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De cara a las elecciones, la organización AARP presenta una propuesta de política pública y acción social para todos los partidos, en la que reclama que se hagan cumplir leyes vigentes, pero a las que les faltan fondos, herramientas y procesos claros de implantación.

En el documento Plataforma de Gobierno 2025/28, que recoge planes y reclamos para la población mayor, aunque plantea una visión intergeneracional para el bienestar de todos, se declara que: “Hay que dar un giro de 180 grados y romper con la inercia gubernamental. Desde el siglo pasado, la política pública se ha caracterizado por el edadismo (discrimen por edad), acompañado por serias insuficiencias en la ejecución de políticas públicas de avanzada, que son urgentes ante las tendencias mundiales modernas sobre envejecimiento”.

Destaca, además, que el gobierno no se preparó para el cambio demográfico –del que se habló por años– y que resultaría en una población envejecida con necesidades que hay que atender por el bien del desarrollo y sostenibilidad del país. “Ahora, urge establecer una estructura gubernamental de evaluación, ejecución y sostenibilidad de política pública que rectifique el rumbo del país”, establece.

Es la cuarta vez que AARP presenta propuestas a los partidos políticos en año eleccionario. Al menos, en el cuatrienio pasado, todos acogieron ideas de la organización e, incluso, muchas de ellas se han convertido en ley en los pasados años. Sin embargo, la falta de dirección, recursos, voluntad y adjudicación de responsabilidad para la ejecución por agencias ha impedido la total implantación de dichos estatutos dirigidos a los adultos mayores.

Una de las innovaciones de la nueva invitación a los partidos y candidatos políticos es a reconocer que el envejecimiento es parte de una vida que comienza al nacer y que las personas mayores son resultado de las condiciones de vida, oportunidades, limitaciones y proyectos que tuvieron en sus etapas anteriores. Por ello, AARP plantea que hay que gobernar considerando el continuo de la vida en lugar de tratar de reparar en los años adultos.

La propuesta de la organización dedicada a la defensa de los derechos y búsqueda de soluciones a las necesidades de las personas de 50 años o más está dividida en cuatro segmentos: salud y bienestar, seguridad financiera, comunidades habitables y conexiones sociales.

En salud y bienestar, se propone implantar la política pública sobre derechos del paciente, Ley 194-2000, para reducir el tiempo de espera en las citas médicas, e implantar la Ley 82-2023, “Carta de Derechos de los Cuidadores Familiares”, proveyendo recursos de capacitación para familiares y cuidadores que trabajan fuera del hogar, así como flexibilidad en el empleo para que tengan más opciones para cumplir su responsabilidad. Asimismo, se propone que se adopten las recomendaciones de un informe de la Cámara de Representantes para atender asuntos que afectan a personas que cuidan sus familiares, como acceso al sistema de salud, fuerza laboral y administración de la justicia.

La sección de salud y bienestar enfatiza en la prevención, mejorar el acceso al sistema de salud, el apoyo a cuidadores y demás familiares y la promoción y prevención de la salud mental. Igualmente, propone crear una nueva ley que cobije a los establecimientos de cuidado prolongado (hogares) mediante la cual se modernice el concepto de estas instituciones para que cuenten con programas de estimulación cognitiva y de socialización de sus residentes.

En la parte de seguridad financiera, que está dirigida a una jubilación sustentable, protección de los activos y mantener o reincorporar a los adultos mayores en el mundo laboral, se pide implantar la Ley 42-2023, de “Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral”, para educar sobre la administración de bienes, el ahorro y la planificación financiera para el futuro. Se propone, también, activar el grupo de trabajo encabezado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, facultado por la Ley 42, para desarrollar y ejecutar un proyecto de capacitación financiera (“financial literacy”).

De igual forma, AARP sostiene la necesidad de enmendar la Ley 168-2000, “Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de Personas de Edad Avanzada”, para que tenga facultades cuasijudiciales comparables con las de la Administración para el Sustento de Menores. La idea es que los trámites sean más ágiles cuando se le imponga responsabilidad de manutención a un hijo o hija para sus padres.

En la parte de comunidades amigables, que aspiran a contar con lugares que adapten sus servicios y estructuras físicas para ser más inclusivas y se ajusten a las necesidades de su población, se plantea la necesidad de enmendar la Ley 121-2019, “Carta de Derechos de los Adultos Mayores”, para incluir al Departamento de Transportación y Obras Públicas, de forma que se implante la “Ley de Calles Completas” y el reglamento correspondiente y haya componentes de atención a la población adulta mayor en los Centros de Servicios al Conductor.

Mientras, la sección de conexiones sociales tiene los siguientes objetivos: crear oportunidades para que los adultos mayores se relacionen y socialicen; enfocar en ese grupo y su diversidad para desarrollar opciones de recreación y entretenimiento que aporten a su calidad de vida; y aumentar la oferta educativa, incluyendo capacitación en el uso de tecnología.

Una de los incisos que destacan es el que indica que se debe crear una posición permanente en La Fortaleza que viabilice la implantación de la Ley 121. Igualmente, se presenta la idea de que el mandatario de turno designe el próximo período de gobierno como el “Cuatrienio de la persona adulta mayor”, dirigido a que se implanten la Ley 121 y el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable que presentó, en la semana recién concluida, Pedro Pierluisi.

AARP también propone combatir el edadismo en todas sus dimensiones, fortalecer la función del Departamento de Recreación y Deportes para que tenga ofertas para los mayores y desarrollar un programa de educación para servidores públicos para eliminar el discrimen por edad que afecta la atención directa al público.

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Fuentes: Plan Decenal de Envejecimiento Saludable y Plataforma de Gobierno 2025/28 de AARP