El Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla emitió una orden de “injunction” preliminar a favor de la legisladora municipal de Proyecto Dignidad en Isabela, María Galván Machado, tras determinar que su derecho a ejercer plenamente sus funciones estaba siendo violentado, informó este jueves la colectividad.

Como parte demandada, figuraban Miguel Machado Cruz, presidente de la Legislatura Municipal de Isabela, y Mavelin Méndez Soler, secretaria del cuerpo.

La decisión judicial estableció que el impedimento de la participación de Galván Machado en las comisiones de la Legislatura Municipal constituía “una violación a sus prerrogativas como representante electa de la minoría y, por ende, también afecta el derecho de representación de los ciudadanos que confiaron en su voto”, imponiendo a la parte demandada el cese y desista de cualquier acción que limite las labores de la funcionaria.

“Esta decisión del tribunal reafirma un principio esencial de nuestra democracia: ninguna mayoría puede utilizar el poder para silenciar o excluir a quienes han sido electos por el pueblo”, dijo –en comunicado de prensa– Galván Machado, quien funge como miembro de las comisiones de Auditoría, Hacienda y Gobierno de su municipio, al reaccionar a la determinación.

Por su parte, Nilda Pérez Martínez, presidenta de Proyecto Dignidad, expresó que el caso “demuestra la importancia de defender la institucionalidad democrática y el respeto a la representación de las minorías políticas, pilares fundamentales de un sistema democrático saludable”, al plantear que el partido continuará defendiendo la transparencia, el respeto a la ley y la participación plena de todos los sectores representados en las instituciones públicas.

“En Proyecto Dignidad, creemos firmemente en la fiscalización responsable y en la defensa de los derechos del pueblo. No permitiremos que se utilicen posiciones de poder para atropellar la representación democrática de nuestros ciudadanos”, puntualizó Pérez Martínez.

El tribunal advirtió que el incumplimiento de la orden podría constituir desacato, y señaló que los procedimientos continuarán con una vista para considerar un “injunction” permanente, el 30 de marzo, a las 9:00 a.m.

Este caso surgió después que un candidato de la colectividad, Daniel Díaz Herrera, no pudiera juramentar como legislador municipal por razones médicas y la parte demandada rechazara a Galván Machado para ocupar la vacante, designando en su lugar a un miembro del Partido Popular Democrático.