Los ojos del país están sobre la Comisión Estatal de Elecciones ante las denuncias de irregularidades en el proceso de votación durante las elecciones del 3 de noviembre. ([email protected])

La controversia con relación al inicio del escrutinio general correspondiente a los Precintos 1 al 110 pasará a manos del Tribunal Supremo, luego de que este foro acogiera esta noche un recurso del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que se le ordene a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a reanudar el proceso.

El abogado Francisco González Magaz indicó que el recurso ante el Supremo se presentó electrónicamente.

“Por motivo del plan de reducción de gastos de la Rama Judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había decretado un cierre total durante el día de hoy. En consecuencia, la parte peticionaria presentó electrónicamente en SUMAC un Recurso de certificación intrajurisdiccional y una Moción urgente en auxilio de jurisdicción en este asunto de alto interés público, por lo que tomamos conocimiento judicial de las mismas”, indica la resolución.

El tribunal concedió a las partes hasta las 11:00 a.m. del domingo, 22 de noviembre, para expresar su posición respecto al recurso.

Mientras, el reinicio del escrutinio correspondiente a los Precintos 1 al 110 permanece detenido tras arrancar por breves minutos el miércoles. La presidenta alterna de la CEE, Jéssika Padilla Rivera, no quiso opinar sobre las estrategias legales de los partidos, pero dijo que se había llegado a un acuerdo para que se pudiera cumplir con la sentencia de la jueza Rebecca de León Ortiz, quien ordenó a la CEE a entregar a los comisionados electorales las listas de los electores que ejercieron el sufragio mediante voto adelantado.

La orden judicial surgió tras un pleito presentado por el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín. El funcionario presentó el borrador del acuerdo a través de la Secretaría de la CEE y, en esencia, consistía en iniciar por el Precinto 1 de San Juan y continuar en la medida en que se imprimieran las listas de electores.

“Está detenido hasta tanto y en cuanto, según la orden del Tribunal, no se reproduzcan las listas (de electores). Se comenzaron a reproducir el jueves, pero son una gran cantidad. De Precinto, hay 631 listas para reproducir, por seis”, dijo Padilla Rivera a la prensa. Parte del acuerdo propuesto, pero no firmado, disponía que solo se produjera una copia.

Preguntada sobre cuándo podría reiniciar el escrutinio general correspondiente a los Precintos 1 al 110, Padilla Rivera no contestó, pero dijo que el colegio que recoge el voto por adelantado del Precinto 1 sí sería contabilizado. Más tarde en el día, Valentín dijo que retiraba su consentimiento a iniciar el conteo de voto adelantado por precinto.

Luego de que en la mañana de hoy cuatro comisionados electorales afirmaran que existía un acuerdo para reiniciar el escrutinio general, la ausencia del borrador que lo recogía, según los comisionados del PNP y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, impidió que se pusiera por escrito el acuerdo.

Valentín, sin embargo, dijo a El Nuevo Día que presentó el borrador a la 1:30 p.m. También, acusó a Padilla Rivera de desacatar la orden del Tribunal, y dijo que ella, primero, le comunicó que las listas de electores del Precinto 1 estaban listas para luego detener el proceso debido a los recurso legales presentados por el PNP.

Los abogados de Sánchez presentaron una moción de reconsideración en el Tribunal de San Juan y una moción en auxilio de jurisdicción al Supremo solicitando al alto foto que ordene el reinicio del escrutinio general y que se deje efecto la sentencia de la jueza.

Además, solicitaron ante el Tribunal de San Juan que no se entreguen las listas de electores y que se precise en la sentencia que “el escrutinio general no puede ser paralizado, retrasado, obstaculizado o de manera alguna afectado por la misma”.

“Entendemos que no procede entregar copias de las listas de votación... debido a que en estas se encuentra la foto, firma e información privada de cada elector y electora en Puerto Rico”, reza el documento firmado por los abogados Carlos Rivera Justiniano y González Magaz.

Que se ordene el inicio del escrutinio y se continúe con el conteo de los votos

Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del PNP

Los letrados señalaron que el efecto de la orden de la jueza ha sido detener el escrutinio, y resaltaron que se debe dictar una orden protectora para que todas las listas que se divulguen, “si es que se necesitan divulgar”, se usen exclusivamente para el proceso de adjudicación de los votos. Además, que se prohíba que las listas puedan ser sacadas (física ni digitalmente) del lugar en el que sean adjudicadas y que cuando el proceso finalice sean decomisadas.

“Que se ordene el inicio del escrutinio y se continúe con el conteo de los votos”, dijo Sánchez al explicar el objetivo de los recursos legales.

González Magaz, asesor legal de Sánchez, explicó que se presentó la moción de reconsideración para dejar en récord las objeciones a la decisión de De León Ortiz, y la solicitud de certificación en el Tribunal Supremo para que el alto foro se apodere del caso sin tener que esperar por el trámite ordinario.