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Convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, acude al Tribunal Supremo de Estados Unidos

Pidió que revise su caso tras no poder revertir su condena en el Tribunal de Distrito en San Juan ni en el Primer Circuito de Boston

20 de noviembre de 2026 - 12:00 PM

El licenciado José Olmos (der) presentó el recurso ante el Tribunal Supremo federal en representación del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez (izq). (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise su caso en un nuevo intento por revertir su condena por cargos de corrupción pública.

El licenciado José R. Olmo Rodríguez, en representación de Pérez Otero, sometió el recurso en octubre pasado, pero no se reflejó en el expediente electrónico del caso hasta esta semana.

Tras ser encontrado culpable por un jurado en el Tribunal Federal en San Juan, Pérez Otero fue sentenciado -en febrero de 2024- a cinco años y tres meses de prisión.

Ante el Supremo federal, el abogado de Pérez Otero insistió en varios errores supuestamente cometidos con la acusación del gran jurado, gestionada por la Fiscalía federal y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), así como en decisiones tomadas por el Tribunal de Distrito en San Juan.

El primer planteamiento estuvo dirigido a catalogar el pliego acusatorio como “deficiente”.

“El único testigo ante el gran jurado, el agente del FBI Rodríguez, testificó que (Oscar) Santamaría se ofreció a hacerse cargo de la deuda de campaña del comité electoral del alcalde Pérez y que, en virtud de dicho ofrecimiento, realizó pagos de $5,000 cada cuatro a seis semanas”, indicó la moción.

“Sin embargo, la acusación solo señalaba que Santamaría efectuó pagos al alcalde Pérez, que eran sobornos o fueron producto de extorsión, pero omitió incluir el hecho de que dichos sobornos o pagos extorsiones, se realizaron en calidad de contribuciones para una campaña política. Esa fue la prueba presentada ante el gran jurado y, por tanto, debía quedar reflejada en la acusación”, añadió.

Haciendo referencia a la misma jurisprudencia, el abogado de Pérez argumentó que la acusación no cumplió con el requisito del Supremo demostrando que llevó a cabo una acción oficial como alcalde a cambio de contribuciones a su campaña política.

Reiteró que las donaciones en efectivo que recibía de Santamaría comenzaron como un mecanismo para saldar una deuda de campaña y continuaron tras saldarla. Volvió a reconocer que los pagos en efectivo buscaban evadir específicamente los límites locales para las donaciones, regulados por el Contralor Electoral, mientras que alegó que todos los contratos fueron otorgados legalmente por la Junta de Subastas.

En mociones pasadas, la Fiscalía federal ha mantenido que los pagos que recibió Pérez Otero, cuando fue grabado por el FBI, no eran contribuciones de campaña política, sino que se trataron de sobornos para obtener contratos municipales.

Asimismo, pidió al Supremo federal evaluar si el Tribunal de Distrito en San Juan se equivocó “al instruir al jurado, en el sentido de que el acusado pretendía que los pagos fueran sobornos y extorsiones, y no contribuciones a campañas políticas”.

De igual forma, alegó que el tribunal falló en no investigar adecuadamente los prejuicios de los jurados, luego de que detectaran dos miembros con expresiones relacionadas al caso en las redes sociales.

El expediente del caso en el Supremo de Estados Unidos no indica que ya haya sido asignado para revisión de los jueces.

Sí muestra que D. John Sauer figura como procurador general para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Pérez Otero cumple su sentencia actualmente en una institución penal del Negociado federal de Prisiones en Miami, con fecha de salida para septiembre de 2027.

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