Al insistir en que se trata de un asunto “completamente difamatorio”, la gobernadora Jenniffer González descartó este miércoles que las autoridades en la isla indaguen sobre los hallazgos que reveló una investigación periodística del medio ProPublica respecto a un supuesto esquema de compra de votos en las cárceles a cambio de drogas que supuestamente la favoreció en el pasado ciclo electoral.

“Hacer esas alegaciones de droga, de cambio de votos, es lo más alejado de la realidad que alguien puede ver. Primero, que yo no he visitado las cárceles, las alegaciones que se hacen no ha habido nada de ese tipo y, si las hubiera, si en efecto hubiera habido esas investigaciones, fueron durante el pasado cuatrienio, y a mí no me consta. Yo era comisionada residente en Washington. Yo era una funcionaria federal”, sostuvo la mandataria cuando se le preguntó sobre el tema, al concluir una conferencia de prensa en La Fortaleza.

¿No debe haber una investigación?, se le insistió.

“Aquí no hay nada. Y, si tienen investigaciones del pasado cuatrienio, que las hagan, que las lleven a feliz término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las cosas que se señalan ahí, mucho menos mi campaña”, respondió.

ProPublica reseñó el martes que, aunque los investigadores tenían pruebas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional de la isla, preparaban acusaciones y buscaban conocer si la entonces comisionada residente en Washington o su equipo de campaña estaban involucrados, la jefatura de la fiscalía federal en San Juan ordenó excluir las denuncias sobre la compra de votos de las alegaciones en contra de miembros de la organización Grupo 31.

Según la investigación periodística, el esquema estaba a cargo de la organización criminal Grupo 31, conocida también como “Los Tiburones”. En diciembre de 2024, la fiscalía federal presentó cargos criminales contra 34 personas vinculadas a esa agrupación, imputadas de distribuir drogas en casi todo el sistema carcelario, principalmente con el uso de “drones”.

“Aquí cualquiera se inventa una noticia sin fuentes, sin opinión oficial, sin datos, para mancillar reputaciones y dañar reputaciones en aras de una contienda política electoral en los Estados Unidos, donde estamos en las elecciones de medio término. La agencia o el medio que hace esta publicación es un medio financiado por la izquierda, de un corte sensacionalista, reconocido, que tiene la costumbre de hacer reportajes de encargo contra líderes republicanos y, ciertamente, contra el presidente (Donald) Trump”, argumentó la mandataria.

“Y, como parte de esa encomienda, de cara al año electoral, pues hasta a Puerto Rico nos meten en ese entuerto, sin tomar en consideración, primero, que yo no era gobernadora en el pasado cuatrienio, que yo no visité las cárceles en el pasado cuatrienio, que yo fui, de hecho, tuve el voto en contra de los confinados en el proceso de primaria, en una proporción de 80-20, y que las cosas que se mencionan en ese artículo son totalmente falsas”, enfatizó.

En la misma dirección, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones, rechazó este miércoles, durante una vista pública de la Cámara de Representantes, la existencia de tal esquema en las cárceles, y dijo que no ha recibido ningún requerimiento de información por parte de las autoridades federales.

“En el 2024, ni Jenniffer González era la gobernadora ni este servidor era el secretario. Aquí se están haciendo las cosas correctamente, o alguien pensaría que la gobernadora iba a traer un exfiscal, un exjuez superior para hacer lo contrario”, indicó el secretario, en referencia a su trayectoria.

“Si ellos (fiscalía federal) tienen alguna información que implique a algún empleado, más allá de los confinados que fueron acusados, pues ellos procederán en algún momento, si es que ellos tienen la evidencia”, expuso el secretario durante el turno de preguntas en la audiencia pública sobre el presupuesto de la agencia.

En la Legislatura, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, así como las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño en ambos cuerpos legislativos presentaron sendas resoluciones para investigar las alegaciones.

González indicó, además, que, a su llegada a La Fortaleza, algunos familiares de confinados respaldaban la permanencia de la entonces secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, bajo cuyo secretariado ocurrieron los supuestos hechos, pero ella optó por nombrar a Quiñones en el puesto.

“Y ¿qué fue lo primero que hizo cuando llegó en enero? Es que tenemos que buscar en los datos, hacer redadas por la incautación de drogas y otros artículos", subrayó.

“Incluso, hablan que el presidente Trump detuvo una investigación antes de juramentar. Él ni siquiera era presidente de los Estados Unidos cuando se hacen las alegaciones”, agregó.

En cambio, la primera ejecutiva reclamó acción contra la persona responsable de utilizar la cuenta oficial en redes sociales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para transmitir un evento proselitista del Partido Nuevo Progresista (PNP), que ella preside. El asunto está bajo la consideración de la Oficina de Ética Gubernamental, mientras que la corporación pública hace una investigación administrativa.

“Debe referirse... en la investigación que está haciendo la AAA, para que se tomen todas las medidas. Eso no se puede permitir. La persona que sea, haga transmisiones de índole personal o político, no debe estar permitido en ninguna cuenta de ninguna agencia de gobierno. Y, como tal, le corresponde a la agencia proceder, una vez que termine con la investigación, con el referido que corresponde, las acciones que correspondan o las penas”, sentenció.

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La reportera Leysa Caro González colaboró en esta historia.