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El Tribunal de Apelaciones movió para el 24 de abril la vista oral que estaba citada para mañana, miércoles, sobre la apelación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a la determinación judicial que descalificó a cinco de sus candidaturas nacionales para las elecciones del 5 de noviembre.

Según la resolución, emitida el 11 de abril, el cambio de fecha responde a que el Apelativo le concedió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) un nuevo término –hasta el 18 de abril– para que presente su escrito como “amigo del Tribunal”.

El 3 de abril, el panel de jueces del foro intermedio designó a la CEE como amigo de la corte. Según Manuel Natal Albelo, coordinador general del MVC, el organismo electoral –y las demás partes en el pleito– tenía hasta el miércoles pasado, a mediodía, para contestar la apelación, un término con el cual, según el político, la dependencia incumplió.

Natal Albelo opinó que la CEE está buscando “arrastrar los pies y, en algunos casos, incluyendo evitar a toda costa su responsabilidad de tener que comparecer”.

“Nos levanta una bandera enorme que la Comisión Estatal de Elecciones, que es la que está mandatada en ley para implementar y para interpretar el Código Electoral, que según consta de las determinaciones de hecho del juez (Anthony) Cuevas, en efecto, la Comisión, en su interpretación del Código, le representó en todo momento al Movimiento Victoria Ciudadana y a sus candidaturas que no tenían que recoger endosos, que ahora busque pasar con ficha”, dijo vía telefónica a El Nuevo Día.

“Nos parece escandaloso que la presidenta (alterna) de la Comisión (Jessika Padilla Rivera), al día de hoy, no se ha expresado de forma clara y contundente en defensa de las acciones que tomó”, añadió.

En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) sometió el martes su alegato como amigo de la corte, cinco días después de haber presentado una solicitud de intervención en el pleito.

En el documento de 33 páginas, la ACLU plantea que el Apelativo “debe revocar la sentencia del TPI (Tribunal de Primera Instancia) haciendo uso de las reglas de hermenéutica y en el ejercicio de su poder de revisión judicial reconocer la diferencia que merece la CEE al expresar y certificar que ninguno de los candidatos descalificados tenía que someter endosos como requisito de sus candidaturas bajo el método alterno seleccionado de conformidad con el Código Electoral de 2020″.

De acuerdo con la ACLU, “sería un fracaso de la justicia descalificar a los querellados”.

“También el tribunal siempre puede extender los términos para que los candidatos afectados, con el aval de este Tribunal, se den a la tarea de conseguir los endosos para así salvaguardar el derecho al voto del electorado y el derecho a asociarse libremente de los candidatos. De esta forma, el tribunal puede y debe hacer uso de sus poderes de equidad para evitar una patente injusticia que, de no corregirse, atenta con impugnar la legitimidad del sistema democrático de Puerto Rico”, reza el documento.

Por otro lado, un grupo de personalidades interpuso un recurso ante el Apelativo para unirse como amigos de la corte en el pleito. Entre las figuras, destacan el productor Pedro Muñiz, la actriz y activista Flor Joglar de Gracia, la comunicadora y creadora de contenido Aliana Bigio, la licenciada y exfiscal Sonia Palacios, y la actriz y activista de derechos civiles Ineabelle Colón Rivera.

En el escrito, plantean que el TPI “ha infringido gravemente sus derechos constitucionales al tomar una decisión que no solo resultó en la descalificación de las candidaturas del MVC, sino que también les negó a los constituyentes su derecho al voto y a la libre asociación”.

El 21 de marzo, el juez superior Cuevas descalificó a un candidato de Proyecto Dignidad –Stephen Gil Álamo– y a cinco del MVC –Ana Irma Rivera Lassén, Mariana Nogales Molinelli, Myrna Conty Hernández, Alejandro Santiago Calderón y Rafael Bernabe Riefkohl–, porque no recogieron endosos, aunque enfrentarían contiendas internas de cara a las elecciones generales de noviembre.

Cinco días antes de la sentencia, el MVC había escogido a sus candidatos nacionales, a través del método alterno, en una asamblea celebrada en Morovis.