La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) escudriña los informes financieros del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill para determinar si sus ingresos y activos cuadran con el desembolso que hizo de su propio pecunio para el pago de la denuncia transada por supuesto hostigamiento sexual.

De no cuadrar o haber incongruencias, el alcalde pudiese afrontar una imputación por violentar la Ley de Ética, lo que desembocaría en la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) con una posible destitución del cargo.

Esto supone un escenario distinto para el alcalde guaynabeño, con 24 años en la alcaldía, quien inicialmente enfrentó una querella administrativa ante la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario de la OPFEI por alegado hostigamiento sexual. La denuncia pudo haber culminado con la destitución de O’Neill, pero la querellante pidió no seguir adelante con la imputación, cerrar el caso sin que se le cite para testificar en lo sucesivo y convirtiendo el expediente en uno confidencial, explicó la presidenta de la OPFEI, Nydia Cotto Vives. “Que se entienda que esto es cosa juzgada, así expresamente lo dice, presentado por abogados”, dijo Cotto Vives.

Ahora, de la OEG encontrar una discrepancia en los informes a tono con el caso transado, habría una violación ética que el alcalde deberá explicar. Se trabajaría bajo el otro brazo de la OPFEI, el criminal, precisó Cotto Vives.

“De haberse procesado con la queja inicial sería por negligencia o por conducta inmoral que incida en las labores municipales. Si fuera a través de la Ley de Ética, hablando en el plano especulativo, viene a nosotros porque ocultó información en la planilla de ética o por distintos incisos violentados desde la Ley de Ética, que las planillas de ética no se ajustaron a sus ingresos”, explicó la funcionaria recordando que los delitos éticos no prescriben.

Mientras la directora de la OEG, Zulma Rosario, destacó que poseen todos los informes financieros de los funcionarios y tan reciente como la semana pasada recibió la certificación del Municipio de Guaynabo de que no pagaron la transacción de O’Neill. Así lo manifestó ayer el alcalde en una escueta conferencia de prensa en la que leyó unas declaraciones escritas y no contestó preguntas de la prensa.

“Nosotros estamos auditando todo el tiempo los informes financieros y los volvemos a auditar cuando recibimos información que nos pone en alerta de que hay algún tipo de situación financiera que tenemos que mirar con lupa. Se llama auditoría forense”, precisó.

“Las auditorías las hacemos todo el tiempo. Eso se llama ‘standard operation procedure’. Recuerdas el caso del (exrepresentante) Iván Rodríguez Traverso, (convicto por corrupción, incluyendo violentar la Ley de Ética). Había asuntos que no cuadraban y los hallazgos fueron directos al FEI. Vamos derechito al FEI sin intermediarios. Podemos ir directamente al FEI o a los federales”, agregó sin querer entrar directamente a hablar del caso de O’ Neill porque “no puedo afectar investigaciones”.

¿Pudiese llegar la OEG a obtener información que es confidencial? Es decir, ¿cuántas garras tienen?, cuestionó El Nuevo Día.

“Nuestra ley es bien completa, súper completa y no necesitamos intermediarios. Cuando necesitamos alguna información que no tenemos o que no esté inmediatamente accesible, pues vamos a los tribunales en auxilio de jurisdicción. Tendríamos posibilidades. Yo no cierro puertas”, contestó la funcionaria que hoy ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. para hablar del caso de O’Neill tras las expresiones que este hiciera y la cadena de eventos que se suscitaran ayer.

Tras la conferencia de prensa del alcalde, bastaron unos 15 minutos para que el gobernador Ricardo Rosselló le exigiera la renuncia a O’Neill. Posteriormente, ordenó a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, que comenzara la pesquisa contra el alcalde.

En cuestión de horas, la secretaria envió un comunicado diciendo que desde el viernes pasado, cuando se supo que había una querella administrativa en la OPFEI contra O’Neill, solicitó una pesquisa. “Para determinar si de los hechos que dieron origen a la referida querella, se desprende conducta criminal. A tales fines, el Departamento de Justicia remitirá un requerimiento de información oficial a la OPFEI”, dijo Vázquez.

Rosselló -como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP)- también solicitó al secretario general de la colectividad, Rafael “June” Rivera Ortega, que “inmediatamente”, comenzara “todos los procedimientos reglamentarios, para relevar a O’Neill, de todas las posiciones dentro de PNP”.

Las incongruencias

Así las cosas, la posibilidad de que O’Neill enfrente una querella criminal y no administrativa, ante la OPFEI es real. La controversia por supuesto acoso sexual contra una mujer policía de Guaynabo y su transacción por $300,000 para la fémina y $150,000 para su compañero consensual, según trascendió, será el punto de partida. Pero ahora, la OEG debe determinar si, a base de lo que informó O’Neill en sus informes financieros, podía desembolsar esa cantidad de dinero.

“Los informes financieros se rinden bajo juramento”, recordó la directora de la OEG, quien rechazó que haya actuado motivada por las acciones del gobernador.

“Yo soy completamente autónoma del gobernador. Y la gente quiere que uno lidie los asuntos en la prensa y las redes”, apuntó.

El caso más reciente que reveló incongruencias en los informes financieros fue el del convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández. El hombre resultó convicto de corrupción a nivel federal y estatal.

El Nuevo Día posee los estados financieros de O’Neill presentados ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el 2012 y el 2016.

Rosario indicó que la OEG posee los informes financieros de los servidores públicos. “Que no es lo mismo que un estadofinanciero. El nuestro es más detallado. Tiene números de cuentas bancarias, bancos, todos los seguros sociales de todos los familiares, propiedades muebles e inmuebles, joyas... todo lo que tienen. Es un informe súper detallado”, precisó Rosario.

Los estados financieros de O’Neill sometidos a la CEE indican que en el 2012 tenía un capital neto de $927,309. En 2016, su capital neto se redujo en $187,783, y totalizó $739,526. El cambio, en esencia, es producto de la depreciación de la residencia principal del alcalde, valorada en $373,000 el año pasado y de la presumible venta de uno de sus vehículos.

Producto de la transacción a raíz de la denuncia por hostigamiento sexual, se dice que O’Neill debió pagar $450,000. Esa cifra el alcalde no la tiene disponible en efectivo. O’Neill, quien no tiene salario como alcalde sino que recibe su pensión, tiene disponible $18,978 en efectivo, según los estados del 2016. Mientras que en ahorros tiene $87,065.

Para poder satisfacer la transacción de la denuncia, O’Neill tendría que haber tenido a su disposición otros recursos económicos.

El análisis de los ingresos, las cuentas bancarias de O’Neill y sus activos serán los que estén bajo la lupa de la OEG, que pudiese hacer cualquier referido a la OPFEI.

La presidenta de la OPFEI precisó que la ley orgánica de esa agencia establece que solo pueden atender un caso -por vía criminal- referido por Justicia, la OEG, el contralor o alguna agencia investigativa federal.

“Nosotros no podemos originar investigaciones criminales”, destacó.

Dijo que si hubiese una acusación relacionada con la denuncia por hostigamiento sexual, necesitaría el testimonio de la querellante que, ya estableció que no estaría disponible. Si es por otro asunto, como problemas con los informes financieros, no necesitan del testimonio de la querellante, aclaró Cotto Vives.