medida también consolida, en una licencia, los permisos de tiro al blanco y de portación. Además, reduce a $200 los costos para solicitar la licencia y elimina el trámite de la vista judicial al solicitar el permiso de portación.

La Fortaleza también insistió en revertir la versión del proyecto aprobado la pasada sesión para incluir las penas contenidas en la actual Ley de Armas, descrita por la Sociedad para la Asistencia Legal como la ley de este tipo más punitiva en el mundo. Esa propuesta también fue acogida por el Senado.

Cruz indicó que el acuerdo fue incluir en el artículo 6.1 lenguaje que establece que “todas las penas de reclusión que se impongan bajo esta Ley serán consideradas para la libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el 75% del término de reclusión impuesto”.

Ante estas enmiendas “punitivas” incluidas, el senador independiente José Vargas Vidot cree que le dan la espalda al mandato constitucional de rehabilitación. “¿Cuál es la manía de seguir insistiendo en lo punitivo? ¿Cuál es la manía de seguir atragantando en la garganta ya destruida de este pueblo a idea de que mayores castigos nos aseguran más seguridad? No ha funcionado en ningún sitio y no funcionará nunca”, sostuvo el legislador. 

“Este proyecto, después de ser un buen proyecto, está siendo enmendado para que se aborte esa humanización”, agregó Vargas Vidot. 

Cruz explicó, además, que la medida incluye lenguaje para que la Policía pueda ocupar armas de fuego. “No existe un protocolo para que la Policía de Puerto Rico pueda atender este asunto”, indicó al agregar que también se “aclara” la definición de revolver y del concepto de armas “semi-automática”.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Cirilo Tirado, cuestionó la aprobación de la medida en momentos en que "en Estados Unidos la corriente es evitar la adquisición de armas de fuego que han provocado, muchas de ellas adquiridas de forma legal, el asesinato a mansalva en escuelas, en comercios, en discotecas y en barras”.

Cuestionó, igualmente, en que el argumento para aprobar la medida sea el que los ciudadanos ahora van a tener la oportunidad de defenderse ante la escasez de policías en la calle. “Estoy bien consciente que esta ley más allá de permitir que la persona tenga armas de fuego, va a provocar posiblemente…un incremento de asesinatos entre parejas”. 

“Donde hay armas en el hogar más aumenta la posibilidad de muertes producidas, precisamente, por violencia de género”, agregó.


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