La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) determinó el martes que los bonos que otorgó la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) Jessika Padilla Rivera a algunos empleados exentos del ente electoral –incluida ella– no cumplieron con leyes vigentes ni con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ni de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Al mismo tiempo, la entidad señaló aparentes irregularidades en el trámite mediante el cual Padilla Rivera, quien regresó a su puesto como jueza en el Tribunal de Arecibo, se adjudicó una bonificación de $9,304.20.

Los hallazgos fueron referidos a agencias fiscalizadoras –como la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia– para que evalúen su contenido y tomen acción, si es necesario. Todavía falta la conclusión de la Oficina del Contralor, que también investiga el asunto.

“El Área de Querellas e Investigaciones de la OIG detalló que el desembolso de $174,105.20, dirigido a 65 empleados exentos, incumplió con el marco legal vigente y no contaba con la aprobación expresa de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de Puerto Rico (JSAF), ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, indica el informe de la OIG, divulgado este martes tras una pesquisa que comenzó luego que El Nuevo Día revelara el proceder de Padilla Rivera.

“Los desembolsos realizados pudieron estar en contravención de lo dispuesto en la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, la cual prohíbe la concesión de bonificaciones adicionales a empleados públicos, excepto el bono de Navidad, y establece que cualquier incentivo de esta índole requiere aprobación expresa de la JSAF, la cual no fue obtenida”, agrega el informe.

Los 65 empleados exentos de la CEE, que son aquellos que no cuentan con pago de horas extras, recibieron el llamado “pago único no recurrente” el 15 de abril, “fundamentado en los estándares de productividad, eficiencia y servicios extraordinarios prestados por dicho personal durante los meses de septiembre a diciembre de 2025″, resume el reporte de la OIG a base de la información recopilada.

“Sin embargo, no se identificaron en la documentación evaluada por la OIG criterios objetivos ni documentados, para la otorgación de la bonificación. Al mismo tiempo, se documentaron posibles cambios en las hojas de asistencia para justificar el desembolso de una bonificación a favor de la expresidenta de la CEE, quien al mismo tiempo fue la encargada de autorizar y distribuir el pago único”, lee el informe.

“Se encontró que pudo haber una posible modificación de las hojas de asistencia para justificar un desembolso a la entonces presidenta de la CEE, que ascendió a $9,304.20”, destacó la publicación.

El informe destaca que, de acuerdo con el Plan Fiscal Certificado y la Reforma del Servicio Público, las entidades gubernamentales deben adoptar guías de administración salarial que reflejen la metodología de compensación establecida en ese proceso y establezcan los parámetros para las decisiones salariales de empleados públicos.

La OIG indicó que esas guías deben ser sometidas a la JSF para su revisión y aprobación antes de su adopción y publicación, según la Política de Revisión de Reglamentos, Normas y Órdenes de la JSF, establecida conforme a la Sección 204(b)(4) de la Ley PROMESA.

“Cualquier ‘pago único no recurrente’ contemplado en dichas guías debe ser consistente con el Plan Fiscal y la Reforma del Servicio Público, que disponen que la compensación variable e incentivos no recurrentes solo deben usarse para reconocer a empleados que se destaquen, demuestren compromiso con cerrar brechas de destrezas o contribuyan a metas institucionales”, apunta la publicación.

La OIG recomendó al presidente actual de la CEE, Jorge Rivera Rueda, la revisión y actualización inmediata del marco normativo interno, incluyendo el Reglamento de Personal de Carrera y Confianza, el Reglamento de Retribución Uniforme y cualquier otra normativa que contenga disposiciones sobre bonificaciones, a fin de garantizar su alineación con la Ley 26-2017 y la normativa fiscal vigente.

A petición de este medio, Rivera Rueda dijo por escrito que su administración ha colaborado con las entidades investigadoras y ha comenzado a implementar las recomendaciones de la OIG. “Las medidas correctivas, según recomendadas en el informe, ya se están atendiendo”, subrayó.

La OIG le requirió, además, a la CEE establecer controles para evaluar y autorizar cualquier incentivo económico, asegurando que las decisiones estén basadas en criterios objetivos, documentados y validados por las oficinas correspondientes. Además, recomendó realizar adiestramientos sobre sana administración para todo el personal gerencial y de confianza.