El Departamento de Justicia (DJ) recibió ayer copia de la declaración jurada de la querellante de hostigamiento sexual contra el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, dos resoluciones emitidas y el informe rendido por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), indicó la presidenta de ese organismo investigativo, Nydia Cotto Vives.

“Entregamos los documentos y se le dice a Justicia que la señora (querellante) solicitó que estos documentos fuesen confidenciales. Por lo tanto, que deben formar parte del sumario fiscal, que sabemos es confidencial”, puntualizó la funcionaria.

Con dichos documentos, el DJ comenzó anoche mismo a hacer las gestiones para citar a la querellante, que ya advirtió en una solicitud de desistimiento irrevocable ante la OPFEI que no estará disponible para testificar ante ningún foro. Sin embargo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, aclaró que esta realidad no le impide actuar, aunque reconoció que no puede obligar a la querellante a testificar.

“El DJ tiene la autoridad en ley para poder investigar cualquier situación en la que ocurra la comisión de delito. No la puedo obligar (a testificar). Pero en este caso en particular, creo que es importante que esa perjudicada, una vez venga al departamento, tenga la oportunidad de saber cuáles son sus derechos porque nosotros la vamos a representar a ella, la vamos a ayudar”, apuntó.

Recalcó que la declaración jurada es “fundamental” porque “narra los elementos de los que fue víctima” la querellante.

De no obtener testimonio de la querellante, Vázquez reconoció que la investigación es “cuesta arriba”. Agregó que investigaría si su indisponibilidad obedece a presión o coacción. Asimismo, aseguró que buscarían otros potenciales testigos.

Estas acciones de Justicia se unen al proceso político que ayer comenzó a tomar forma tras la directriz del presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló al secretario de la colectividad, Rafael “June” Rivera, para que comenzara el proceso para sacar a O’Neill de la presidencia del comité municipal en Guaynabo.

Esta petición va atada al reclamo que hiciera previamente el gobernador para que el alcalde renunciara a su cargo, lo que O’Neill no hizo.

Y ayer optó por ceder “temporeramente” la presidencia municipal del PNP. Lo hizo mediante una carta que, al cierre de esta edición, aún no había llegado a las manos del presidente de la Palma. La misiva dirigida al presidente del PNP, de la que este diario obtuvo copia, es una escueta y con un estilo o lenguaje desafiante.

“Le informo que estoy poniendo a su disposición y del partido la presidencia del referido comité temporeramente, hasta que concluya la investigación ordenada. Concluida la pesquisa de manera satisfactoria para mí,me reincorporaré a la presidencia del comité en pleno ejercicio de mis funciones”, lee la carta de una página con copia al secretario general del PNP.

Rivera dijo que ya comenzó con la redacción del documento que hoy circulará al Directorio del PNP para dar paso a relevar totalmente a O’Neill de la presidencia del comité municipal.

Posterior a la carta dirigida a Rosselló, O’Neill emitió otras declaraciones escritas en las que reiteraba que que la denuncia por hostigamiento sexual que transó es un asunto privado.

Con ello, cerró la puerta a una petición del legislador municipal popular, Héctor M. Landrau Clemente, para que la Legislatura Municipal de Guaynabo investigara la denuncia y/o aparente uso de fondos públicos para el pago hecho por O’Neill.

“Les recuerdo a mis compañeros legisladores municipales que se trata de un asunto personal que he manejado con mis abogados, con mi familia y con los recursos propios pertinentes. En nada se ha involucrado el municipio ni su patrimonio”, dijo el alcalde en una carta enviada a Javier Capestany, presidente de la Legislatura Municipal.

Precisamente, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, cuestionó ayer en conferencia de prensa de dónde habría salido el dinero con el que O’Neill transó la denuncia en su contra.

La OEG verifica las finanzas del alcalde para saber si sus activos podían satisfacer el pago de la denuncia transada que, según ha trascendido, fue de $350,000 para la querellante y $150,000 para su compañero. Espera por un informe financiero que O’Neill debe enviar -de forma electrónica- antes del próximo 1 de mayo para proceder con una auditoría forense. Aseguró que los hallazgos serán remitirá a la OPFEI.

La reportera Marga Parés colaboró en esta historia.