Un miembro pide una Medalla Presidencial de la Libertad para un panadero que se negó a elaborar un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo.

Otro solicita intervenciones judiciales del Departamento de Justicia en nombre de padres amish que luchan contra los requisitos de vacunación de Nueva York y de monjas católicas que impugnan la exigencia de ese estado de que se adapten a las identidades de género de pacientes de cuidados paliativos.

Y el presidente de la Comisión de Libertad Religiosa pide una línea telefónica federal con esta grabación automatizada: “No existe separación entre la Iglesia y el Estado”.

Estas son solo algunas de las recomendaciones que los integrantes del panel asesor formado el año pasado por el presidente Donald Trump quieren ver en el informe final de la comisión.

Ese informe aún está en elaboración, pero los comisionados tuvieron la oportunidad de describir sus listas de deseos durante su reunión más reciente, efectuada en abril. Hubo poca disidencia mientras los comisionados, la mayoría de ellos, proveniente de la base de apoyo de Trump entre cristianos conservadores, enumeraban los puntos que quieren en el informe.

Sus ideas reflejan las perspectivas predominantes sobre la definición de la libertad religiosa entre muchos activistas católicos conservadores y evangélicos: aumentar las vías para la expresión religiosa en las escuelas públicas, ampliar las oportunidades para que organizaciones basadas en la fe reciban dinero público, y permitir exenciones por motivos religiosos en ámbitos que van desde el derecho laboral hasta las lecciones en el aula y los mandatos de atención médica.

Esas posturas también se han reflejado en decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitidas en años recientes por su mayoría conservadora.

Los críticos de la comisión afirman que ésta encarna una perspectiva unilateral de los simpatizantes de Trump y que pone en riesgo una separación constitucional bien establecida entre Iglesia y Estado, pese a las afirmaciones del presidente del organismo.

Una demanda presentada por una coalición interreligiosa progresista sostiene que la comisión no cumple con la ley federal que exige que los paneles asesores incluyan miembros y puntos de vista diversos.

La demanda hace eco de las críticas de que la mayoría de los comisionados son clérigos y comentaristas cristianos conservadores, y uno es un rabino judío ortodoxo. La coalición afirma que los miembros han sostenido que Estados Unidos es específicamente una nación judeocristiana o cristiana y señala que la mayoría de las reuniones de la comisión se realizaron en el Museo de la Biblia en Washington, una institución dirigida por cristianos.

El gobierno republicano pide a un tribunal federal que desestime la demanda. El gobierno invoca tecnicismos legales y sostiene que la ley no define cómo debe equilibrarse de manera justa una comisión ni qué puntos de vista deberían estar representados.

Otra entidad creada por Trump, el Grupo de Trabajo para Erradicar el Sesgo Anticristiano, emitió un informe donde afirma que los cristianos enfrentaron discriminación durante el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden en áreas como educación, derecho tributario y el enjuiciamiento de manifestantes antiaborto. Diversos grupos progresistas dijeron que ese informe no logró documentar una discriminación sistémica, se centró en causas favorecidas por cristianos conservadores y equivalió a una labor de defensa más que a una investigación.

En un entrelazamiento adicional de iniciativas vinculadas a Trump, varios miembros de la Comisión de Libertad Religiosa tienen previsto participar en un acto de oración el 17 de mayo para conmemorar el próximo 250mo aniversario de la independencia del país. Varios de ellos también participaron en un reciente maratón de lectura de la Biblia realizado principalmente en el Museo de la Biblia.

En gran medida, la comisión ha mostrado coincidencia entre sus miembros, con una notable excepción. Una comisionada, Carrie Prejean Boller, fue expulsada en febrero tras una polémica audiencia sobre antisemitismo.

El presidente de la comisión, Dan Patrick, dijo que Prejean Boller intentó “secuestrar” la audiencia, en la que tuvo ríspidos diálogos con testigos sobre la definición de antisemitismo y defendió a la comentarista Candace Owens, al negar su historial de declaraciones antisemitas. Prejean Boller, de fe católica, sostuvo que fue expulsada injustamente por expresar sus creencias.

En otras audiencias, varios testigos describieron cómo desafiaron normas laborales que, según dijeron, entraban en conflicto con sus valores religiosos conservadores sobre género, aborto, vacunas contra el COVID-19 y otros temas. Algunos afirmaron que se les impidió, al menos temporalmente, exhibir un símbolo religioso en el trabajo o intentar cantar una canción cristiana en un concurso de talentos escolar.

En la audiencia dedicada al antisemitismo, testigos judíos hablaron de haber sido acosados y amenazados en protestas propalestinas contra Israel en los campus. La comisión también ha escuchado a algunos testigos hindúes, musulmanes, sijs y de otras confesiones.

Aun así, los críticos dijeron que la comisión se centró principalmente en agravios políticos de cristianos conservadores y de la derecha.

El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, presidente de la progresista Interfaith Alliance, uno de los grupos que han presentado una demanda por la composición de la comisión, dijo que las omisiones del panel son tan significativas como aquello en lo que se enfoca.

Afirmó que la comisión no ha abordado adecuadamente asuntos como las medidas antimusulmanas en Texas y otros lugares, y tampoco el aumento del antisemitismo en la derecha, no solo en la izquierda.

Raushenbush dijo que le preocupa especialmente que el presidente de la comisión cuestione la propia noción de separación entre la Iglesia y el Estado.

Patrick, republicano y vicegobernador de Texas, ha denunciado repetidamente un concepto que está incorporado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

“Tenemos que decir que no existe separación entre la Iglesia y el Estado”, dijo Patrick en la reunión de abril. “Eso es una mentira”. Sugirió imprimir “un millón de calcomanías para parachoques” con ese mensaje.

Nadie en la reunión de la comisión discrepó.

Trump hizo comentarios similares en un acto de oración en la Casa Blanca en 2025. “Dicen separación entre la Iglesia y el Estado”, dijo Trump. “Yo dije: de acuerdo, olvidemos eso por una vez”.

Aunque la frase “separación entre la Iglesia y el Estado” no aparece en la Constitución, en decisiones tomadas en el siglo XX por la Corte Suprema se menciona la descripción de Thomas Jefferson de la Primera Enmienda como creadora de “un muro de separación entre la Iglesia y el Estado”. El tribunal aplicó la prohibición de la Primera Enmienda de cualquier “establecimiento” de una iglesia a los estados además de al gobierno federal, citando la prohibición de la 14ta Enmienda de que los estados nieguen los derechos de los ciudadanos.

Desde entonces, los tribunales han lidiado con la forma de equilibrar la libertad de religión y la libertad frente a una religión patrocinada por el gobierno.

Patrick ha defendido la oración y la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas públicas.

“No tengo ninguna mala intención hacia nadie que no crea en ningún tipo de fe”, les dijo Patrick a sus colegas comisionados. “Está bien. De eso se trata Estados Unidos. Pero ¿estas organizaciones que son impulsadas por alguna ideología y empujadas por la cuenta bancaria de alguien que quiere sacar a Dios de nuestro país? Tenemos que responder”.

En otros temas, varios comisionados pidieron exigir que escuelas y lugares de trabajo coloquen avisos sobre los derechos de expresión religiosa y las exenciones.

Algunos solicitaron restablecer el pago completo y los beneficios de pensión para los militares que fueron dados de baja por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19.

El obispo Robert Barron, de la diócesis católica de Winona-Rochester, Minnesota, pidió permitir que grupos religiosos como Catholic Charities reciban dinero federal sin ceder en las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre la familia.

También dijo que los inmigrantes católicos detenidos deberían recibir un trato humano y acceso a los sacramentos, y que los agentes de inmigración no deberían interrumpir los servicios de culto en acciones de aplicación de la ley. El gobierno eliminó el año pasado una política que desaconsejaba la aplicación de leyes migratorias en santuarios, algo que otros líderes religiosos dijeron que no debería ocurrir en ningún momento.

Kelly Shackelford, presidente y director ejecutivo de la organización legal First Liberty Institute, pidió nuevos requisitos para que los gobiernos paguen todas las facturas legales si pierden un caso de libertad religiosa. Dijo que muchas personas no tienen dinero para impugnar al gobierno en los tribunales.

“Eso sería un enorme cambio de poder a favor de los ciudadanos”, manifestó..